“Estoy aquí por violencia sexual por parte de mi papá. Cuando tenía alrededor de seis años comenzaron los tocamientos y a los nueve fue cuando ya comenzó la violencia sexual como tal. Tengo dos hijos que son producto de las violaciones constantes que sufrí por parte de él”.
Este es el testimonio de una mujer de 26 años residente de uno de los 75 centros de protección que hay en 22 estados del país que integran la Red Nacional de Refugios (RNR).
Durante 2022, a nivel nacional, la red atendió a 35,285 mujeres, niños y niñas sobrevivientes de violencia, tanto en los refugios, en los centros de atención externa, casas de emergencia y casas de transición como a través de la línea telefónica y redes sociales, nos dijo Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.
Te sugerimos: Estados con Alerta de Violencia de Género son también donde hay más feminicidios
De enero a diciembre de 2022, la RNR atendió a 12,710 mujeres, niñas y niños en los refugios, un incremento de 12% en comparación a las 11,389 atenciones de 2021, añadió la feminista y defensora de derechos humanos.
Durante diciembre de 2022, el centro de atención externa de la RNR tuvo un incremento de 36% en las atenciones a mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia en comparación al 2021.
“Esto refleja que las violencias contra las mujeres no han disminuido, que siguen en aumento y que es importantísimo seguir manteniendo la atención las 24 horas de los siete días de la semana. Incluso del 24 al 31 de diciembre de 2022 tuvimos, por lo menos 10 ingresos a refugios. Situación que no había sucedido en otros años”, nos compartió Wendy Figueroa.
Las mujeres sobrevivientes de violencia que llegan a los refugios, como la joven de 26 años y sus hijos, pasan un proceso de restitución de sus derechos con acompañamiento psicológico, legal y médico. En el refugio pueden estar tres meses o más dependiendo de las necesidades de cada mujer, explica Wendy Figueroa.
Después, si lo necesitan, pueden estar en casas de transición, donde pueden salir a trabajar para ejercer su autonomía económica. Cuando egresan del refugio y de las casas de transición, las mujeres son acompañadas por la RNR durante un año, por medio de un monitoreo.
“No tenía muy claro que mi violentador era un violentador hasta que me lo explicaron aquí. Pasé de ver esa situación como algo muy normal a verla no solo como algo que va en contra de tu integridad, sino que también es un delito”, dice Anli, usuaria del Centro de Empoderamiento de la RNR.
Retrasos en entrega de recursos para refugios 2022
Como lo señaló Wendy Figueroa, durante 2022 la Red Nacional de Refugios tuvo que atender a más mujeres con sus hijos e hijas con menos recursos.
Esto debido a la extinción del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) en diciembre de 2021, el Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos que pasó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Dichos cambios institucionales y administrativos que realizó el gobierno federal provocaron que solo algunos refugios recibieran los recursos de todo el 2022 a finales de junio. Y que otros refugios contaran con el presupuesto hasta agosto y octubre del año pasado, relató Wendy Figueroa.
Con la falta del presupuesto federal, los espacios de atención tuvieron que utilizar su propio recurso emergente, el cual generan a través de recaudación de fondos, ventas de garaje, donativos particulares, de algunos proyectos específicos para poder operar los primeros meses de cada año.
Pero el retraso del gobierno federal en la entrega del presupuesto de 2022 a los refugios afectará su operación en los primeros meses de 2023, porque al menos cinco organizaciones que funcionan en espacios de protección se quedaron sin fondos de emergencia para poder laborar los primeros meses de 2023.
Según nos explicó Wendy Figueroa, históricamente el presupuesto federal no cubre los 12 meses del año. Los lineamientos del gobierno para la operación de los refugios establecen que estos comiencen a recibir el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados a partir de marzo de cada año, “lo cual es grave”.
“Seguimos con la exigencia de que el programa de refugios sea una política de Estado, que significaría tener fondos plurianuales que cubran todo el ejercicio fiscal efectivo (los 12 meses del año y no solo nueve) y que no haya interrupción en la entrega”, sostuvo la directora de la RNR.
“Varias compañeras nos decían, en septiembre (de 2022), que ya no tenían leche para la población infantil de menos de dos años de edad”. El presupuesto tampoco cubre las atenciones médicas como la recuperación de la dentadura que las mujeres perdieron debido a la violencia o el mantenimiento de los espacios. Así que la RNR tuvo que buscar donaciones y recaudar fondos.
Wendy Figueroa señaló que esto “sucede cuando no se etiqueta un presupuesto con perspectiva de género, que tome en cuenta la inflación y con el principio de progresividad. Varias de las atenciones y servicios no se cubrieron al 100% con el recurso federal de 2022”.
