En la primera semana de diciembre la Cámara de Diputados comenzará la discusión de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según lo afirmó el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro.
El 9 de noviembre, 22 gobernadores y gobernadoras de Morena publicaron un posicionamiento a favor de la reforma electoral. Mientras que el domingo 13 de noviembre se llevó a cabo una marcha bajo el lema “El INE no se toca”, convocada por más de 50 organizaciones y asociaciones, a la que se sumaron múltiples actores políticos.
Durante una semana, del 7 al 11 de noviembre, el presidente López Obrador atacó a quienes convocan y participen en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), les calificó, entre otras cosas, de “clasistas” y “racistas” y afirmó que esta marcha es contra su gobierno.
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“Hay una reacción, se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha. Y no solo es la reforma electoral, pues desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica, se opusieron a las pensiones para los adultos mayores, y se han opuesto a todo, y ahora se presenta lo de la reforma electoral y también lo agarran de bandera”, dijo el mandatario el lunes 7 de noviembre.
El doctor en Derecho Luis de la Barreda Solórzano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista que ojalá “la reforma electoral que ha propuesto el presidente no logre los votos para hacerse realidad, porque eso sería un golpe letal para nuestra democracia”.
La doctora en Ciencias Políticas Karolina Monika Gilas, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos dijo que estamos ante un escenario donde “no son palabras menores ni exageradas, se trata de defender nuestra democracia”.
Votos a favor de la reforma electoral
Según nos explicó la experta en sistema electoral, Morena ha sido muy hábil en los meses pasados en articular una mayoría para aprobar sus propuestas. Y si Morena en el Congreso de la Unión logró aprobar las reformas sobre militarización, no se puede descartar la posibilidad de que lo logre en el tema electoral.
Aunque, al día de hoy, varios partidos políticos se colocan en contra de la reforma electoral, pero a la hora de las negociaciones, y fuera del ojo público de lo que ocurre al interior del Legislativo, finalmente pueden acabar respaldando la propuesta presidencial. Todos los partidos están en la mesa de negociaciones, apuntó la experta.
“Quizá la reforma no llegue a todos los puntos que está planteando el Ejecutivo, pero que sí toque algunos de ellos y esto trastoque el diseño del sistema del régimen electoral que tenemos actualmente”.
Si no se logran los votos para hacer una reforma constitucional o que esta no satisfaga los intereses del partido oficialista. El otro escenario es que ambas cámaras aprueben una reforma a leyes secundarias, para la que no es necesaria una mayoría calificada.
Las leyes secundarias que se modificarían son: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME).
Escenarios legislativos
El primer escenario de la propuesta de reforma electoral es que las y los diputados discutan y aprueben por mayoría calificada (334 votos de las 500 diputaciones) sin modificaciones. Luego que pase al Senado para su discusión y aprobación. Después se iría a los congresos estatales, para que al menos 17 la aprueben. Finalmente, la reforma sería publicada y entraría en vigor.
Un segundo escenario es que al no alcanzar mayoría calificada, Morena y sus partidos aliados opten por reformar las tres leyes secundarias -LGIPE, LGPP y LGSMIME-. Así no se tocarían los 18 artículos de la Constitución que plantea la propuesta de reforma electoral del presidente.
Aunque en este último escenario algunas de las modificaciones serían inconstitucionales, según señaló el politólogo José Antonio Crespo en este conversatorio virtual. Por lo que se esperaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva posibles acciones de inconstitucionalidad que sean presentadas.
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Algunas repercusiones de la reforma electoral
Para Luis de la Barreda, la oposición no debe negociar en este momento ninguna reforma electoral, ya que “la propuesta del presidente tiene claramente la intención de capturar a los organismos electorales”.
Además, agregó, las reformas electorales no deben plantearse cuando se están haciendo los preparativos para una elección presidencial. “Cualquier reforma electoral, porque nuestro sistema electoral es perfectible, tendría que plantearse pasando la elección de 2024“.
La doctora Gilas nos explicó que la reforma que plantea el presidente no contribuiría a fortalecer el régimen democrático. “Implicaría regresar a un esquema de autoridad electoral subordinada a los partidos políticos” y con la propuesta de descentralizar la función electoral se “estaría perdiendo objetividad, profesionalización, independencia y autonomía”.
La propuesta de elegir por voto popular las consejerías del INE y las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implicaría otro problema porque “no nos garantiza la profesionalización de esos órganos”.
Un segundo y grave problema, al elegir por voto popular las consejerías y magistraturas, es que el partido que gane el gobierno también tendría el control mayoritario de los dos órganos electorales, “que es lo que hemos querido evitar para construir elecciones democráticas, por esto nadie en el mundo hace eso”, advirtió la investigadora.
Sobre la reducción del número de diputaciones y senadurías, indicó que es un engaño, porque la propuesta no elimina la selección por medio del principio de representación proporcional, sino que desaparece al de mayoría relativa. Esto dejaría un congreso integrado por representación proporcional. Por tanto, el resultado sería que tendríamos una representación proporcional, pero con efectos de mayoría.
Además, esto reduciría el número de partidos que están representados, lo que afectaría principalmente a los partidos medianos y pequeños.
En cuanto a la reducción del financiamiento de los partidos políticos, también es una mala idea, al menos en la forma en que se presenta, precisó. Pues al eliminar el financiamiento público ordinario, a la mayoría de los partidos les sería casi imposible reunir recursos suficientes para mantener sus actividades, más si ese cambio ocurre de golpe. “Podemos pensar en un esquema de una reducción paulatina del presupuesto para partidos”.
De igual forma, Luis de la Barreda indicó que “si los partidos nos salen muy caros, entonces que no se desvíen recursos para financiarlos (…) Debe de haber una distribución del financiamiento que sea razonable, donde el partido mayoritario no reciba un mayor presupuesto y que eso le da una ventaja enorme”.
El académico subrayó que al desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) -como propone el presidente- saturaría el trabajo y el costo del INE.
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El costo de la desconfianza
Finalmente, Karolina Gilas nos expuso que el discurso de que las instituciones electorales son muy caras es un “argumento populista, muy lejano de la realidad”. Pues al analizar el presupuesto de 2022 detalló que “de cada $100 pesos del presupuesto federal programado, las autoridades electorales con todo y el financiamiento de los partidos se llevan 39 centavos”.
Igualmente, el INE lleva a cabo tareas que no son estrictamente electorales y que en otros países las autoridades electorales no las hacen; como la credencialización que se lleva el 40% del presupuesto del INE cada año.
“Este es el costo de la desconfianza que sigue construyendo los partidos políticos cuando les conviene ese discurso en contra del INE. Las elecciones cuestan tanto porque los partidos políticos han estado desconfiando del árbitro electoral y eso ha implicado la necesidad de complejizar la organización electoral y eso eleva los costos. Aunque, sí hay formas de reducirlos”, señaló Karolina Gilas.
Con la propuesta de reforma electoral “lo que se puede perder en términos políticos es muchísimo más valioso de lo que estamos pagando” por las instituciones electorales, sostuvo José Antonio Crespo.
