“Es preocupante que entre políticos y servidores públicos se estén ‘exhibiendo conversaciones privadas’ sin dar a conocer con certeza “el origen de esas grabaciones”, por lo que “nos hace pensar en una violación flagrante a la Constitución”, nos dice el investigador de la Universidad Iberoamericana, Diego García Ricci.
Para el también especialista en privacidad y protección de datos personales por la Universidad de Toronto, es alarmante que esto lo “estén ejerciendo personas que deben de estar encargadas de velar por el respeto del Estado de derecho” y en casos como el del líder priista Alejandro Moreno, sobre la exhibición de presuntos audios por parte de la gobernadora de Campeche Layda Sansores no se cumple.
Desde el pasado 3 de mayo, en su programa Martes del Jaguar, Layda Sansores ha difundido una serie de audios presuntamente de Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que el priista presentó un amparo para detener la exhibición del material.
“Tras nueve programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón”, señaló Moreno Cárdenas sobre los audios. Y aunque el pasado 19 de julio Sansores presentó un audio más, el miércoles por la tarde tuvo que bajar de sus redes sociales todo el material que ha presentado del líder priista.
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¿Debería de preocuparnos este modus operandi?
“Nosotros somos los principales preocupados porque si lo están haciendo contra estas personas, lo pueden hacer contra cualquier ciudadano”, consideró Diego García Ricci.
La académica de la Universidad Iberoamericana y experta en Sistema Político y Género, Ivonne Acuña Murillo nos dijo que existe preocupación a ser espiados desde el escándalo del llamado Gobierno Espía, que evidenció cómo la administración de Enrique Peña Nieto usó el software Pegasus para intervenir de “manera ilegal” los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
“Desde Pegasus yo sí vivo con esa inquietud”, nos explica Acuña Murillo. “Cuando hablo por teléfono siempre me pregunto quién está oyendo. Sí deberíamos como ciudadanía pensar en eso”.
Sobre el caso Pegasus en noviembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Juan Carlos García Rivera, un exempleado señalado por un testigo protegido identificado como Zeus.
A García Rivera se le señala por el envío de mensajes infectados con Pegasus, operar el programa desde las oficinas de Ansbacher en la calle Ejército Nacional y haber vendido el programa a la Sedena, publicó el semanario Proceso.
Aunque la académica Acuña Murillo reconoce que no se puede saber en el tema de las escuchas ilegales “qué tanto permee hacia abajo, qué tanto la gente está enterada de que eso puede ocurrir y qué le puede ocurrir a cualquiera”.
Del caso concreto del líder priista, la académica de la Universidad Iberoamericana dice: “debería de preocuparse más; todavía no entiendo, quién lo está grabando y quién filtra esos audios, porque inclusive hay material de hace dos semanas, cuando él ya sabía que lo estaban grabando. No entiendo cuál es el juego”.
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Audios ilegales violan la Constitución
Alejandro Moreno Cárdenas solicitó un amparo por la violación a sus derechos. El artículo 16 de la Constitución, menciona que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, nos señaló el director de la revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana Diego García Ricci.
Aun con el amparo conseguido, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores difundió otro audio el 19 de julio, argumentando que la notificación le llegó después.
Para García Ricci, “el caso es muy delicado porque estamos viendo al fiscal de Campeche, Renato Sales, en esta exhibición pública que está llevando la gobernadora”..
¿Existen vías legales para poder hacer frente a las escuchas ilegales?
Para el profesor de la Universidad Iberoamericana, ante un caso como el que vimos del líder priista, “se tiene que hacer una denuncia penal” que fue lo que hizo Moreno al interponer un juicio de amparo porque se está violando la privacidad de las comunicaciones. “Ahí las reglas son muy claras, solo ciertos jueces federales pueden ordenar la intervención de comunicaciones y siempre tiene que estar en el marco de un proceso penal”, dice.
“A nosotros no nos queda claro cómo se obtuvieron estas escuchas, eso nos hace presumir la ilegalidad, por lo tanto se está violando el orden constitucional, el orden legal y procederían denuncias penales”, señaló García Ricci.
Incluso nos explicó que si los audios fueran parte de alguna carpeta de investigación y que después de un proceso se llegaran a filtrar, entonces no habría problema, pero en este caso no lo es.
En el artículo 177 del Código Penal Federal se indica que por intervenir comunicaciones privadas sin una orden judicial incurre en un delito y podría ser sancionado con “penas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa”.
Además el artículo 211 bis que indica que: a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
¿Deberíamos estar preocupados por que la práctica de exhibir conversaciones privadas llegue a la ciudadanía?