En las primeras semanas de 2023, nos dijo, al menos cinco espacios, dos ubicados en la Ciudad de México y tres en el norte del país, no cuentan con el dinero suficiente para pagar los gastos de los servicios básicos como la luz, el gas e incluso los honorarios del personal que atiende los refugios. Así, nuevamente, la RNR se encuentra recaudando fondos, en lo que la Conavim les entrega el presupuesto de 2023.
También puedes leer: Conavim no ha entregado recursos a refugios para mujeres que sufren violencia
Presupuesto con perspectiva de género
Adicionalmente al retraso en la entrega del presupuesto federal de 2022, denunció Wendy Figueroa, 57 refugios -el 80% de los refugios de la sociedad civil a nivel nacional- recibieron menos presupuesto en 2022 en comparación con lo que recibieron en 2021.
Nos dijo que la RNR espera que este año la Conavim entregue en tiempo y forma el presupuesto asignado a cada refugio para 2023 y que no vuelva a ocurrir un retraso tan grave en la entrega como el que hubo en 2022.
Con todo, el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos se encuentra dentro del Anexo 13, destinado para promover la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene un presupuesto asignado de poco más de $460,000,000 de pesos para 2023.
El año pasado la Cámara de Diputados había asignado un total de casi $420,200,000 pesos, que equivalen a cerca de $441,000,000 de pesos de 2023 si se toma en cuenta la inflación. Así que los refugios solo tuvieron un incremento de 4.8%, unos $22,000,000 de pesos más en 2023 que en 2022.
Más sobre el tema: Casas de la Mujer Indígena, discriminadas por el gobierno
Casas de la mujer indígena y afromexicana
Por su parte, Nelsy Marisela Ku Chay, coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Red CAMI), nos compartió que al igual que la Red Nacional de Refugios, durante toda la pandemia y hasta la fecha han registrado un aumento constante en las atenciones a mujeres que viven violencia en las 35 casas de la mujer indígena que hay en 17 estados del país.
Las CAMI es el único programa público en el país orientado a prevenir y atender las violencias contra las mujeres “desde una perspectiva interseccional y con pertinencia cultural”, como explica la coalición de organizaciones mexicanas e internacionales Aliadas por la igualdad y la no violencia.
Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana comenzaron a trabajar hace 20 años en la atención de casos de violencia de género, en temas de salud sexual, salud reproductiva de las mujeres y partos. Las primeras cinco casas se crearon en 2003 y a la fecha suman 35 casas que tienen presupuesto federal por medio del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Nelsy Ku Chay nos explicó que en la Red CAMI reciben a las mujeres en situación de violencia quienes “llegan porque necesitan una contención, una terapia psicológica, un acompañamiento legal, traducción”, pero todas estas atenciones no se logran cubrir todo el año con el actual presupuesto que el gobierno les destina.
De acuerdo con Nelsy Ku Chay, los recursos que cada año hasta 2019 eran entregados a la Red CAMI sumaban alrededor de $30,000,000 de pesos.
En mayo de 2020 y a raíz de la pandemia por COVID-19, el gobierno federal canceló formalmente el financiamiento para esta red que da a través del Programa de Derechos Indígenas del INPI.
A finales de julio de 2020 y ante la exigencia de la Red CAMI, organizaciones nacionales e internacionales feministas y de defensa de derechos humanos, junto con el INPI, lograron que les regresara el 50% del total de recursos que por ley les asignan cada año, recordó Nelsy Ku Chay.
“Desgraciadamente 2020 no se regresó el 100% del presupuesto, solamente se regresó el 50%”.
“Esto hace que pensemos que no somos vistas como mujeres indígenas que trabajamos con mujeres indígenas, que tenemos habilidades y estamos comprometidas con esta labor. ¿O lo que espera el gobierno es que como somos de comunidades debemos de hacer las actividades casi gratis?”, cuestionó Nelsy Ku Chay.
La partida presupuestaria para el bienestar de los pueblos indígenas apenas alcanza para sostener la operación de 35 CAMIS que frecuentemente funcionan a pesar de los retrasos en la asignación del presupuesto, señala la coalición Aliadas por la igualdad y la no violencia.
Nelsy Ku Chay detalló que “el año pasado no se aumentó a pesar de que nosotros insistimos en ese aumento progresivo, pero no se dio. Mantuvieron la misma cantidad de presupuesto”.
Frente al bajo presupuesto que recibe cada casa, nos comentó, “nosotras, por ejemplo, en Yucatán y cada CAMI sabe cómo se organiza para cubrir las guardias, los gastos que se requieren”. Aunque, dijo, no cierran las CAMIS al 100% a veces disminuyen los horarios de trabajo durante los primeros meses del año y “unas compañeras ponen de su dinero para atender a las mujeres”.
La exigencia de la Red CAMI es que el gobierno federal “cree un programa dirigido a la atención de la violencia que sufren las mujeres indígenas, que tenga su propio presupuesto etiquetado. Es lo que se necesita para hacer visibles las acciones que nosotras estamos realizando”, enfatizó Nelsy Ku Chay.
