Las tensiones entre los tres poderes de México están creciendo. Por un lado, el Ejecutivo -encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador- confía en que el Legislativo hará uso de la mayoría simple de Morena y sus aliados para aprobar reformas insignia de la 4T; por otra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado reveses a las mismas, señalando descuidos en el proceso legislativo.
Esto pasó con la declaración de inconstitucionalidad del llamado Plan B por nueve de los 11 ministros y ministras de la Corte, al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo.
No es la primera vez que la Corte le da indicaciones al poder Legislativo para acatar una resolución, dar marcha atrás e incluso legislar sobre algún tema de interés nacional como lo han sido la despenalización de la interrupción del embarazo y del uso recreativo de la marihuana.
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Sin embargo, las y los legisladores le han dado maratónicas vueltas a estos dos grandes temas -el aborto y la cannabis- sobre los que la Corte ya declaró la inconstitucionalidad de su prohibición ante lo que recibió del poder Legislativo tan solo solicitudes de prórroga y faltas de consenso.
Aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tardó años a pesar de presión de Corte
Entonces ¿tiene o no la SCJN las herramientas y el poder suficiente para obligar a las y los legisladores a atenerse a sus determinaciones legales?
Luis Enrique Pereda Trejo, profesor de Derecho Constitucional del ITAM, nos explicó que el mismo diseño constitucional en el que se basó la creación del Poder Supremo de la Nación -o sea, los tres poderes- hace que cada uno deba ser un contrapeso para el otro, es decir la Corte no cuenta con mayores herramientas para forzar al poder Legislativo de las que tiene para forzar al Ejecutivo y viceversa.
El especialista recordó otro caso semejante con la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por el Senado de la República que busca homologar los procedimientos en los estados, como pasó con el Código Penal en 2011.
“El Congreso de la Unión tenía la obligación de sacar el Código Nacional Civil y Familiar y no lo sacaba. La gran pregunta, ¿qué poder tiene la Suprema Corte para obligarlo? Llevado al extremo tendría que destituir al funcionario público que no le hace caso. En un tema del Legislativo, ¿a quién? ¿Al presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores? ¿O a toda la Cámara?”, cuestionó Pereda.
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Y no vayamos tan lejos, lo mismo está sucediendo en estos momentos con la orden que dio la SCJN al Senado de la República para que nombren a un comisionado que sustituya a Francisco Javier Acuña Llamas en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quien concluyó su periodo el 31 de marzo de 2023.
Desde esa fecha, el INAI se quedó sólo con cuatro comisionados y para poder sesionar se requieren al menos cinco de los siete que deben conformar el Pleno del Instituto de Transparencia.
Sin un quinto comisionado, se imposibilita el ejercicio del derecho humano al acceso a la información establecido en el artículo 6 constitucional, pero de nueva cuenta tenemos que preguntarnos, ¿el Senado acatará estas indicaciones?
El estira y afloja del poder político
En la teoría, y en el mismo diseño constitucional, las resoluciones de la SCJN tienen toda validez porque fueron tomadas por un tribunal constitucional en ejercicio de sus facultades, pero en la práctica es un estira y afloje político, nos dijo Luis Pereda.
Pereda explicó que esto es una característica natural del ejercicio del poder político en un sistema de pesos y contrapesos.
“Ahorita tú y yo nos estamos ‘rasgando las vestiduras’ al decir ‘cómo es posible que el Congreso no le haga caso a la Suprema Corte’, pero si le preguntas al Congreso de la Unión qué opina de lo que hizo la Suprema Corte al resolver una acción de inconstitucionalidad donde tiró una un par de leyes que son llamadas el Plan B, el Congreso te va a decir ‘son jueces no legisladores’”, advirtió el especialista.
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Nuestro sistema de poderes no es perfecto, nos dijo el especialista, pero por sí mismo funciona bien para un régimen democrático. El obstáculo de todo esto es cuando el régimen político se empieza a desviar hacia líneas totalitarias o autoritarias, ya que si no lo operan demócratas, no sirve para nada.
No es ninguna novedad que el factor humano influye hasta en los mecanismos más finos y que la efectividad de los procesos legislativos y judiciales recae más en quién los opera y para qué los opera.
El juego no es quedarse con las fichas del otro, sino repartirlas en cantidades iguales para que cada uno de los poderes pueda hacer su trabajo: velar por el bienestar de la ciudadanía, concluyó Luis Pereda.
