Faltan dos años y cuatro meses para que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos análisis muestran que después de la pandemia el porcentaje de las personas en pobreza y pobreza extrema aumentaron durante su gobierno.
El pasado 22 de mayo, el presidente afirmó que “ya estamos cumpliendo el que se atiendan todas las familias” para que reciban un apoyo económico en el país.
“No hay una familia indígena pobre que no reciba cuando menos un apoyo, ya sea una pensión de adulto mayor, una pensión para niñas, niños con discapacidad, una beca o esté en un programa productivo, ya sea que reciba un apoyo para pesca, para producción, lo que era antes el Procampo y ahora es Producción para el Bienestar, el Sembrando Vida”, dijo.
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Durante su conferencia mañanera el mandatario aseguró que “se ayuda a integrantes de las clases medias, porque el programa de adultos mayores, por ejemplo, es para todos, es para ricos y pobres, es universal, son 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión”.
“Entonces, hay muchas personas de las clases medias que reciben estos apoyos y muchos maestros, médicos y enfermeras y servidores públicos. Entonces, llegamos así hasta el 70 por ciento (de los hogares)”, puntualizó el presidente.
El plan del gobierno de López Obrador era recurrir a las transferencias directas de apoyos monetarios para las familias, estudiantes, personas adultas mayores y otros sectores en situación de vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, llegó la pandemia de la COVID-19 que tuvo un impacto económico global. Para enfrentar los retos derivados de esta, el gobierno federal optó por reforzar estos programas sociales. Así, adelantó transferencias de dinero, amplió el presupuesto de algunos de sus programas emblemáticos -como la pensión para personas adultas mayores- y disminuyó el presupuesto en otros.
Carencias sociales
La pobreza multidimensional es cuando una persona tiene al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.
Las carencias sociales se refieren a la falta de acceso a la alimentación, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a una vivienda y a servicios básicos en la vivienda.
En México, la población en situación de pobreza aumentó de 2018 a 2020 de 51.9 millones a 55.7 millones, es decir pasó del 41.9% a 43.9%, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Mientras que la población en situación de pobreza extrema pasó de 7.0% a 8.5%, entre 2018 y 2020. Este cambio representa un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas, 2.1 millones más, indica el Coneval.
Al cierre de 2021, 40.3% de la población estaba en pobreza laboral, es decir, la población que trabaja y aún así tiene ingresos menores al costo de la canasta básica. En el primer trimestre de 2020 la población en pobreza laboral era 35.6% y en el primer trimestre de 2022 es de 38.8%, por lo que los niveles de ingreso todavía son menores a los que había previo al inicio de la pandemia, según el Coneval.
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¿Qué ha fallado?
De acuerdo con el investigador Rodrigo Salazar Elena, coordinador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO-México), los apoyos económicos se han dado sin criterio de focalización en las personas más necesitadas por lo que ha generado “algo inusitado: que los principales beneficiarios de la política de combate a la pobreza del gobierno de López Obrador sea población no pobre”.
Salazar Elena nos explicó que hasta 2018 se debía reunir una serie de requisitos que daban cuenta de una situación de pobreza para que las personas pudieran ser beneficiarias.
Pero con la administración de López Obrador, la política social pasó de ser una política con objetivos para beneficiar a las personas más necesitadas, a una política social en la que no hay requisitos “bajo el lema de no ser neoliberal, no hay requisitos y no hay focalización”. Tal como lo afirmó el presidente el 22 de mayo pasado.
Algunos programas que fueron desmantelados fueron sustituidos por programas en los que no hay requisitos para ser persona beneficiaria y si no hay requisitos “lo que opera es la lógica clientelar”, puntualizó el experto en análisis de los efectos económicos de las instituciones públicas.
“Entonces, en las zonas de baja rentabilidad electoral esos programas no van a llegar. ¿Cuáles son esas zonas? Las zonas más rurales”, a las que se les está dejando desprotegidas, señaló Rodrigo Salazar.
Bajo su análisis, al sustituirse las políticas focalizadas por “políticas pobremente diseñadas” se perdió el uso eficiente de los recursos públicos -por ser dirigidos a quienes más lo necesitan-, además de que los programas sociales de la actual administración vinieron acompañados de opacidad y de falta de transparencia.
Además, en su opinión el gobierno de López Obrador no tomó las medidas compensatorias necesarias para mitigar los efectos económicos de la pandemia sobre las poblaciones empobrecidas y tampoco hubo políticas de apoyo para mantener el empleo.
Especula que evaluaciones posteriores harán evidente que “los efectos de la pandemia sobre las personas que menos tienen hayan sido mucho peores en México” que en los países donde sí hubo medidas económicas para paliar los efectos de la crisis.
Programas de AMLO son ineficientes
El Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2021 (INDEP), que evalúa el segundo año (2020) del gobierno de AMLO, elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación (GESOC), reveló que de los 96 programas sociales del gobierno federal analizados, solo 7 tuvieron un desempeño óptimo y 8 de alto potencial de desempeño.
Dos de los programas sociales resultaron con un desempeño mejorable, 54 con un desempeño escaso, 23 que reflejan dispersión presupuestal y dos están en la caja negra, porque no se pudieron evaluar.
En resumen, el Índice destaca que 84.3% de los programas “no tienen posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan o a condiciones de opacidad” o que “no puede estimar su desempeño debido a su opacidad”.
Uno de los programas que obtuvo mejor rendimiento fue la emblemática Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que obtuvo 89.7 de calificación, en una escala de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60.
Entre los programas con escaso desempeño están también otros programas estrella del presidente, como Sembrando Vida (35.1 de calificación) y el de Universidades para el Bienestar Benito Juárez (24 de calificación).
GESOC recomienda al gobierno utilizar parte de los recursos asignados a programas que, de acuerdo con la evidencia generada por el INDEP, se encuentran en condiciones de bajo desempeño para generar o fortalecer programas que contribuyan a disminuir las carencias de la población que se vio seriamente afectada a causa de la pandemia.
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Persiste la pobreza en México
El “carácter recesivo o casi recesivo” que tiene la economía mexicana, desde hace casi dos décadas, afecta la capacidad que tiene el país para sacar a la población de la condición de pobreza y los gobiernos que han pasado “no lo han hecho bien”, nos dijo Salazar.
Otro factor económico que no ha ayudado a disminuir la pobreza, agregó el investigador, es que México comenzó a competir con China por el mercado norteamericano de manufacturas baratas.
Durante el primer año de gobierno, 2019, las decisiones económicas del presidente López Obrador crearon un mal ambiente para la inversión y hubo decrecimiento.
Para Rodrigo Salazar, México enfrenta la ausencia de una política económica de reactivación del crecimiento o por lo menos de mantener el atractivo a la inversión que ofrecía el país antes de 2018.
Sumado a este escenario, el desmantelamiento del Seguro Popular generó que la población menos protegida se quedara sin acceso a servicios de salud.
Esto fue detectado por el Coneval como un componente en la explicación del incremento de la pobreza multidimensional en México durante el año 2020, indicó Salazar Elena.
Según datos del Coneval, la población con falta de acceso a la salud aumentó de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020. El organismo señaló que es urgente que la transición al INSABI asegure la atención efectiva de la población.
El nivel de pobreza que tiene un país depende de que la economía crezca y prospere, por tanto, México necesita una buena política económica, ya que “primero los pobres” se ha quedado solo en el discurso, consideró finalmente Rodrigo Salazar.
