Solo 10 estados consideran delito “grave” la violencia política de género

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Cuando Jaquelina Escamilla, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, la capital del estado, organizó una conferencia virtual, el 22 de mayo  pasado, sobre la interrupción legal de embarazo –apenas aprobada en Oaxaca en septiembre pasado–, nunca pensó que eso la llevaría a perder su trabajo cinco días después, el 27 de mayo.  

Oswaldo García Jarquín, presidente municipal de Oaxaca y quien era jefe de Escamilla, le pidió a la entonces directora del instituto transmitir una conferencia llamada “Preservar la vida, la máxima necesidad en este tiempo”. Ella intentó acatar la instrucción, pero por problemas técnicos no se pudo realizar. 

“Sufrí de violencia política y también abuso de poder, pues interfirió en las decisiones que se toman dentro del instituto. Violó mis derechos políticos y laborales, al despedirme de manera injustificada” narra Escamilla en entrevista con Cuestione

Un día después de que Escamilla perdiera su trabajo, el congreso de Oaxaca aprobó reformas para armonizar sus leyes a la reforma política de siete leyes generales a nivel nacional, del pasado 13 de abril, que tipificaban a la violencia política de género como un delito grave. 

Esto significa que, de comprobarse la responsabilidad de las personas involucradas en el despido de Escamilla, éstas podrían ser sancionadas, incluso, con la cárcel. 

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Otro de los grandes cambios que trajo consigo la reforma para reconocer a la violencia política de género como un delito grave, es que se podrán solicitar medidas cautelares, preventivas de protección y de reparación a las mujeres que estén siendo violentadas en sus derechos políticos al Tribunal Electoral Federal, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los institutos electorales locales. Además, la Fiscalía General de la República tiene la facultad para crear una Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género.

Hasta el momento, sólo 10 de las 32 entidades del país han homologado sus leyes locales con las nacionales, como indica la reforma: Michoacán, Campeche, Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa, Morelos y Guerrero,  según explicó la diputada federal Martha Tagle en la conferencia virtual del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, el pasado 3 de junio. 

En la misma conferencia se exhortó a los estados faltantes a armonizar sus leyes locales con la nacionales. Los estados que no han cumplido incluyen a: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que no han avanzado en homologar las leyes.

Estados van con retraso

En las elecciones de 2021 se elegirán 3,528 representantes populares, de acuerdo con el INE, lo que lo convierte en el ejercicio electoral más grande de la historia. “Por el número de cargos es importante que se garantice que la reforma de violencia política contra las mujeres se va a aplicar, para que las mujeres tengan todas estas herramientas en la contienda”, dice Lorena Vázquez Correa, investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en entrevista con Cuestione.

“El artículo 105 constitucional señala que las reformas electorales deben aprobarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral en el que van a aplicarse. Para poder aplicarlas en el proceso electoral 2020-2021, que inicia en septiembre, deberían aprobar las reformas antes de que acabara mayo”, explica Vázquez Correa. 

Los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y la Ciudad de México debían homologar éstas leyes antes del 30 de mayo, ya que su proceso electoral inicia en septiembre, sin embargo, no lo hicieron ya que sus períodos legislativos concluyeron ese día. 

Las reformas aprobadas el 13 de abril son “de carácter general”, es decir, distribuyen competencias a autoridades locales y, desde el momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cuentan con las facultades para cumplir sus responsabilidades, es decir, los estados deben cumplir con estas responsabilidades. 

¿Qué es la violencia política por razones de género?

La reforma aprobada el 13 de abril define a la violencia política contra las mujeres en razón de género como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.

“Sufrimos violencia política por atrevernos a acceder a un cargo, ya sea de representación política o servidora pública. En pleno 2020 esto aún incomoda a las autoridades”, comenta Jaquelina Escamilla. 

La violencia política contra las mujeres aumentó en las pasadas elecciones, como consecuencia de la exigencia de la paridad de género. “Buscan inhibir la participación de las mujeres” que, en ocasiones, incluso se traducen en agresiones físicas que atentan contra la vida de las mujeres y su integridad, explica Vázquez Correa.

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En 2018, cuando fue electo presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 17 denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de género, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). En 2019, cuando solo hubo elecciones en seis estados, se registró el mismo número de denuncias. 

Sin embargo, existe una cifra negra porque las mujeres no saben identificar la violencia política contra las mujeres, según explica el informe Subordinadas y bellas. La violencia política contra las mujeres en prensa y redes sociales durante el Proceso Electoral Local 2018-2019

Dicho estudio, elaborado por el INE, señala que durante las pasadas elecciones 48 de cada 100 mensajes pretendían desprestigiar a las candidatas, y que 78 de cada 100 mensajes en las plataformas digitales y en la prensa incluían roles estereotipados sobre las mujeres, mientras que el resto mencionaba atributos estereotipados. Todos estos mensajes constituyeron ataques de violencia política contra las mujeres.

La reforma para castigar la violencia política de género puede ser el inicio de una democracia en la que las mujeres se vean representadas y puedan participar activamente en la toma de decisiones, sin temor a represalias o discriminación por el simple hecho de ser mujer. Podría ser el inicio de un méxico más equitativo.

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