A través de redes sociales las y los mexicanos nos hemos conmocionado por casos lamentables que en mayor o en menor medida nos causaron escalofríos.
El más reciente fue la desaparición y muerte de la joven Debhani Escobar, su última fotografía, -tomada supuestamente por el conductor de transporte público en el que viajaba luego de acudir a una reunión en General Escobedo, Nuevo León– recorrió los rincones de las redes sociales en un intento desesperado para que las autoridades hicieran su trabajo y la encontraran con vida.
También supimos del caso de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la ciudad de Puebla, desaparecida tras abordar un auto de la plataforma Cabify al salir de un bar en Cholula. Mara fue encontrada muerta el 15 de septiembre de 2017, estremeciendo a usuarios digitales de todo el país.
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Además conocimos el caso de Ingrid Escamilla, asesinada brutalmente por su pareja sentimental y cuyas fotografías post mortem fueron difundidas sin piedad por los medios de comunicación, dando incluso lugar a la Ley Ingrid, que es una reforma al Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre una investigación en curso, condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un delito.
El caso de Alejandra Cuevas también sonó fuerte en redes y medios de comunicación tras permanecer casi once meses en prisión. Ella fue acusada de haber sido responsable de la muerte del hermano del actual fiscal Alejandro Gertz Manero por supuestos malos cuidados durante su enfermedad y a quien la Corte le concedió finalmente la libertad.
También recordamos el caso de la youtuber Nathalia Campos Trigo, quien acusó de violación al influencer Ricardo González (Rix). El joven se declaró culpable y permaneció siete meses en prisión; y el caso de la youtuber Yoseline Hoffman (Yosstop) quien estuvo cinco meses en prisión preventiva por el delito de pornografía infantil, acusada de poseer y difundir el video de la violación de Ainara Suárez, una menor de 16 años.
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En todos estos casos encontramos una constante: la viralización de la información. ¿Es necesario que se vuelvan mediáticos para que las autoridades hagan su trabajo?
“No tendría que ser así para que las autoridades funcionen o se activen los protocolos. Desafortunadamente la seguridad pública siempre tiene como un termómetro de su funcionamiento la percepción ciudadana y evidentemente el círculo mediático les ha ido marcando la agenda de trabajo y de los asuntos urgentes en este país”, nos explicó el doctor en Derecho José Antonio Álvarez de León.
Para el experto, la viralización en sí misma no induce la violación al debido proceso, pero genera presión a las autoridades a través de las redes sociales y hace que los responsables de la seguridad pública vayan soltando información a destiempo para atender a las tensiones mediáticas y esto genera, incluso, el riesgo de exponer a las víctimas, violando su derecho a la privacidad.
Inteligencia colectiva, una herramienta viable
De acuerdo con Gustavo Mauricio Bastién Olvera, experto en temas de seguridad y justicia, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi)- asociación civil sin fines de lucro dedicada al estudio, análisis y diálogo sobre las relaciones internacionales- algo positivo que tiene el impacto de las redes sociales es lo que en inteligencia se conoce como Open Source Intelligence (OSINT) -inteligencias de fuentes abiertas- que es conjunto de técnicas y herramientas para recopilar información pública, analizar los datos y correlacionarlos convirtiéndolos en conocimiento útil.
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“En el caso de Debanhi, de inmediato empezamos a ver tuits circulando, en donde los usuarios ponían el mapa aéreo que habían sacado de Google Maps y cuántos metros había para llegar al motel, la altura de barda, etcétera. Y empezó a crearse un grado de inteligencia colectiva a través de redes sociales”, nos explicó.
El experto consideró que en materia de investigación pueden ser útiles las evidencias que se presentan a través de los medios digitales gracias a la participación ciudadana, sin embargo se debe contar con las herramientas adecuadas para el manejo de la evidencia digital.
“La fiscalía debe tener a forenses en informática, expertos que manejen la evidencia y que la puedan presentar ante un juez. Se necesita esta capacitación, primero para respetar el debido proceso y segundo, para que efectivamente la información que se obtenga de ahí se pueda utilizar en en estos casos”, pero esto depende de las fiscalías estatales, nos dijo.
En este sentido, existe el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se expide el Protocolo de Actuación para la Obtención y tratamiento de los Recursos Informáticos y/o Evidencias Digitales.
Este señala que es de suma importancia contar con lineamientos relacionados con la naturaleza, propósito y fines para la obtención, procesamiento y resguardo de los recursos informáticos y/o evidencias digitales “que no riñan con los postulados de la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y, que sean acordes con la finalidad del debido proceso legal”.
La movilización mediática no debería ser una determinante para acelerar el debido actuar de las instancias de justicia en México -ni en el mundo-, sin embargo ayuda a la visibilización de problemas que se repiten sistemáticamente y ejercen una presión sobre las autoridades responsables de esclarecer los casos, quienes con o sin viralización de los casos, deberían ejecutar eficientemente los protocolos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
