Política migratoria de Trump sigue vigente; México y EU deportan en vuelos secretos

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Rebasados por la ola de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera que comparten México y Estados Unidos, los gobiernos de estos dos países han implementado una política de deportación masiva utilizando el Título 42, un mecanismo inventado por Donald Trump para negar asilo y expulsar a migrantes so pretexto de la COVID-19.

Desde el pasado 5 de agosto, todos los días salen “vuelos secretos” con alrededor de 200 migrantes cada uno desde McAllen y Brownsville, en el estado de Texas, en EU, con destino a Tapachula y a Villahermosa. Ahí, los migrantes son trasladados a las aduanas de El Ceibo y Talismán, en Chiapas, para expulsarlos de manera exprés, nos dijeron fuentes de Migración que pidieron el anonimato.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano detectó dos de estos vuelos el 9 y 10 de agosto.

Según testigos, el primero llegó a Tapachula proveniente de McAllen. Tras aterrizar en el aeropuerto, mujeres y familias con niños y niñas abordaron cuatro vehículos del Instituto Nacional de Migración.

Custodiados por la Guardia Nacional, las autoridades migratorias de México llevaron a los migrantes hacia el puerto fronterizo de Talismán, a unos 100 metros del río Suchiate, donde los abandonaron. 

De acuerdo con el colectivo, no hay claridad sobre el proceso administrativo realizado para expulsar a los migrantes. Un día después, además del vuelo proveniente de Texas, llegó otro vuelo nacional que transportaba a migrantes detenidos en el centro y norte de México.

“De los testimonios recabados, a estas personas detenidas en el país el Instituto Nacional de Migración les negó explícitamente, incluso con insultos, la posibilidad de solicitar asilo en México”, informó el colectivo.

Sobre estos vuelos, la agencia de noticias Reuters reportó que en mayo pasado México implementó lo que llamó un “puente aéreo” con cuatro vuelos que transportaron a un número de migrantes desconocido con el objetivo de expulsarlos del país.

“México ha enviado a unas 13,000 personas desde ciudades del norte hacia su frontera sur en unos 100 vuelos, complementando los esfuerzos de Estados Unidos para trasladar a migrantes de vuelta a Centroamérica. Unas 1,200 personas volaron hacia el sur solo la semana pasada (del 9 al 13 de agosto)”, reportó.

A estos vuelos se suman otros que salen de Brownsville con destino al aeropuerto de Villahermosa, donde las autoridades mexicanas repiten el modus operandi para trasladar a los migrantes a la aduana de El Ceibo, en Chiapas, para sacarlos del país.

“Estas expulsiones desde Estados Unidos y traslados para deportación desde otros estados mexicanos a la frontera sur de México, coordinados por ambos gobiernos, están vinculadas a la situación que se vive en la frontera norte, en donde desde hace 17 meses hay un cierre para los cruces considerados no esenciales. Entre ellos se incluyó a las personas que buscan solicitar asilo en el vecino país”, alertó el colectivo. 

“Las expulsiones de esta naturaleza ponen en un riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo”. Cuestione buscó a autoridades del Instituto Nacional de Migración para conocer su postura oficial, sin embargo no hubo respuesta. 

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Vecinos desesperados

EU también ha recurrido a vuelos para desahogar sus estaciones de vigilancia fronteriza y expulsar a los migrantes. 

Conocidos como “vuelos laterales”, consisten en trasladar a migrantes de un estado a otro para así liberar la carga de trabajo y agilizar las deportaciones. Esta práctica ha sido condenada por organizaciones civiles, pues puede separar a familias. 

El 15 de agosto pasado, el diario Los Angeles Times publicó que vuelos provenientes de Brownsville, donde se ubica el saturado sector migratorio de Rio Grande Valley, aterrizaron en el aeropuerto de San Diego.

Al igual que en México, los migrantes fueron trasladados a una estación migratoria para después expulsarlos a Tijuana, una ciudad que la mayoría desconoce.

