La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del consumo de marihuana en 2018 y el Poder Legislativo no solo lleva dos años y medio sin cumplir con la labor de crear su regulación, sino que sigue atentando contra el derecho de seguridad jurídica de la ciudadanía.
Aunque puede parecer que la legalización del consumo recreativo de la marihuana ya es en sí un gran triunfo para las libertades de las y los mexicanos y su libre desarrollo de la personalidad, aún no existen normas que dejen claras las reglas del juego.
De esta manera, cada día que la Cámara de Diputados no aprueba un dictamen para regular su mercado se sigue violando el derecho de la ciudadanía a tener certeza jurídica, de acuerdo con Víctor Gutiérrez, director de litigio de la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Más sobre el tema: La prohibición del uso recreativo de la marihuana viola el libre desarrollo de la personalidad, pero ¿qué es ese derecho?
Esto no solo afecta a los consumidores, sino también a productores, transportistas, proveedores de almacenamiento y un largo etcétera en la cadena de distribución que siguen sin saber hasta dónde se está violando alguna norma o no.
Todas estas personas “necesitan saber si habrá permisos de comercialización, de siembra, de cultivo, de transporte. O sea, igual que en el uso medicinal del cannabis, estamos a la deriva y eso sí es una violación de derechos humanos”, nos explicó Gutiérrez.
La seguridad jurídica
El abogado constitucionalista y colaborador de Cuestione Luis Enrique Pereda nos explicó que la seguridad jurídica es tener certeza sobre las reglas del juego, tener todo claro para predecir el camino basándonos en las normas y las instituciones.
Aunque la Suprema Corte ya haya establecido que es inconstitucional prohibir el consumo recreativo de la marihuana, las dependencias de gobierno como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) seguirán sin dar premisos porque se basan en la norma escrita, y está actualmente no existe.
De acuerdo a lo que platicamos con Pereda Trejo en esta nota, la seguridad jurídica es fundamental para instancias como las empresas, que necesitan tener claras las reglas del juego para invertir su dinero con la certeza de que no cambiarán las normas.
En el caso de la marihuana por más legal que sea ya su consumo recreativo, seguimos sin saber bajo qué condiciones y cantidades, si solo será para autoconsumo, si se le dará prioridad a pequeños productores locales y un largo etcétera, según Gutiérrez de MUCD.
“Es necesaria la regulación. La Corte borró de la Ley General de Salud que solo había permisos para uso medicinal y para investigación, pero creó un vacío. Y ese vacío es responsabilidad del Congreso de la Unión, poner las reglas del juego”, explicó.
Además agregó que el mercado para consumo recreativo se encuentra igual que el mercado para uso medicinal, en el que nadie sabía si podía practicar el autoconsumo, hasta con cuántas plantas, si se podían importar medicamentos de laboratorio, entre otras dudas.
Y como las instituciones no saben, “entonces, ante la duda, prohibirán todo”.
Seguramente te interesa: Tamaulipas, estado con mayor tasa de desaparición de mujeres
Poco interés de la 4T en regular la marihuana
Para Víctor Gutiérrez de MUCD ya se dio un gran paso al declarar inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de la marihuana, porque ahora cualquier persona que así lo desee puede pedir permiso a Cofepris.
“Desde el punto de vista jurídico y protección de derechos, ya hay una vía. Se podría argumentar que existe discriminación económica y otros factores que imposibilitan su consumo, pero ya no hay prohibición absoluta”, explicó el experto.
Y agregó que “ahora en lugar de necesitar un amparo (para consumir en tu casa), necesitas una denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad y el proceso sigue siendo el mismo, solo que en vez de tardar un año y medio te tardas cinco meses”.
Gutiérrez también nos explicó que es posible que la regulación arroje beneficios económicos para el país, sin embargo según su punto de vista no es indispensable su comercio, sino garantizar seguridad jurídica a la ciudadanía.
“Sí se necesita que el Congreso establezca una regulación, y ya existen varios dictámenes que conocen los legisladores y que contemplan diferentes modelos. Ya existen, pero el Gobierno, particularmente la Secretaría de Salud y presidencia, decidieron ignorarlos”, concluyó Gutierrez.
¿En algún momento de este sexenio el Congreso de la Unión dejará de violar nuestro derecho a la seguridad jurídica? ¿O tendremos que esperar al siguiente?
