El 28 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable el “Decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, un recurso avalado por el Congreso de la Unión para permitir a funcionarios emitir opiniones durante los procesos electorales, en particular respecto a la Revocación de Mandato.
El decreto, publicado apenas el 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, definía a la propaganda como contenidos producidos (escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones) y difundidos con cargo al erario.
Por otro lado, el decreto señala que las opiniones de las personas servidoras públicas no constituyen propaganda gubernamental y que “tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas”.
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Con el decreto, Morena buscaba que funcionarios públicos pudieran promover la revocación de mandato y la resolución les impide hacerlo.
El decreto fue declarado inaplicable por los magistrados electorales porque en él “no se realiza una interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental”, sino que establece una excepción a la prohibición de difundir propaganda de gobierno durante un proceso de revocación de mandato, según explicó el TEPJF en un comunicado.
Una ley con vicios de origen
Al respecto, el sociólogo Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral entre 2008 y 2013, nos explicó que “la ley establece criterios previos a cualquier proceso electoral, en este caso para la revocación de mandato y expuso que modificar estas leyes debe hacerse 90 días antes de la elección, como señala el artículo 105 de la Constitución Política Mexicana”.
Estas reglas permiten a quienes van a contender en una elección, a la ciudadanía y a los jueces, conocer previamente todas esas reglas: “Eso ya de entrada hace imposible que una norma, a unos días, a unas semanas, de un acto electivo, pueda ser modificada de fondo”, dijo Figueroa en entrevista.
Agregó que el decreto tiene en sí mismo un conjunto de dificultades: “No es que no se puedan hacer interpretaciones auténticas en este sentido, que pueden resultar parcialmente útiles en algún caso. Pero la verdad es que se trata de utilizar un instrumento que no corresponde para hacer una modificación cuya temporalidad tampoco corresponde”.
Entrevistado antes de la votación del tribunal electoral, aseguró que ni el INE ni el TEPJF se verían obligados a atender el decreto, pues es contrario a la ley y a la constitución: “Es un mecanismo viciado en su temporalidad”, señaló.
Además de los vicios en el decreto que buscaba permitir a funcionarios y funcionarias promover la revocación de mandato, Figueroa señala que esta figura surgió de un modo muy ineficaz en México.
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Si bien defendió que opinar es un derecho protegido por la libertad de expresión, anotó que el principio de equidad de la competencia política se ve vulnerado por la propaganda gubernamental: “La racionalidad en torno a esto es que al hablar desde el poder público hay dificultades importantes para sostener la equidad y por eso se modificó el artículo 41 de la Constitución y el 134 y el 41 para suspender toda propaganda gubernamental en procesos electorales”.
Detalló que la revocación de mandato en México es producto de un conjunto de yerros sistemáticos en su diseño legislativo, en la intervención del Ejecutivo promoviendo el proceso, e incluso en el trabajo que hizo la Corte al formular la pregunta de la consulta.
“Hoy tenemos un recurso que la Constitución reconoce, pero hecho con insuficiencias y en ausencia de debates importantes respecto de cómo volverlo un proceso equitativo y funcional para los derechos de la ciudadanía”.
“Es un derecho ciudadano”
El senador sin partido Emilio Álvarez de Icaza aseguró que la revocación como está instrumentada en México es “un instrumento de pérdida de confianza de la gente. Es un derecho ciudadano y lo que aquí se hizo fue disfrazar una ratificación de revocación”.
Cuestionado sobre por qué la oposición se niega a participar en un acto que podría acabar con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Álvarez de Icaza apunta que “de inicio hay una corrupción y una perversión de un derecho convertido en una prerrogativa del gobernante; esencialmente ese es un primer problema de origen”.
En segundo lugar, el senador destaca que hay un engaño cuando se pide a la gente que apoye que se ratifique cuando la figura es la revocación de mandato. Y en tercer lugar, señala que hay todo un aparato de gobierno que se utiliza más en el ánimo de ser un instrumento de campaña que en un auténtico derecho ciudadano: “Por eso yo no voy a participar”, dijo en entrevista con Cuestione.
