Por: Scarlett Lindero y Raquel Prior
¡Premio mayor, premio mayor! Se han identificado a los ganadores de 76 de los 100 boletos premiados de la rifa del avión presidencial (que no rifó ningún avión). Pero el gobierno no es uno de ellos.
De los seis millones de boletos que esperaba vender a 500 pesos cada uno (3,000 millones de pesos en total), al 11 de septiembre, último dato oficial público, sólo se habían vendido 4.2 millones de cachitos (equivalentes a 2,100 mdp). A esa venta falta por restar la comisión de 10% de los puntos de venta (210 mdp). Es decir, con la última información oficial disponible, quedaría una “ganancia” de 1,890 mdp.
Pero todavía faltaría pagar los 2,000 millones de pesos en premios de los 100 cachitos con premio. Al final, el balance de la rifa queda en números rojos.
Aunque de esos 100 cachitos, 24 no tuvieron dueño y el monto del premio desierto le será entregado al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de acuerdo con Excélsior.
El mal negocio del gobierno no queda ahí. 956,000 cachitos (478 millones de pesos) fueron adquiridos por el propio gobierno, según dijo López Obrador, en la conferencia mañanera del 8 de septiembre pasado.
“¿Para qué el sector salud se pone a comprar boletos y no invierte directamente en los insumos médicos que faltan o la infraestructura en salud?”, se pregunta el politólogo Pablo González Ulloa, académico de la UNAM.
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La democracia en riesgo
La rifa del avión es una de las varias pruebas de que “estamos viendo una regresión hacia un patrimonialismo (el poder se concentra en un líder de gobierno) en el ejercicio de los recursos públicos, y ese es un ejercicio indebido de las atribuciones de los funcionarios públicos al presionar a sus subordinados a comprar boletos para la rifa del avión presidencial”, nos explica González Ulloa.
“En los últimos tres sexenios se había podido acotar la concentración del poder en una sola figura, y lo que estamos viendo ahora es un retroceso. La figura presidencial, de nueva cuenta, se ha vuelto central en el discurso político y no hay otros actores capaces de contrarrestar esta narrativa a nivel presidencial”, comenta González Ulloa.
Rifa raya en lo ilegal
Para este sorteo, el gobierno causó un alboroto primero, al cambiar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley para la Administración y Enajenación de Bienes, para que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) pudiera utilizar recursos obtenidos de las subastas de los decomisos y cederlo para los 2,000 millones de pesos en premios, que en teoría contemplaba la rifa.
El Indep lo justificó como gastos en salud, sin embargo, eso es ilegal, ya que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es muy clara en establecer que los recursos públicos deben destinarse sólo a servicios públicos y sociales, nos explica el Dr. David Arellano, experto en administración pública e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Vemos que (como pasó en sexenios anteriores) no hay contrapesos dentro de la administración pública, no hay un Congreso autónomo porque se ajustan las leyes al mandato presidencial y los servidores públicos están en un estado de indefensión porque ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) está vigilando todos estos procesos”, nos dice Arellano.
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Los deseos del presidente por encima de los trabajadores
“Compra tu cachito. Hagamos historia”, decía el presidente López Obrador apenas el 24 de agosto. “Habiendo tanta pobreza esto es un insulto, este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga, lo vamos a utilizar en comprar equipo médico y atender al pueblo”, prometió en sus redes sociales.
Los altos mandos de la administración pública federal fueron presionados para comprar boletos de la rifa, de acuerdo con lo que difundieron diferentes medios, como Televisa, La Silla Rota o Reforma.
Los ganadores
Los hospitales que resultaron ganadores usarán el premio para comprar equipo, medicamentos, material de curación y fortalecer las instalaciones. Además deben formar un comité para decidir en qué invertirán el dinero y cómo rendirán cuentas.
Entre los ganadores están un kínder en Nuevo León, tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 20 millones de pesos cada uno.
Los boletos que no se vendieron se tenían que devolver antes del 13 de septiembre. Los vendedores que decidieron no hacerlo para seguir ofertándolos al público, tenían que cubrir su costo.
Con cambios a la legislación y violaciones a la ley, la rifa del avión presidencial resultó ser un mal negocio: de los seis millones de boletos que se tenían planeado vender, solo se vendieron 4.2 millones. Mientras la aeronave “José María Morelos y Pavón”, sigue estacionada en espera de un posible comprador.
