En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada “cláusula de vida eterna” con la que los partidos “grandes” podían transferir votos a sus aliados más “pequeños” para que no perdieran el registro, como le pasó al Partido Encuentro Social y a muchos otros.
En aquella sesión de la SCJN, los ministros expresaron claramente la necesidad de evitar “la transferencia automática de votos que podría ser desproporcionada y por ende contraria al principio de representatividad derivado del voto individual libre y secreto”, dijo Genaro Góngora Pimentel, ministro en retiro y ex presidente de la SCJN.
Además, el ex ministro Góngora resaltó que “el mecanismo de transferencia de porcentaje de votos sin criterios claros, de razonabilidad, sí podría dar lugar a posibles negociaciones de sufragios”.
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Aún sabiendo esto, en la Cámara de Diputados tuvieron la ocurrencia de incluir de último minuto la “cláusula de vida eterna” en la propuesta de reforma electoral conocida como plan B, en una negociación liderada por Carlos Puente Salas, coordinador del Verde, y Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, en la que presionaron a Morena para proteger a sus partidos de la desaparición.
Su intención era modificar el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que plantea las condiciones para formar alianzas y coaliciones para que dos o más partidos lancen un candidato conjuntamente.
“Cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”, establece la ley.
Este párrafo que fue modificado en beneficio de los aliados de Morena y otros partidos en peligro de extinción decía: “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.
La audacia de Morena y sus aliados molestó a López Obrador
El “chicle y pega” del PT y del PVEM fue echado para atrás tan solo llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso amenazó con vetar la reforma si las y los legisladores insistían en mantener la modificación.
Y no es para menos, ya que el Presidente solicitó que el artículo de la transferencia de votos fuera retirado desde la revisión de la propuesta en el Senado, donde su propio partido simuló acatar sus instrucciones, pero se volvieron a incluir las cláusulas controversiales.
Morena presentó un dictamen en el que no figuraban las cláusulas añadidas, pero cuando comenzó la discusión del “plan B” en lo particular, el PVEM propuso nuevamente incluir la “cláusula de la vida eterna” y Morena lo apoyó.
Lo grave de esto es que “sacó el cobre de los partidos políticos demostrando que harán cualquier cosa para mantenerse en el poder”, incluso pecar de ignorancia, nos dijo el ex consejero electoral Javier Santiago.
El especialista nos explicó que la ambición de la clase política no les permite ver que la transferencia de votos viola profundamente no solo los derechos electorales de la ciudadanía, sino la misma naturaleza de los partidos políticos que es ser votados. Si nadie vota por ellos, no tienen razón de existir.
Si los partidos que no logran el mínimo del 3% de votación válida como lo establece el artículo 41 de la Constitución no pierden su registro, se convierten en rémoras que vivirán del erario público, o sea, de las y los electores a quienes no representan.
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Incluso el consejero electoral Ciro Murayama publicó su postura en su cuenta de Twitter, “hasta en la mañanera habían reconocido que era anticonstitucional y les valió”, dijo apuntando la perversidad de la negociación.
Pedían no perder el registro aún sin llegar al 3%
Pero no se quedaban ahí, los aliados de Morena también solicitaron una modificación al artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos para flexibilizar la ley que exige el 3% de la votación total emitida en una elección federal para permitir que los partidos pudieran mantener el registro si lograban ese porcentaje en la mitad más uno de los estados de la República. Esto también se rechazó.
Y, por si hiciera falta, también habían incluido que los partidos puedan guardar los recursos públicos que no ejercieron durante el año fiscal, en lugar de devolverlos a la Tesorería de la Federación, como funciona actualmente.
Una vez eliminadas estas modificaciones y aprobada con 269 votos a favor, 217 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados nuevamente envió la minuta al Senado de la República para su análisis durante el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2023.
Sin embargo, este caso nos muestra el cinismo y la deslealtad de nuestros servidores públicos que no ven más allá de sus propios intereses. ¿Cuándo se dará cuenta la clase política de que nuestro país no es una mina que tienen que explotar a como dé lugar?
