El presupuesto del gobierno para 2021 es austero debido a la crisis económica provocada por las medidas para evitar el contagio de COVID-19, pero no para 11 programas sociales prioritarios del gobierno, los cuales incluso aumentaron 3.6%.
Esto suena muy bien porque son apoyos económicos destinados a grupos vulnerables; sin embargo, ¿tendrán en la mira las elecciones del próximo año? Es decir, ¿están pensados para garantizar que los beneficiados voten por el partido del presidente?
¿Cuál es esa delgada línea entre apoyos sociales bastante necesarios y el clientelismo electoral?
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El clientelismo electoral
Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió en el ensayo ¿Clientelismo vs ciudadanía? que el voto no solo se compra el día de las elecciones.
“Cuando pensamos en clientelismo, la imagen más común que tenemos es la ‘compra de sufragios’, es decir, el ‘intercambio’ de un voto por dinero o algún otro bien material, como despensas, material de construcción, tinacos, electrodomésticos y ahora hasta monederos electrónicos”
Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Agregó que dentro del clientelismo electoral también “pueden englobarse otras prácticas que igualmente intentan supeditar las intenciones del electorado, como el condicionamiento de los programas sociales”.
La experta se refiere a que la asignación de estos apoyos económicos pueden verse como premio a la lealtad política o como método para atraer indecisos o seguidores de otras fuerzas políticas.
Salmorán también ve riesgo de condicionamiento en la entrega de estos beneficios. Es decir, de excluir de estos programas a las personas que no simpatiza “con la fuerza política que ofrece los incentivos”.
Además, concluye la experta, “no debe perderse de vista que ‘casualmente’ los programas sociales suelen aumentar dentro de las entidades federativas en años electorales, con lo que fungen como una especie de nómina para las estructuras partidistas”.
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La delgada línea entre los programas sociales y la compra de votos
Si es verdad que existe el riesgo de que los apoyos sociales se usen con fines electorales, ¿quiere decir que todo programa es clientelista?
María Amparo Casar, presidenta del centro de investigación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se preguntó lo mismo en el artículo Programas sociales, clientelismo y corrupción.
“No se trata de que los gobiernos no tengan una política social compuesta de programas sociales que beneficien a los sectores más necesitados de la población. Entre otras, y después de brindar seguridad a los ciudadanos, es una de las obligaciones fundamentales del Estado. Más aún, es la razón de ser del Estado de bienestar”, escribió Casar.
La politóloga enfatizó en su artículo que, a pesar de que los programas sociales son necesarios, lo que no es válido es que estén “concebidos, diseñados y operados con criterios político-electorales en lugar de con criterios sociales”.
¿Cómo distinguir esta delgada línea? Para Casar, es indispensable que haya un órgano independiente que se encargue de evaluar los programas y también es esencial que haya transparencia y acceso público a esta información.
De acuerdo con la especialista, la delgada línea que convierte un apoyo en corrupción se basa en estas preguntas: “¿a quién van dirigidos?, ¿se condicionan?, ¿realmente se entregan?, ¿se entregan en su totalidad o se retiene una parte con alguna argucia?”.
Los programas sociales en la era de López Obrador
María Amparo Casar señaló en su artículo que “los programas no fueron sometidos de inicio, como obliga la ley, a la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”, el cual mide la pobreza en nuestro país.
Además, señaló otras preocupaciones como que los padrones se mantienen en la opacidad, la mayoría de los programas funciona sin reglas de operación y “no existe información comprobable de cómo se dispersan los recursos”.
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Por otro lado, destacó que el dinero está resolviendo la necesidad de que algunos sectores de la población tengan dinero para el día a día, “pero no para resolver los problemas de educación, salud, falta de capacitación, empleo u oportunidad para abrir un negocio”.
La experta puso como ejemplo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “existían ‘anomalías’ en 55% de los apoyos a jóvenes”.
“Éstas (anomalías) consisten en la no existencia del centro de trabajo en el domicilio reportado, la falta de capacidad para recibir a becarios (…) la no identificación del representante legal, la baja del becario porque el capacitador le solicitó un ‘moche’”, escribió Casar.
¿Los programas sociales influyen en la intención de voto?
María Amparo Casar usa como referencia “la 2a. Encuesta Nacional Anual, Percepciones sobre Corrupción 2020 llevada a cabo por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad junto con el departamento de “datología” del periódico Reforma”.
Según esta encuesta, el presidente es mejor evaluado en las familias que cuentan con algún programa social. De 59% de aprobación general, sube a 66% en los hogares donde en el hogar hay algún beneficiario de programas sociales y baja a 51% donde no hay ningún beneficiario.
En cuanto a la revocación de mandato, “mientras que 66.61% de los beneficiarios directos y 65.09% de las personas que viven en hogares con algún beneficiario votarían por la permanencia de López Obrador en la presidencia, el porcentaje baja a 49.61% entre los no beneficiarios”.
De acuerdo con Casar, “aun cuando no puede concluirse que todo beneficiario se convierta en automático en una persona leal al presidente o a su partido, queda claro que tanto la popularidad como la intención de voto están relacionadas entre sí”.
Los siervos de la nación
Como te contamos antes, “las y los “Servidores de la Nación” son un ejército de poco más de 17 mil personas, que van de casa en casa por todo el país, con pluma y libreta en mano, para censar e inscribir a aquellas y aquellos que quieran formar parte de los programas sociales del gobierno federal”
Isidro H. Cisneros, doctor en Ciencia Política, nos externó su preocupación sobre la entrega de programas sociales en una época de crisis económica.
“(Los programas sociales) están orientados a fortalecer una especie de clientelismo, donde los Siervos de la Nación manejan miles de millones de pesos sin ninguna transparencia y se le paga en efectivo a la gente. Ahí existe margen para la corrupción”, nos dijo el experto.
Para el también doctor en Ciencia Política, Jorge Márquez, es preocupante la opacidad con la que los “Siervos de la Nación” hicieron el censo para saber a qué personas se les entregan los apoyos económicos del gobierno.
“Sí, (López Obrador) tiene el poder de repartir dinero, la Ley se lo da. A lo que no tiene derecho es a que sea un padrón hecho por los Siervos de la Nación y no por el Inegi, que sea algo totalmente discrecional en donde los apoyos se asocian con el nombre y la figura del presidente, y no con el nombre de un gobierno que trabaja para todos los mexicanos”, explicó Márquez.
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¿Se transparentará la información de los programas sociales de este gobierno para descartar que sean utilizados a cambio de lealtad al presidente y el partido que lo llevó al poder?
