A pesar de las promesas, en lo que va del sexenio el gobierno federal ha disminuido el presupuesto de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En 2018 el monto total que se destinó a las instituciones que integran este sistema fue de poco más de $90,500 millones de pesos y para el 2023 se propone destinar cerca de $80,140 millones de pesos, que es 11% menos que el presupuesto de hace 5 años, de acuerdo con el Presupuesto aprobado de 2018 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2023.
Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa anticorrupción de la organización civil México Evalúa, nos explicó que “a lo largo de estos cuatro años lamentablemente se ha visto un debilitamiento presupuestal en términos reales” en la lucha anticorrupción.
Esto porque el presupuesto para dichas dependencias fue recortado de manera importante de 2018 a 2019. Y aunque el monto para el 2023 hay un incremento del 3%, con respecto al presupuesto de 2022, este no compensa los recortes que han sufrido las dependencias del Sistema Nacional Anticorrupción a lo largo del sexenio.
Las siete dependencias que forman el Sistema Nacional Anticorrupción son la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.
El investigador detalló que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las tres instituciones responsables para la prevención y detección de la corrupción suman recortes importantes.
Por ejemplo, el INAI acumula un recorte en los cuatro años de la actual administración de 18.6%, al pasar de $1,308 millones de pesos en 2018 a $1,065 millones de pesos en el presupuesto propuesto para el siguiente año.
La SFP en lo que va del sexenio ha acumulado un recorte de casi la tercera parte de su presupuesto, el 33.1%. En 2018 esta secretaría tuvo un presupuesto de $2,292 millones de pesos y para el 2023 tendría $1,533 millones de pesos.
Y la Auditoría Superior de la Federación trae un recorte global en todo el periodo de 4.7%. Hace cinco años tuvo un monto de $2,954 millones de pesos y para el 2023 su presupuesto sería de $2,815 millones de pesos, de acuerdo con el análisis de Marco Fernández.
Fuente: México Evalúa
“Al observar esta dimensión de recortes en áreas fundamentales de esta materia, ¿realmente hay un compromiso del Estado mexicano por tratar de atender el problema de la corrupción y disminuir los problemas de impunidad?”, cuestionó Marco Fernández.
“Si de entrada no tienes el dinero para poder contratar suficiente personal bien capacitado, con salarios dignos, para que se evite la tentación de que ellos mismos sean sujetos de corrupción, es difícil realmente tener acciones eficaces sobre sobre la materia”, consideró.
De acuerdo con el análisis de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la asignación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023 a las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción representa 0.96% del total del PPEF, “lo cual es insuficiente para contribuir de manera efectiva a las causas estructurales de la corrupción“.
Anexo Transversal Anticorrupción del PEF
En agosto de 2017 se dio a conocer la conformación de un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuyo objetivo es identificar quiénes y cuánto presupuesto destinan a combatir la corrupción. Así, por primera vez, se incluyó el Anexo Transversal Anticorrupción en el PEF de 2018.
El ATA surgió a partir de la metodología que desarrolló la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para solicitar, en primer lugar a las instituciones que forman oficialmente parte del SNA, la información sobre los recursos que destinan a actividades anticorrupción, señaló Marco Fernández.
La incorporación de este Anexo marcó un avance para la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, en el PEF de 2019 y 2020 no se contempló su incorporación. El ATA volvió a incluirse para el ejercicio fiscal de 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del SNA.
Más instituciones al Anexo Transversal Anticorrupción 2023
La Secretaría de Hacienda etiquetó, en el PPEF 2023, para el Anexo Transversal Anticorrupción un total de $6,711 millones de pesos, lo que significa un incremento real del 81% respecto al presupuesto de este anexo de 2022 que fue de $3,708 millones de pesos, destaca la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Sin embargo, este incremento no quiere decir que todas las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción hayan etiquetado más recursos en el anexo, sino que la Auditoría Superior de la Federación se integra en dicho Anexo y aporta $2,815 millones de pesos.
Los aportes presupuestales de la ASF representan el 42% del total del anexo transversal, le sigue el CJF con 24% de sus recursos y después la SFP con 18%. Estas tres instituciones aportan 84% del Anexo Transversal Anticorrupción y las demás instituciones aportan el 16% restante del presupuesto para este anexo, nos expuso Anaid García Tobón, investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
Además de la Auditoría Superior de la Federación, otras 12 entidades también se integraron al Anexo Transversal Anticorrupción, como la Secretaría del Bienestar, el CONACYT, el Archivo General de la Nación, la SEP, el Inmujeres, entre otras.
Pero al no ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario que se clarifique qué acciones realizarán estas entidades en materia anticorrupción y cómo aportarán a avanzar en las prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción, subrayó Anaid García.
Más recortes que aumentos en el Anexo Anticorrupción
Además, el Anexo Transversal Anticorrupción del PPEF para el 2023, contempla 21.7% de aumento para la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. En 2022 tuvo un presupuesto total de $183,531,953 y para el siguiente año serían $223,363,087, según Fundar.
Pero a pesar de que el presupuesto de esta fiscalía ha tenido un aumento en los cuatro años, no es suficiente, señaló Marco Fernández: “no es nada, por eso tiene tan poco personal a su cargo y no sorprende que no tienen resultados que pudiera presumir o acciones efectivas en la materia”.
Dentro de este anexo también está la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se suma a las instancias que tendrán recortes en 2023, con 3.98% menos a su presupuesto destinado a la lucha anticorrupción. En 2022 se le asignaron $165,597,999 y para el 2023 tendrá $158,995,760, apuntó Anaid García.
Otros recortes presupuestales dentro de este anexo son para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tendrá una reducción del 21.9% de sus recursos respecto a 2022 al pasar de $8,891,880 a $6,942,390.
También la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones tendrá una disminución del 7.4%, en 2022 tuvo $83,297,986 y en 2023 tendría $77,074,431.
Los recursos etiquetados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Anexo Transversal Anticorrupción también enfrentaría una reducción del 12%. Y el Consejo de la Judicatura Federal tendría 3% menos en su presupuesto para 2023, resaltó la investigadora.
De las dos instituciones que tendrán aumentos del presupuesto destinado a las tareas contra la corrupción está el INAI que registra un aumento presupuestal en el Anexo de 70.4%, al pasar de $49,081,848 en 2022 a $83,658,485 para el 2023.
Como nos expuso Anaid García, debido a los recortes presupuestales, “no se observa progresividad en la asignación de recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción. Aún queda pendiente que las instancias realicen un análisis a profundidad de las acciones anticorrupción que realizan y destinen esos recursos al Anexo”.
Finalmente, nos dijo, “es importante que el Anexo Transversal Anticorrupción se encuentre en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria ya que esto daría formalidad para que haya una continuidad en su establecimiento en años posteriores más allá de la voluntad de los legisladores. Recordemos que en 2019 y 2020 no se integró el Anexo Transversal Anticorrupción”.