Álvarez de Icaza señala que hay un problema: una manifiesta intención de ignorar lo que pasa en la Constitución y expone los cambios a la propaganda gubernamental que finalmente el tribunal electoral señaló como inaplicables.
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“La Constitución prohíbe muy claramente la participación de servidores públicos. No les importa lo que diga la Constitución, modificaron la ley. Es lo que se llama fraude a la ley”.
Finalmente, apuntó que la causa electoral se reduce a tres tareas: uno, respetar las reglas. Dos, respeto al árbitro y tres, respeto al resultado: “Todo lo demás son derivaciones de esas tareas. En este ejercicio no hay respeto a las reglas, no hay respeto al árbitro y tampoco creo que vaya a respetar el resultado en el caso hipotético de que van a perder”.
Oposición llama a no participar
Para actores políticos como Guadalupe Acosta Naranjo, expresidente interino del PRD, la razón para no participar en la revocación de mandato es muy simple: “Primero, porque nosotros no la pedimos. Nosotros no estuvimos impulsando la revocación”.
“Nosotros no queremos que Andrés termine su presidencia antes, no nos gusta su gobierno, pero es lo normal en la democracia, que no te guste un gobierno no implica que pidas que se acabe porque eso puede causar una inestabilidad permanente”, nos dijo en entrevista.
Además, Acosta Naranjo señala que la revocación es un derecho ciudadano, no del presidente: “Los ciudadanos son los que pueden pedir una salida adelantada. Pero aquí lo que está pasando es que su gente quiere que haya un proceso donde él quiere seguir. Hay una violación al espíritu constitucional, de entrada. Este es un derecho de los ciudadanos, no del que está en el gobierno”.
“Los que están en el gobierno son los que están juntando firmas y andan con el proceso de que sí hay revocación, pero quieren que se acabe. Es un poquito como de paciente bipolar”, dijo.
Entre otras razones, Acosta apunta que en Morena usan la votación de 2018 y la popularidad del presidente como argumento para tener la razón, por lo que no participar en la revocación impactaría en esto.
Para que la revocación de mandato sea vinculante, se requiere que participe el 40% de la población registrada en la Lista Nominal que es de 93,699,497 personas, al corte del 25 de marzo. Es decir, se requiere que sean emitidas 37,479,799 opiniones. Es mucho mayor a la votación de la consulta para enjuiciar a presidentes, en la que participaron 6,663,208 personas y 7 millones más la votación por AMLO en 2018.
“Yo creo que va a tener muchísimo menos de los que sacó en la encuesta del juicio para presidentes”, prevé Acosta Naranjo. “Y ya no va a ser el hombre de los 30 millones. De aquí en adelante, va a ser el hombre de los 15 millones, o menos, y esa va a ser la derrota política de Andrés Manuel”.
Por otro lado, quienes apoyan participar en la consulta de revocación de mandato han argumentado que de no hacerlo, se podrían perder los apoyos sociales que entrega actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Así lo hizo el actor Damián Alcazar, quien a través de un video llamó a la ciudadanía a votar el 10 de abril; en su mensaje, aseguró que de no respaldar el trabajo del presidente, “tarde o temprano regresarán los corruptos de antes”.
“Si no ratificamos a Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente, tarde o temprano van a retirar los apoyos al adulto mayor, a los jóvenes estudiantes pobres, a los niños y personas con discapacidad o los van a disminuir hasta desaparecerlas”, dijo.
Finalmente, pese a todos los problemas que la ley presenta, la revocación de mandato amplía los mecanismos de la democracia directa, como expuso Ana Yaneth Coss en una columna publicada en El Soberano.
“El proceso de la Revocación del Mandato representa un derecho humano de participación porque nos da la garantía de retirar a un gobernante o servidor público de su cargo cuando no cumpla con sus responsabilidades, obligaciones y compromisos llevándolo a perder la confianza ciudadana”.
