La privatización del agua, “no debería existir”, porque el acceso a este líquido es un derecho humano, nos dijo Adriana Flores Díaz, académica en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana.
Para Flores Díaz es claro que “afecta mucho a las comunidades rurales, indígenas, no indígenas mestizas y afrodescendientes”. Al privatizar el agua “estamos pasando por encima de sus derechos y rompemos los acuerdos que ya tienen generados desde hace siglos”.
Por ejemplo, el Congreso de Querétaro aprobó en mayo pasado “privatizar” el servicio de agua potable por medio de operadores que se encargarán de proporcionar y cobrar a los habitantes la distribución, drenaje y obra hidráulica en todos los municipios del estado.
Isabel Valencia Hernández, integrante de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, dijo que la “legislación es un instrumento de despojo del agua para los pueblos originarios”. Además recalcó que “estamos conscientes que privatizar el agua es sinónimo de que haya dueño, y nos quedaremos sin agua”.
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“Haremos acciones legales, marchas mítines todo lo que sea necesario para echar abajo esa ley que se acaba de aprobar y hacemos responsables a las autoridades si a algún compañero le sucede algo”, señalaron integrantes de Casa de los Pueblos, en conferencia de prensa el pasado 26 de mayo.
Consideraron que la regulación está hecha a medida de las empresas: “no es posible que los industriales nos digan que lo que quieren hacer es por el bien de los pueblos. Nosotros no cedemos, no claudicaremos”.
Al optar por la privatización, la académica nos precisó que “no estamos asegurando en realidad un suministro claro”. En términos prácticos, señaló, “una persona -empresa- no debería manejar el agua, porque es un bien público”.
Un diseño que aterrizó mal
El sistema de gestión de agua en México “no funciona porque fue diseñado para no funcionar”, advirtió Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante el foro realizado en el Senado: El derecho humano al agua: avances y retos en junio de 2021.
“Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”. Burns Stuck fue más clara al comentar que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay”.
La funcionaria reconoció que “no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua” y este es un pendiente que predomina hasta nuestro presente.
Concesiones al por mayor
Hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas.
“El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, expuso la funcionaria durante el foro.
Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, solo se habían otorgado 2,000 concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil.
“En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta, lo más preocupante fue que las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua”, señaló.
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Es urgente reformar la Ley General de Aguas Nacionales
Para Adriana Flores Díaz “es urgente que en México se tomen en cuenta iniciativas que buscan reformar la Ley General de Aguas Nacionales para cambiar radicalmente la forma de administrar y cuidarla, ya que es esencial para la vida”.
“Las malas prácticas de administración y consumo del agua, la contaminación, las decisiones políticas erradas, los discursos demagógicos, el considerar el agua como una mercancía son solo algunas de las actividades humanas que alteran el ciclo hidrológico”, expuso la académica de la Universidad Iberoamericana.
Recalcó que cuando privatizamos el agua “hay un interés diferente, se convierte en un bien mercantil, se debilitan las instituciones comunitarias, se debilita la capacidad de decidir de las comunidades sobre sus territorios donde están los mantos acuíferos, los ríos, se pueden sustraer piedras, diamantes de la tierra y venderse, pero el agua no”.
Si es un derecho de todas las personas tener acceso al agua, ¿por qué insisten en privatizarla?
