La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene un largo historial de casos de violencias en contra de las mujeres. Hostigamiento sexual, intentos de violaciones, homicidios, alumnas desaparecidas, como Mariela Vanessa Díaz Valverde, de 21 años, quien desapareció desde 2018 y aún no se sabe nada de ella, y feminicidios como el de Lesvy Beltrán Osorio, de 22 años, asesinada en 2017 por su novio dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria.
En total, han sido presentadas 1,444 denuncias por violencia de género en la UNAM, entre agosto de 2016 y abril de 2020, de las cuales 70% han terminado en algún tipo de sanción para el agresor (que van desde la separación del cargo temporal (hasta por un año), nos explicó Annel Tagle Varela, coordinadora de la Implementación del Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género de la UNAM.
Sin embargo, Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario, declaró a finales de 2019 que en ese año no se había sancionado a un solo profesor o administrativo.
Para llevar estos casos, en 2016 la UNAM creó el Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género (a cargo de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM), para que las denunciantes (alumnas, administrativas y personal académico) sean asistidas y acompañadas por abogadas especializadas durante todo el proceso de denuncia ante las unidades jurídicas de la UNAM.
Este Protocolo, que en 2019 ejerció casi 800 mil pesos, en los primeros cuatro meses de 2020 apenas había desembolsado 12 mil pesos (la mayor parte de ellos en publicidad), de acuerdo con información obtenida por Cuestione vía transparencia.
De acuerdo con Tagle Varela, esto se debe a que aún se están haciendo “ajustes en el presupuesto del protocolo”. Afirma que aún podría haber más modificaciones por el ajuste presupuestal del gobierno federal por la emergencia sanitaria del COVID-19.
El recorte en violencia de género
En 2019, la UNAM gastó 170 mil pesos en “procedimientos alternativos para la atención de casos de violencia de género”, es decir, en ayudar a las víctimas a tener algún tipo de acuerdo de conciliación con su agresor. En 2020, con 26 casos pendientes en este sistema, no se había gastado ni un solo peso en su resolución, a pesar de que las Unidades de Atención a Víctimas (en donde se resuelven) estuvieron trabajando hasta finales de marzo.
Fuente: Solicitud de información F6440000027920
Otra área afectada con el recorte de presupuesto es la de capacitación en el seguimiento de casos de violencia de género para las personas en las áreas jurídicas de la UNAM. Mientras que en en 2019 se habían ejercido 45 mil pesos menos que en 2018 (75 mil pesos en lugar de 120,000), en 2020 no han gastado un solo peso, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.
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Recorte al presupuesto, no a la violencia
El problema principal es que además de sufrir la violencia sexual, verbal, psicológica, digital o laboral, las mujeres son, también, víctimas de la violencia institucional, pues en muchas ocasiones las alumnas se niegan a denunciar por las represalias o a ser revictimizadas por los directivos de la propia universidad, nos explicó Isabel Salazar de la Torre, académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, quien además es orientadora del Protocolo de Género.
En 2019, el año en que más de 20 planteles de la UNAM se fueron a paro por el hartazgo en la impunidad de los casos de violencia de género, el Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género sufrió un recorte de 11%, de acuerdo con información de la propia universidad, aún cuando su presupuesto general aumentó 4%.
Además, se destinó 38% menos recursos para la capacitación del personal que se encarga de dar seguimiento a los casos de violencia de género, de acuerdo con la información de la UNAM.
Estos recortes se debieron, principalmente, “a las políticas del gobierno en materia de austeridad, pues en general las oficinas de la UNAM tuvieron que ajustar su presupuesto y algunos proyectos aunque sin sacrificar los compromisos que se tenían por parte de la UNAM para aplicar el protocolo”, nos explicó Annel Tagle Varela, la coordinadora de la Implementación del Protocolo.
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Complicidad e intereses frenan las denuncias
Diana y Karla no se conocen, de hecho las separa toda la ciudad. La primera estudia en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y la segunda en Ciudad Universitaria. Sin embargo, las une el haber sido acosadas por profesores de la UNAM y que sus agresores siguen impunes y sus casos son parte de una estadística de impunidad.
Diana lleva esperando un año, desde que denunció, a que el profesor que la acosó sea sancionado; Karla ya va para cuatro. De ambos casos Cuestione tiene copias de las denuncias.
“Aunque ha pasado tiempo, no deja de resonar en mi cabeza las frases que me decía, muchas veces entre gritos: ‘eres mi achichincle’, ‘me perteneces’ o ‘no sabía que las mujeres pensaran”, dice Karla en entrevista.
López Betancourt, como presidente del Tribunal Universitario, reconoció que las denuncias por violencia de género no prosperan ni llegan a la máxima instancia, debido a la complicidad entre directivos y profesores.
Annel Tagle asegura que la Abogacía General hace lo posible por dar seguimiento y monitorear los casos que se inician con Protocolo, sin embargo, corresponde al Tribunal Universitario y a un consejo técnico tomar la última decisión en la resolución de los casos.
Además está el hecho de que las mujeres, muchas veces, prefieren no denunciar por “el miedo a ser juzgadas, porque la institución te da la espalda (lo que) ha impedido que las denuncias lleguen a su término”, lamenta Salazar. Sin embargo, asegura que las unidades de género están constantemente trabajando para que haya una cultura de la no violencia en la Universidad y que el Protocolo pueda ser realmente efectivo para las alumnas.
Por eso es que una de las demandas principales de las alumnas paristas de la UNAM ha sido que se reabran las investigaciones en las denuncias y que se investiguen con mayor transparencia y perspectiva de género (sin represalias y condenas sociales) .
Uno de los logros recientes de estas manifestaciones y paros fue la reforma del Estatuto General, este año, para considerar a la violencia de género como una “falta grave”, así como la paridad de género en la integración del Tribunal Universitario.
Las alumnas paristas que tomaron las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Políticas, por más de dos meses, entregaron las instalaciones por la contingencia por COVID-19; sin embargo, las demandas para eliminar la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual, y que sus aulas vuelvan a ser seguras aún están pendientes.
