Por: Raquel Prior y Scarlett Lindero
Dafne no sabía que estaba embarazada hasta que, en febrero de 2015, sintió como si una liga se rompiera dentro de ella. Tras mareos y sudoraciones, fue al baño de la tienda en donde trabajaba, un Liverpool en Querétaro. Sentada en la tasa del baño, comenzó a sangrar, entonces algo salió de ella: era una bebé.
Dafne desconocía que estaba embarazada y mucho menos que tenía ocho meses de gestación. Incluso, el médico que la trataba por hipotiroidismo (una enfermedad que aumenta el peso y genera cansancio a quien la padece) tampoco no lo detectó.
Nadie la ayudó. La tienda no permitió la entrada de la ambulancia de la Cruz Roja a las instalaciones, sino hasta dos horas después. A Dafne, entonces de 26 años, solo la atendieron los paramédicos particulares de la misma tienda, que no pudieron hacer nada por la bebé, que murió minutos después.
Si Dafne hubiera tenido ayuda médica especializada a tiempo, hubiera salvado la vida de la pequeña, explicó su abogada Karla Michelle Salas, en una columna publicada en Nexos.
Después de ese día, Dafne perdió a sus dos hijas (la bebé que falleció y otra nena de cuatro años que tenía) y su libertad. Tras un juicio de un año, fue sentenciada a 16 años de prisión, en 2016, por el juez Alejandro León Guerrero del Tribunal Superior de Querétaro, por el homicidio calificado de su hija.
“Me sentí la peor de las mujeres, por un momento sí les creí. Yo les creí, cuando empezaron las investigaciones previas y por lo que me decían, me hicieron sentir culpable”, relata Dafne, en entrevista con Cuestione.
Las acusaciones contra ella fueron tan humillantes, que incluso durante una audiencia en 2016, el fiscal Gustavo Dolores Acosta, acusó a Dafne de matar a su hija y declaró que “ni un perro hace eso, ni una perra. Ve que su hijo nació y le procura la muerte”. Declaración que le costaría una sanción a Dolores Acosta, según dijo en 2016 el entonces fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría.
Dafne pasó tres de esos 16 años en prisión, hasta que el 23 de enero de 2019, el mismo juez que la había sentenciado, la absolvió, tras resolver que la Fiscalía General de Justicia de Querétaro no aportó pruebas científicas para inculparla por haber matado a su bebé. Tres años después.
Mientras Dafne estuvo presa, la empresa Liverpool solo recibió una multa de 30 mil pesos, “por haber negado la entrada a los servicios de salud”.
La criminalización del aborto
El aborto se considera delito en 30 de los 32 estados del país, con excepción de Ciudad de México y Oaxaca que lo permiten hasta la semana 12 de gestación.
Como Dafne, otras 410 mujeres han sido sentenciadas por delitos relacionados con la interrupción del embarazo, entre 2009 y 2019, de acuerdo con la información que Cuestione obtuvo vía transparencia de 21 estados del país. Para las 11 entidades ques se negaron a entregar la información, empleamos las sentencias que el Grupo de información en reproducción elegida (GIRE) registra en su informe Maternidad y Castigo, con el cual crea el mapa de la criminalización por aborto en nuestro país.
El aborto no es el único delito por el que van a la cárcel
De estos 410 casos, 210 sentencias son por aborto –según los datos obtenidos por transparencia– y las otras 200 sentencias son por delitos relacionados a él (como homicidio, infanticidio y omisión de cuidado), de acuerdo con los datos de Las Libres, un grupo de abogadas especializadas en defender a mujeres presas por abortar.
Esto hace que sean doblemente juzgadas y sentenciadas. En Veracruz, por ejemplo, una mujer fue sentenciada a 36 años de cárcel, en 2006, por interrumpir su embarazo, acusada de aborto y por el de homicidio calificado, de acuerdo con la información del Poder Judicial de aquel estado.
Desde 2009, dicho estado eliminó la pena de cárcel para las mujeres por abortar y la sustituyó con programas educativos y psicológicos, aunque ninguna de las mujeres han recibido tal apoyo en los últimos años, según lo documentado por Las Libres.
Uno de los principales problemas de esta criminalización es que las autoridades del sistema de justicia, que dictan las sentencias, lo hacen desde la estigmatización y el desconocimiento, de acuerdo con la misma organización. Tal es el caso de Gustavo Dolores Acosta, el fiscal que comparó a Dafne con un perro.
