Por Gabriela Gutiérrez y Scarlett Lindero
Parece broma pero no lo es. Le preguntamos a la Secretaría de Bienestar por transparencia cuántos Servidores de la Nación están asignados a cada programa social del gobierno federal, cuánto ganan, qué dieta reciben para su operación y detalles sobre los supuestos logros que han tenido, entre otras cuestiones.
Lo que la dependencia entregó por respuesta fue copia de dos oficios de dos distintas direcciones de su estructura, la de Recursos Humanos y la Coordinación de Delegaciones, echándose la pelota la una a la otra.
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“Ésta es una práctica de opacidad, claramente. Hay una violación de derecho a la información”, nos dice Alejandro Torres, ex consejero del Instituto de Información Pública de la Ciudad de México, y consultor independiente en temas de transparencia. “Tanto por cada unidad administrativa que respondió, como por la unidad de transparencia que se lava las manos”.
El riesgo en tiempo electoral
Conocer qué hacen y quiénes son los Servidores de la Nación es importante en cualquier momento, pero cobra más relevancia en tiempos electorales como los que vivimos ahora, de frente a los comicios más grandes de la historia de México. Es importante transparentar el actuar de los funcionarios para asegurarse de que no realizan actividades proselitistas.
Estos funcionarios son operadores del gobierno, que son parte del proceso de la vacunación contra COVID-19 en todo el país y entregan los programas sociales, por lo que es vital saber cómo funciona su estructura, nos dice Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral, una consultoría especializada en temas electorales, en entrevista con Cuestione.
El primer interesado en demostrar que los Servidores de la Nación actúan con transparencia tendría que ser el propio gobierno federal. “Deberían tomar la iniciativa, transparentar la información proactivamente (sin necesidad de que algún ciudadano se lo solicite) y demostrar que no tienen un manejo político o electoral para favorecer a candidatos o partidos”, advierte Torres.
“Por lo delicado del tema, es que se puede prestar a manipulación electoral y condicionamiento del voto, y deberían darle más luz”, agrega Torres.
En diciembre de 2019, el Tribunal Electoral determinó que ocho Servidores de la Nación, así como 14 delegados estatales y 21 subdelegados regionales habían promocionado los programas sociales con la imagen del presidente. Recordemos que ese año se celebraron elecciones en cinco estados (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas) y una extraordinaria (Puebla).
En marzo pasado, la Sala Superior del mismo Tribunal ordenó revisar de nueva cuenta el caso de los “Servidores de la Nación”, “con el fin de verificar si hay responsabilidad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Bienestar, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar y el coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal”, por ese mismo caso.
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Más opacidad e irregularidades
La figura de Servidores de la Nación nació en este gobierno para acercar a las personas que lo necesitaran con los programas sociales federales. Sin embargo, desde su creación han sido foco de opacidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que estos servidores públicos habían operado con contrataciones irregulares, nóminas sin comprobar, pagos duplicados y algunos hasta con doble plaza en la Secretaría de Bienestar, como documentamos en esta nota.
El problema es que como esta figura nació apenas ahora, no queda claro si son servidores públicos, voluntarios o ayudantes, por lo tanto sus funciones tampoco están reguladas y no hay forma de sancionarlos, nos dice Arturo Espinosa.
Lo que sí sabemos de estos funcionarios públicos es que cuestan al erario más de 2,000 millones de pesos al año. Y, de acuerdo con el portal del gobierno federal Nómina Transparente, tienen salarios que van desde los 8,482 pesos hasta los 52,798 pesos netos mensuales.
Si los Servidores de la Nación van a estar detrás de cada programa social federal y de proyectos urgentes, como la vacunación contra la COVID-19, es urgente que se transparente cada característica de quiénes y cuántos son, cuánto ganan, qué hacen, en dónde operan.
