Tal como está planteada en este momento, la reforma eléctrica podría perjudicar a la población mucho más allá de un probable aumento al recibo de la luz, con menos inversión para salud o educación en el largo plazo, de acuerdo con el especialista en temas energéticos Gonzalo Monroy.
La analista independiente Rosanety Barrios está de acuerdo y advierte que en el corto plazo se generará energía más cara y contaminante, pero en el largo plazo el país corre el riesgo de cambiar a un modelo económico cerrado, con menos inversión extranjera y otras consecuencias serias como mayor desempleo.
“Impactará sobre la vida de los mexicanos por un incremento en los costos de la generación eléctrica, además un incremento muy relevante en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y eventualmente un cambio prácticamente de modelo económico”, dijo Barrios.
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Problemas a corto plazo
Para la analista Rosanety Barrios, el problema con la iniciativa de reforma eléctrica es que “implica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupere la capacidad de generación que perdió, que prendan las plantas que ya casi no se utilizan”.
“Y esas plantas son a diesel y combustóleo, con ello estaríamos dejando de usar energía totalmente limpia y barata y la sustituiremos por energía que contamina y es cara”, aseguró.
Además Barrios agregó que el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos hizo público un estudio en el que simula cómo la generación de energía eléctrica del país solo con las plantas de la CFE, y los resultados no son optimistas.
De acuerdo con esa simulación “el costo de la generación de electricidad aumentaría hasta 52% y las emisiones contaminantes hasta 65%. Del lado del Ejecutivo federal nadie ha presentado ningún tipo de estudio que nos permita calcular cuál sería el impacto esperado”.
Por lo tanto, según Rosanety Barrios, las primeras consecuencias que resentirá la ciudadanía a partir de la reforma eléctrica serán tarifas altas –porque va a ser más caro generarla– y más contaminación –porque las plantas hidroeléctricas de CFE funcionan con combustóleo.
El consultor de temas energéticos Gonzalo Monroy comparte estas preocupaciones y agrega que otro impacto inmediato es que aumentaría la probabilidad de apagones, con todo lo que supone para los hogares, negocios pequeños y empresas.
“Sabemos que las plantas de CFE son viejas y que no pueden alcanzar precisamente el 100% –de su capacidad de trabajo–, incluso tienen un promedio de antigüedad de más de 33 años. En otras palabras, no se puede generar suficiente electricidad”, comentó el especialista.
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Impactos a mediano plazo
De acuerdo con Gonzalo Monroy, la reforma implica que CFE tenga que comprar las plantas generadoras de electricidad de los productores independientes, lo cual va a significar más presupuesto.
“No solamente comprarán las plantas sino también todo lo que hubieran ganado en 25 años. Son valores bastante ciertos, porque CFE tiene contratada la capacidad. Es decir que sabe cuáles son los flujos esperados y tiene que indemnizarlos”, aseguró Monroy.
Esto podría provocar que el país tenga que destinar un mayor porcentaje del presupuesto para la CFE, de acuerdo con el especialista, lo cual se va a reflejar en una menor inversión en temas importantes para el país.
“Vimos justamente durante 2020 que le quitaron presupuesto a salud y a educación para dársela a Pemex. Así que algo similar estaríamos viendo”, dijo.
También hay que contemplar “cuál sería el daño al erario mexicano para tratar de cubrir esas indemnizaciones”, aseguró Monroy, lo cual podría traducirse en crisis económica y desempleo.
Rosanety Barrios también vislumbra consecuencias económicas en el mediano plazo, porque la iniciativa “consiste en que la CFE recupere el 16% del mercado del que salió como resultado de que sus plantas son costosas”.
“Ese 16% representa una cuarta parte de toda la inversión privada realizada en el sector eléctrico en los últimos 30 años. Eso quiere decir entonces que esa cuarta parte de todas las inversiones simple y sencillamente quedan inoperante”, explicó la experta.
Y agregó que no cree que se le indemnice a los privados, lo cual podría ser peor. “El director general de la CFE –Manuel Bartlett– ya dijo que no van a pagar ningún tipo de indemnización. Entonces lo que se entiende ahí es que hay confiscación”.
“El Estado mexicano estaría confiscando la cuarta parte de las inversiones privadas realizadas en electricidad en los últimos 30 años. Confiscar es una medida muy difícil de aceptar, de entender y de insertar en nuestros tratados internacionales”, aseguró Barrios.
Esto podría implicar que se echen para atrás los acuerdos y que México deje de ser un país atractivo para la inversión extranjera, de acuerdo con Barrios, lo cual podría no notarse en el mediano plazo porque “los inversores no se van corriendo de los países donde tienen intereses”, pero sí a largo plazo.
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Riesgos a largo plazo
A largo plazo, “seguramente estaremos sujetos a una serie de aranceles. Entonces, olvídate del crecimiento económico. No habría un solo incentivo –para que lleguen nuevas inversiones o para que las empresas que ya están en México amplíen sus plantas–”, dijo Barrios.
“Esto es inflación, desempleo, cero inversión no solamente en la electricidad sino en ningún ramo económico”, explicó.
Para la experta, una grave consecuencia a largo plazo es un “eventual cambio completo de modelo económico” porque otro de los temas que se abordan en la iniciativa del presidente es que la transición energética hacia fuentes renovables quedaría 100% a cargo de la CFE.
“Esto querría decir que una empresa eléctrica que le reporta al Gobierno en turno y que atiende a una agenda política de corto plazo, se va a encargar de decidir qué actividad económica está relacionada con la transición energética”, explicó Barrios.
Y agregó que “bajo esta lógica, una actividad que hoy está abierta completamente a competencia se cerrará. Eso es un giro absoluto en el modelo económico”.
Por último, Gonzalo Monroy ve como otra consecuencia a largo plazo que la ciudadanía mexicana podría perder libertad, algo fundamental en una democracia. “Esta reforma en general le quita libertad de elección a los ciudadanos. Solamente beneficia a la CFE a costa de los consumidores”, dijo.
Y concluyó que “lo que se necesita es energía más barata, más confiable y de forma competitiva. Y, sobre todo, protegiendo al medio ambiente”.