Además, los jueces emiten sanciones con base en estereotipos en torno a la maternidad (las mujeres deben ser madres), y las condenan como homicidas, cuando en la mayoría de los casos tuvieron partos fortuitos en los patios o letrinas de sus casas y cuyos recién nacidos mueren sin que ellas pudieran hacer nada para auxiliarlos. Esto, debido a que tampoco hubo quien las ayudara a ellas, de acuerdo con GIRE.
La promesa que falta
La esperanza de que en nuestro país se despenalice el aborto se abrió con la llegada con la primera Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien desde que era ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 1995 a 2015, abogó por no criminalizar a las mujeres por abortar. “La cárcel por aborto es una injusticia social”, decía.
Hasta ahora, la promesa de no criminalización por aborto que hizo Sánchez Cordero en todo el país, y por la que muchas mujeres votaron por la “cuarta transformación”, no ha llegado. Sí hay una iniciativa para despenalizar el aborto en México, la cual avanzó apenas en febrero de este año con el respaldo de la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados, pero aún falta que llegue al pleno y sea votada por las demás comisiones.
El aborto se considera un problema de salud pública, pues al no reconocer ni garantizar estos derechos, el Estado propicia que las mujeres aborten de forma clandestina, en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. Además, hay niñas y adolescentes que son obligadas a continuar con un embarazo no deseado que por su edad representa un alto riesgo, de acuerdo con la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
De las 34 millones de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) en el país, sólo las 3.6 millones que viven en Ciudad de México y Oaxaca, o aquellas que pueden pagar un viaje a estas entidades, podrían practicarse un aborto seguro. Esto dibuja una realidad desigual para las mexicanas, como documentó Cuestione.
Acusadas por abortar
La legislación sobre aborto en México se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues lejos de que el personal de salud les brinde atención médica inmediata cuando sufren complicaciones relacionadas a un aborto, son los primeros en denunciarlas, expone el informe de GIRE.
Entre 2015 y enero de 2020, se han abierto 3,000 carpetas de investigación por el delito de aborto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), casi tantas como los 3,630 carpetas por feminicidios que se registraron en el mismo periodo.
Aunque el 90% de las denuncias y sentencias son contra mujeres, también hay personas que pueden ser acusadas por ayudar a las mujeres, como las parteras, médicos, o las parejas sentimentales que las obligan o acompañan a abortar.
La radiografía estado por estado
Cuestione solicitó a los estados, vía transparencia, el número de sentencias que han registrado por el delito de aborto desde 2006 a la fecha. Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo, Tlaxcala y Querétaro no reportaron sentencias pese a que, en este último estado, fue en donde Dafne tuvo que cumplir su condena.
Las mujeres que han sido condenadas tienen que cumplir sentencias que van desde los seis meses en adelante. Morelos es el estado que registró la pena más grande: a una mujer le dictaron 46 años de prisión por homicidio y aborto. Le sigue Colima, donde a una mujer y a la persona que le ayudó a abortar les dieron 43 años de cárcel.
El estado con más sentencias fue el Estado de México con 30, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Campeche, Ciudad de México, Sonora y Tabasco no respondieron a la solicitud de acceso a la información.
Las cicatrices de la injusticia
En San Juan del Río, Querétaro, puede ser complicado empezar de nuevo. Las noticias recorren rápidamente toda la ciudad, lo que le causaba gran temor a Dafne de ser criticada y hasta agredida por personas que la reconocieran.
El proceso para reintegrarse a la sociedad fue difícil para ella: “me daba miedo el salir a la calle sola, entraba en crisis, tenía miedo de escuchar a la gente hablar mal de mí, de ser agredida; pero mi hija me ayudó a superar esto, me pedía que fuera por ella a la salida de la escuela, que la acompañara a lugares. Con la ayuda de mis papás y mi hija poco a poco volví a salir adelante”, cuenta a Cuestione.
Dafne perdió su libertad durante tres años y con ella la posibilidad de ver crecer a su hija (víctima indirecta de la criminalización de su madre). Poco a poco, la seguridad de Dafne se vio reducida, se sintió más vulnerable. La manera en la que manejaron su caso muestra la constante revictimización que sufrió.
El miedo a ser juzgada le impidió, además de salir, buscar trabajo por algún tiempo. Sin embargo, gracias a la gran labor de sus abogadas, familiares y amigos, retomó su vida poco a poco, con pequeñas acciones como salir a comprar o por ir su hija. Logró dejar atrás el temor.
Dafne tiene un mensaje para las mujeres que, como ella, han sido criminalizadas: “Hay que creer en nosotras mismas, aferrarnos a lo que le tenemos fe, pero sobre todo tener confianza en que podemos comenzar de nuevo y no darnos por vencidas. Yo espero que ninguna mujer tenga que vivir lo que yo”.