“Los vuelos a San Diego permiten a los funcionarios de Estados Unidos expulsar a las familias que el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Texas, no aceptará, pero sí Baja California”, señaló el LA Times.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU reportó en julio pasado un récord histórico: 212,672 migrantes que ingresaron de manera ilegal fueron detenidos. De estos, 80,306 estuvieron asignados al sector de Rio Grande Valley, el que más aprehensiones tuvo en el mes. 

Desde principios de agosto, la administración de Joe Biden comenzó a enviar a familias centroamericanas y mexicanas a Chiapas y a Tabasco para disuadir la migración, reanudando una práctica común durante la gestión de su predecesor Donald Trump.

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Denuncian ACNUR y CNDH deportaciones masivas

De un día para otro el número de migrantes que llegaron al albergue San Juan Bosco, de Nogales, se disparó.

Los migrantes no provenían del interior de México. Todos habían sido deportados desde EU bajo el Título 42, un candado migratorio de Donald Trump que entró en vigor el 21 de marzo de 2020.

La medida argumenta que EU se encuentra en una emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está facultada para prohibir el ingreso a personas que potencialmente puedan ser portadoras del virus, por lo que no podrán permanecer en refugios mientras se les procesa. En lugar de eso procede la expulsión inmediata. Es decir, usando la pandemia como pretexto, EU canceló su política de asilo, al menos para los migrantes provenientes de México y Canadá. 

Bajo el Título 42, en julio pasado 95,788 migrantes fueron deportados desde EU, informó la Oficina de Aduanas de ese país. La Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) condenó esta política, al argumentar que la protección de la salud pública y la garantía de acceso al asilo son compatibles.

En mayo pasado el Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, exhortó a EU a acabar con esta medida.

“Desde el inicio de la pandemia, la ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha reiterado que la tutela de la salud pública y la protección del acceso al asilo, un derecho humano fundamental, son plenamente compatibles”, señaló.

La ACNUR alertó que como consecuencia de esta política cientos de miles de migrantes han sido devueltos a México y a sus países de origen, lo que además de contravenir  la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el derecho al asilo, ha provocado una crisis humanitaria en el norte de México

La CNDH advierte la misma situación. Tras conocer el caso del albergue San Juan Bosco, el organismo abrió una investigación de oficio para verificar que las autoridades migratorias, estatales y municipales respeten los derechos humanos de los migrantes. 

En un comunicado destacó que no hay ningún control sanitario ni migratorio en el arribo de migrantes provenientes de EU.

“Los pasados días 29 de julio, 2 y 6 de agosto de este año, luego que personal de la CNDH realizara una serie de visitas a dicho albergue, en las que se observó un creciente flujo de personas en contexto de migración provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que arriban a ese recinto debido a las deportaciones masivas que el gobierno de Estados Unidos efectúa con base a lo establecido en el Titulo 42, como una política de salud pública de ese país”, señaló.

Sin embargo, la política continúa, a pesar de que Joe Biden prometió una reforma migratoria y acabar con las medidas de su predecesor.

En un comunicado, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés) señaló que la medida continuará hasta que la propagación de COVID-19 por parte de los extranjeros deje de ser grave.

El CDC revisará a finales de septiembre si continúa o no el Título 42. 

Abandonados y a la deriva

A Antonio, un migrante hondureño de 26 años, lo detuvieron en Monterrey, cuando junto con su familia intentaba llegar a EU.

De acuerdo con el testimonio que dio a Reuters, las autoridades mexicanas lo obligaron a él y a su hijo a abordar un avión que unas horas más tarde estaba en el sur del país. 

Antonio intentó solicitar asilo en México, sin embargo le fue negado ese derecho y fue abandonado en medio de la noche, con la instrucción de salir del país.

“No tengo ni un peso”, dijo llorando al corresponsal de Reuters en un pueblito guatemalteco. “Y mi hijo no ha comido desde ayer”.

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