No hay datos para afirmar, como hizo Presidencia, que quitar prisión preventiva oficiosa expondría a corrupción y violencia a los jueces

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“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar la prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, dice un comunicado del gobierno federal dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al pueblo de México que se publicó el 24 de agosto de 2022.

El comunicado es extraño desde su estructura: de inicio, porque tiene el membrete de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería de la Oficina de la Presidencia de la República.

Sin embargo, está firmado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y por la consejera Jurídica del poder Ejecutivo, María Estela Ríos González, ninguno de los cuales trabaja en la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia.

La segunda cosa que debería parecer extraña pero que, sin embargo, es cada vez más usual en este gobierno es que se trata de un documento con el que un poder, el Ejecutivo, intenta presionar y persuadir públicamente a otro, el Judicial. 

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Hace unos días, la SCJN anunció que el jueves 25 de agosto resolvería dos asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa y dejaría inaplicada la parte del artículo 19 de la Constitución Mexicana que obliga a los jueces a ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa (obligatoriamente) por una serie de delitos.

¿Qué es la prisión preventiva y cuál es la diferencia entre la oficiosa y la justificada?

Como te explicamos en esta nota, el Ministerio Público (MP) puede solicitar a un juez que una persona acusada enfrente su proceso en la cárcel –es decir que se le aplique prisión preventiva–, para evitar que se fugue o para proteger a las víctimas, a los testigos y a la comunidad.

Esta sería la prisión preventiva justificada.

Sin embargo, también existe la prisión preventiva oficiosa, la cual se aplica automáticamente –sin necesidad de que el MP lo solicite– para ciertos delitos que enumera la Constitución.

Esos delitos van desde crímenes violentos, hasta delitos graves “en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.

Uno de los problemas de la prisión preventiva oficiosa es que afecta más a las mujeres y a las personas en situación de precariedad. 

De acuerdo con un reportaje de Animal Político, “esta medida ha enviado a la cárcel a más mujeres inocentes que a quienes sí les probó un delito”. 

Pese a ello, el comunicado de Presidencia busca además de presionar al poder Judicial -en este caso a la SCJN- decirle cómo hacer su trabajo con datos engañosos y afirmaciones de las que no existe ninguna evidencia. 

Especialistas critican el comunicado

Varios especialistas en temas de seguridad y justicia criticaron el comunicado de la Presidencia, entre ellos Alejandro Hope, analista de seguridad. 

El problema del comunicado, escribió Hope en Twitter, es que solo ofrece un argumento a favor de la prisión preventiva oficiosa: que los jueces quedarían expuestos al riesgo de intimidación o corrupción al tener que decidir si imponer o no la prisión preventiva.

Sin embargo, de acuerdo con este especialista, no existe “ningún dato para medianamente sostener” ese argumento; no hay “evidencia de corrupción o intimidación a juzgadores en casos que no involucran prisión preventiva oficiosa. Ni uno solo”.

Y autoridades respaldan el comunicado

El presidente López Obrador y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se pronunciaron a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. 

Ambos mandatarios lo hicieron con afirmaciones engañosas o falsas. 

Paola Zavala Saeb, fundadora de Ocupa, una organización que fomenta la reinserción social y prevención de conductas delictivas, explicó en su cuenta de Twitter que hay un falso debate “al acusar de defender delincuentes a quienes buscamos que se elimine la prisión preventiva oficiosa”. 

Para la también abogada y activista, “quienes buscamos eliminar la prisión preventiva oficiosa no queremos como dijo el Presidente @lopezobrador_ que haya impunidad. Lo que queremos es que el Estado trabaje de manera eficaz en la investigación de los crímenes, que justifique quién debe estar en prisión y no siembre culpables”.

Por su parte, Sheinbaum dijo que eliminar la prisión preventiva oficiosa sería un problema de seguridad para las mujeres, pero como vimos antes, esta medida es particularmente perniciosa para las mujeres.

Por todo lo anterior, se puede concluir que el comunicado firmado por el secretario de Gobernación y la consejera Jurídica usa argumentos engañosos para defender la prisión preventiva.

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