En nuestro país, la denuncia de los delitos no garantiza que se investiguen de forma adecuada y se alcance el derecho a la justicia pronta y expedita para las víctimas y sus familias. En casos de asesinatos de mujeres, la negligencia al momento de aplicar las leyes o de clasificar el feminicidio causa que las familias luchen por la justicia por años o décadas, según explican especialistas.
La ley en materia de feminicidio en el país, entre las que se encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia abordan la impunidad como un eje central de este delito, pues este grave problema ha persistido por décadas en el país “por una evidente falta de transparencia y de profesionalismo gubernamental y judicial”, explica la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, exdiputada quien impulso la elaboración de esta ley.
Aunque exista la mejor legislación nacional e internacional para sancionar el feminicidio, no sirve de mucho si las y los operadores del sistema de justicia no la aplican. Ya sea por falta de perspectiva de género, estigma, prejuicios o por falta de debida diligencia, que son elementos frecuentes en la investigación de delitos de violencia contra mujeres, según se expone en este trabajo de la asociación civil Equis Justicia para Mujeres.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Campo Algodonero, afirmó desde 2009 que la ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres genera un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de la violencia, resalta la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien participó en el grupo jurídico del caso Campo Algodonero sobre feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Otras de las razones por las que persiste la impunidad en los feminicidios, según la abogada Ana Alicia Pérez Duarte y Noroña, asesora en política públicas para la igualdad entre mujeres y hombres en organismos nacionales e internacionales como la ONU, es la “resistencia considerable para investigar los asesinatos de mujeres como feminicidio; que es común que cuando existe una muerte violenta de mujer se afirme en primer lugar que se trata de suicidio”.
Como nos explicó en entrevista la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la asociación civil Justicia Pro Persona y asesora de casos de feminicidio y desaparición de mujeres, desde los gobiernos locales y estatales hay poco reconocimiento de la violencia feminicida “lo vemos con las cifras del Secretariado Ejecutivo donde la mayoría de los estados reportan un mayor número de homicidios, pero el porcentaje de acreditación de feminicidios es muy bajo.
En todo el país solo una cuarta parte de los asesinatos de mujeres y niñas son clasificados como casos de feminicidio. Tan solo de enero y febrero de este año han sido asesinadas 426 mujeres, de las cuales solo 155 fueron clasificados como feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, al intentar acceder al sistema de justicia, las familias se enfrentan a obstáculos, son maltratadas, discriminadas o revictimizadas. Son las familias, sobre todo las madres de víctimas de feminicidio, quienes estudian las leyes y buscan que sus casos sean clasificados, nombrados, investigados y sancionados correctamente.
Además, las autoridades están desbordadas de trabajo, por lo que avanzan lentamente en la resolución de los casos, hay falta de personal, falta de formación y recortes presupuestarios.
En casos de asesinatos de mujeres, la gravedad de la impunidad llega al 97%. De 2015 a 2018 fueron asesinadas en México 12,378 mujeres, pero se dictaron 407 sentencias condenatorias, solo 3% del total de asesinatos, según datos del INEGI reportados por el portal Animal Político.
En este análisis Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encontró que durante el sexenio pasado, de 2012 a 2018, de 3,056 casos de feminicidio en todo el país solo hubo 739 condenas por este delito, esto es 24% del total de feminicidios, y 105 absoluciones.
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Hace 7 años, Irinea Buendía ganó un amparo en la Suprema Corte
A pesar de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva su nombre, la familia de Mariana Lima Buendía sigue sin justicia, pues el Poder Judicial del Estado de México no ha dictado una sentencia contra quien la asesinó.
Mariana Lima fue asesinada el 28 de junio de 2010, en su casa en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. En septiembre de 2011, el Ministerio Público de ese estado concluyó que Mariana Lima se había suicidado y cerró el caso.
Irinea Buendía Cortéz y su esposo Lauro Lima, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, exigieron la revisión del caso y no pararon hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que fue un asesinato.
El 25 de marzo de 2015, hace siete años, la Corte emitió la sentencia de amparo número 554/2013, conocida como sentencia Mariana Lima Buendía, la cual reconoció que agentes, peritos y policías del Estado de México cometieron obstrucciones, omisiones y negligencias. Y ordenó al poder judicial de ese estado reabrir el caso para ser investigado bajo la perspectiva de género, como un probable feminicidio.
