Salud sexual y reproductiva de las mujeres sufre recorte en el presupuesto de 2023, advierten organizaciones

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Organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos exigieron un aumento presupuestario para la atención de salud sexual y reproductiva de las mujeres y advirtieron que los recortes del presupuesto afectan el abasto de medicamentos, en un contexto de crecimiento en la violencia contra las mujeres.

La parte del programa presupuestario P020 que financia la Salud Materna Sexual y Reproductiva del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 que está dentro del Anexo 13, que promueve la igualdad entre mujeres y hombres, plantea una reducción de sus recursos del 4.2%, con respecto al presupuesto de 2022 que tiene $2,208 millones de pesos; para el 2023 tendría $2,115 millones de pesos.

Además este programa que atiende la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal registra recortes desde el año 2018, lo que significa un retroceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, detalló Janet Oropeza, investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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Fuente: Informes de la Cuenta Pública 2018-2021 y PEF 2018-2021, Fundar

Ejecutivo recortó lo aprobado por el Legislativo de 2018 – 2021

Esto es un problema, nos explicó Janet Oropeza, porque “si de por sí los recursos que el Legislativo asigna son insuficientes, el Ejecutivo recorta en el año fiscal los recursos aprobados por el Legislativo”.  

Por ejemplo, en el año 2021, la Cámara de Diputados destinó $2,298 millones de pesos para el programa presupuestario P020 del PEF, pero el Ejecutivo recortó este monto a $1,532 millones de pesos, es decir, redujo 33% el presupuesto ya aprobado. 

Además, la investigadora nos explicó que en 2021 el presupuesto ejercido fue menor que en los años 2018, 2019 y 2020. “Estos recortes merman las acciones e insumos que pueden invertirse para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por ello, el Legislativo debe de pronunciarse para que estos recortes no sean realizados por el Ejecutivo. Y el poder Ejecutivo debe evitar realizar estos recortes”.

Por esto, las organizaciones Fundar, el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, el Comité Promotor por una Maternidad Segura, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) llamaron a mejorar y fortalecer la implementación de acciones, políticas, programas y servicios para garantizar el derecho a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal de las mujeres en México.

Además de un aumento al presupuesto, la exigencia es que se eviten los recortes y se asegure la rendición de cuentas. Las ONG también demandan mejoras a los servicios de salud sexual y reproductiva y al modelo de atención vigente. 

Los servicios de salud, puntualizan las organizaciones, deben de garantizar los insumos básicos para la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal, “pues ejercicios de contraloría social evidencian problemas de desabasto y falta de acceso a estos en los servicios de salud”.

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Recorte a compra de medicamentos para salud sexual y reproductiva 2017-2020

De acuerdo con un análisis de Fundar titulado Buscando el camino. Presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, ha habido una disminución en los recursos ejercidos para la compra de medicamentos para la política de salud sexual y reproductiva de las mujeres desde el año 2017 hasta 2020.

En 2016, se ejercieron $1,397 millones de pesos. En 2017, 2018 y 2019, el gasto total disminuyó 13.4%, 2.6% y 6% respectivamente, lo que representa regresividad. En 2020, aumentó 8.7% respecto a 2019, pero el presupuesto no volvió a alcanzar los niveles de 2016, revela la investigación de Fundar.

Fuente: Fundar

Fundar apunta que no ha habido una progresividad del gasto para la atención de la salud sexual y reproductiva como marcan los estándares internacionales de derechos humanos. 

La disminución en términos reales de los recursos para medicamentos de salud sexual y reproductiva afecta la cantidad y disponibilidad y también los derechos de las mujeres, subraya Fundar en su investigación.

La organización también resalta que a partir de 2021 hubo una regresión en términos de rendición de cuentas, ya que no les fue proporcionada la información de las compras de medicamentos de salud sexual y reproductiva realizadas por la federación de 2021. Además, constató que la entidad rectora, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), tampoco contaba con dicha información.

En un contexto en que las mujeres siguen enfrentando desafíos para garantizar su salud sexual y reproductiva y mayor violencia sexual es necesario que el Estado mexicano asigne mayores recursos para la compra de medicamentos para la atención de la salud sexual y reproductiva, resaltó Janet Oropeza.

Falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

En México existen aún muchos desafíos que afectan la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, señalan las organizaciones civiles en su posicionamiento

A pesar de que en los últimos años ha habido avances legales e institucionales para “la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo –como la publicación y creación de lineamientos para el aborto seguro y la despenalización del aborto en nueve entidades”.

Pese a estos avances, persisten altos niveles de violencia de género y sexual, además de que los servicios de salud que en muchos casos son inadecuados y ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres.

También es preocupante para las organizaciones que 15,933,811 mujeres no estén afiliadas a ningún servicio de salud y no tengan acceso a la atención de su salud sexual y reproductiva. 

“El 44.4% de las mujeres vivía en pobreza, la cual se agravaba en contextos indígenas y rurales”, según datos del Inmujeres de 2021, destacó Janet Oropeza.

De igual forma, en el país existe además una demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos del 11% de mujeres entre los 15 y 49 años, de acuerdo con el CONAPO e Inegi.  

“Las mujeres que interrumpen su embarazo continúan sufriendo criminalización. Entre 2015 y 2021, 3,719 mujeres fueron acusadas del delito de aborto en México”, advierten las organizaciones.  

Y la razón de muerte materna -refiere a los fallecimientos de mujeres por complicaciones del embarazo, parto o puerperio- por cada 100,000 nacimientos aumentó en 2021 con 46.6 muertes, con respecto a 2020 cuando fue de 39.8 muertes, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna de 2021, la cual se amplía en algunas entidades y regiones y por la condición social o étnica. 

Ante este panorama, persisten desafíos como el desabasto de medicamentos y falta infraestructura y personal para procedimientos obstétricos y de aborto seguro. Persisten desafíos para lograr la garantía del derecho a una salud sexual, reproductiva, materna y neonatal a todas las mujeres y adolescentes en el país, enfatizan.

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Incertidumbre con IMSS-Bienestar 

Janet Oropeza señaló que el gobierno federal informó en marzo de 2022 que la atención para las personas sin seguridad social ya no será por medio del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que será a través del IMSS-Bienestar. Pero no hay información sobre cómo se llevará a cabo esta transición. 

Sin embargo, el presupuesto del IMSS-Bienestar viene a la baja en el PPEF 2023, con un 17% menos que el monto para 2022, al pasar de $24,874 millones de pesos a $20,628 millones de pesos para 2023, detalló.

No hay certidumbre de cómo va a operar, cómo quedarán los derechos de sexuales y reproductivos o si se está asegurado el presupuesto por lo menos en este primer año de funcionamiento del IMSS-Bienestar”, dijo finalmente la investigadora. 

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