¿Alguna vez imaginaste una pesadilla que dure cinco meses? Esa pesadilla se hizo realidad para miles de mujeres que durante esta cuarentena se vieron obligadas a convivir con sus agresores, encerradas. Han sido los colectivos y refugios para mujeres los que han tenido que realizar la tarea de ayudar a estas mujeres en peligro.
De todas las instancias gubernamentales que existen para ayudarlas, los Centros de Justicia para las Mujeres, así como los institutos estatales y municipales, son quienes han brindado la mayor atención durante la cuarentena. Sin embargo, algunos sólo han operado al 50% de su capacidad por la contingencia, lo que ha ocasionado que la demanda en los refugios continúe aumentando.
Aunque el gobierno dice ser “el más feminista” de la historia del país, la respuesta ante esta situación ha demostrado lo contario, de acuerdo con lo que nos dijo Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios.
Además, “la disminución del personal de los ministerios públicos impactó de manera desfavorable en las investigaciones, ya que las víctimas no han podido, en muchos de los casos, revisar sus carpetas de investigación ni proponer datos de pruebas”, explicó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, en la conferencia de presenta del 3 de septiembre de 2020.
“Si bien pudimos rescatar el presupuesto para los refugios, aún resulta insuficiente para enfrentar la emergencia derivada por la cuarentena, pues la demanda de servicios se ha incrementado tanto que tenemos 25% de saturación en los espacios de protección”, comenta Figueroa, de la Red Nacional de Refugios (RNR).
Mientras tanto, la Red Nacional de Refugios recibía un promedio de 54 llamadas diarias de mujeres que pedían auxilio ante la violencia que son víctimas en sus propios hogares. El encierro buscaba ponernos a salvo de la COVID-19, pero puso en riesgo a miles que viven violencia intrafamiliar y quienes al no contar con privacidad para hacer las llamadas ni poder salir, por lo que casi una tercera parte de las llamadas fueron realizadas por personas cercanas a las víctimas, como amigas, vecinas o familiares, de acuerdo con el informe Del discurso a los hechos, de la Red Nacional de Refugios.
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Austeridad golpea a las mujeres
El presupuesto para los refugios ha corrido peligro de ser recortado en diferentes ocasiones, sin embargo, algunos han logrado mantenerlo. Con la pandemia, estos centros han demostrado la importante labor que realizan combatiendo la violencia contra las mujeres al brindarles un lugar seguro.
Si los recortes se hubieran llevado a cabo, las 15,180 mujeres, niñas y niños víctimas de violencias que han sido acompañadas y protegidas por la Red Nacional de Refugios no hubieran tenido un lugar seguro a donde acudir.
La Red no sólo les han proporcionado un lugar en el que las mujeres y sus hijas e hijos pueden estar seguras, también contribuyen con despensas y saldos para el teléfono para las exusuarias de los refugios, ayuda psicológica, en algunos casos reubican a las mujeres en otros estados para mayor protección; además, realizaron 28 rescates a nivel nacional estos cinco meses de la cuarentena, de acuerdo con Figueroa.
Pero la austeridad sí golpeó a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Camis), pues únicamente se les ha entregado el 50% del presupuesto etiquetado para 2020, después de tres meses luchando por la liberación total de los fondos destinados a esta causa.
En abril, se tomó la medida de que la austeridad se incrementaría en el gobierno para atender la emergencia sanitaria, por esta razón diversas instituciones sufrieron recortes en los presupuestos, algunos de los afectados fueron los Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al que pertenecen las Camis.
“Una de las maneras que teníamos para informar a las mujeres de la existencia de las Camis, era acudiendo a las comunidades, pegando carteles, hablar directamente con ellas y el perifoneo, pero con la COVID-19 ya no podemos ir porque muchas comunidades están en foco rojo y los recursos ya no nos alcanzan”, comenta Nelsy Marisela Ku Chay, coordinadora de Red de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Red Cami).
Las 35 Camis han tenido que seguir sus operaciones pese al recorte. Sin embargo, es insuficiente, pues no les alcanza para comprar insumos médicos y otros artículos necesarios. Mientras que la difusión para la prevención también se ve interrumpida, nos explica Nelsy Marisela Ku Chay: “Es muy difícil que podamos llegar a las mujeres que lo necesitan por internet y para distribuir la información de otra manera, podríamos pagar el diseño de trípticos, pero no la impresión”.
La mayoría de las mujeres que viven en las comunidades indígenas no cuentan con internet y sólo algunas tienen teléfonos celulares, que muchas veces ni siquiera son personales, es decir, los comparten con el resto de la familia y es casi imposible que tengan la privacidad para llamar a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, de acuerdo con Ku Chay.
“Cómo es posible que se invierta en el baseball o que se esté pensando en incrementar estratosféricamente el presupuesto para el Tren Maya, mientras que no se ha garantizado el 100% del presupuesto a las Casas de la Mujer Indígena (Cami)”, sentenció Wendy Figueroa, coordinadora de la RNR.
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“En el discurso, el presidente dice que este gobierno es el que más ha ayudado a las mujeres. En los hechos se refleja que no es así y prueba de ello es el presupuesto. Sus programas de asistencia pública abarcan la mayor parte, mientras que los recursos destinados a combatir la violencia de género no tuvo aumento”, denunció Figueroa.
Solo 2% del presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Anexo 13) está destinado a la erradicación de la violencia de género –en el que se incluyen Alertas de Violencia de Género y Centros de Justicia para las Mujeres–, de acuerdo con el informe Del discurso a los hechos, de la Red Nacional de Refugios.
El gobierno ha optado por negar la problemática, lo que le permite limitar el presupuesto para atenderla. Ante este vacío, las organizaciones civiles y los colectivos de mujeres son quienes han dado un paso al frente, pero ¿cuánto tiempo más podrá resistir esta situación, sin una política pública clara y definida para combatir la violencia de género?