Además, la sentencia Mariana Lima Buendía obliga a las autoridades judiciales a investigar y juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Hace casi seis años, en junio de 2016, Julio “N”, policía ministerial en esa entidad y exesposo de Mariana Lima, fue aprehendido por su probable participación en el feminicidio. Pero el proceso judicial no avanza porque la defensa legal del imputado pidió citar de nuevo a peritos que ya habían sido interrogados.
En lo que va del 2022, todas las audiencias por el feminicidio de Mariana Lima han sido diferidas o pospuestas porque los peritos no se presentan o porque están de incapacidad, nos dijo Irinea Buendía, quien lleva más de 11 años exigiendo justicia para su hija Mariana.
Durante la quinta audiencia diferida del año, el 22 de marzo pasado, tras denunciar la simulación y los obstáculos en el proceso, Irinea Buendía solicitó una cita al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, para exigirle que ya no permita el retraso de la sentencia para el agresor de Mariana.
Son retrasos completamente injustificados que han alargado el proceso por cinco años y nueve meses y aún “no hay justicia para las víctimas”, nos expuso la abogada Ana Yeli Pérez, asesora legal de Irinea Buendía. La siguiente audiencia será el 5 de abril a las 10 de la mañana.
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Denuncian que Poder Judicial en CDMX absolvió a un feminicida
Lucía Delgado Hernández fue asesinada el 4 de marzo de 2021, en la colonia Condesa, Ciudad de México. La Fiscalía de Feminicidio realizó una investigación y consiguió pruebas científicas que comprueban la responsabilidad de Vincent “N” en el feminicidio, pero una jueza lo liberó el 22 de febrero pasado.
Como nos expuso la abogada Ana Yeli Pérez, la defensa legal de la familia de Lucía Delgado ya presentó una apelación que busca revertir la decisión que tomó Norma Elizabeth Marín Ramírez, jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.
La familia de Lucía Delgado no fue informada previamente de que Vincent “N” fue liberado desde el 22 de febrero. Se enteró hasta el 28 de febrero pasado durante una audiencia donde se dictaría la sentencia pero finalmente no se realizó, según acusó María Elena, prima de Lucía, al salir del Reclusorio Oriente donde se llevaría a cabo la audiencia.
La familia de Lucía tiene temor ante la liberación de Vincent “N”. “Pido que se haga justicia (…) Siento una impotencia muy grande, porque se quedan mis sobrinas solas (las hijas de Lucía) allá en el estado. Él es de allá también. Temo por ellas, por mi tía, por la familia que tengo allá de que ésta persona vaya a hacer algo”, dijo María Elena.
No es la primera vez que se absuelve a un imputado, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que informó a través de un comunicado que también apelará este fallo por no considerar la perspectiva de género.
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A pocos días del feminicidio de Lucía Delgado, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México y la policía investigaron y localizaron a Vincent “N”, porque él se quedó con el celular de Lucía. Estas averiguaciones tardan mucho tiempo, pero en este caso se logró una detención pronta, según nos dijo Ana Yeli Pérez.
Además, dicha investigación permitió conocer que Lucía y él tenían una relación de pareja y que ella sufría violencia en la relación, indicó la abogada. Este es un elemento que forma parte de las razones de género que permiten identificar el delito de feminicidio, según lo establece el Artículo 325 del Código Penal Federal y la sentencia Mariana Lima Buendía.
También se encontraron “indicios biológicos” o pruebas genéticas que pertenecen a Vincent “N” en el cuerpo de Lucía y en el lugar donde fue asesinada, lo que para la fiscalía y para la defensa legal de la familia corroboraban que él “estuvo en el lugar de los hechos” y que él “cometió el delito”, precisó la abogada.
Por este caso, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres exigen al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México la remoción de la jueza Norma Marín y que se sancione a las funcionarias y los funcionarios públicos que obstaculicen el acceso a la justicia.
Además, según nos expuso la abogada Ana Yeli Pérez si no se toman medidas que prevengan el feminicidio y la impunidad será insuficiente contar con las mejores instituciones.
En la Ciudad de México en 2021 fueron asesinadas 149 mujeres y solo 68 casos fueron clasificados como feminicidio, entre ellas Lucía Delgado. De enero a febrero de 2022, 12 mujeres fueron asesinadas.
