En 2006, Erika tenía 17 años y cursaba la preparatoria. Entonces supo que estaba embarazada, pero decidió que no estaba lista para ser madre. Entre ella y su novio acordaron que interrumpirían el embarazo. Acudieron a una clínica clandestina en Ecatepec, municipio del Estado de México. Al llegar le dieron unas pastillas para “prepararla” y después la pasaron con el médico para hacer un legrado.
Algo salió mal. Quien dijo ser médico no pudo contener una hemorragia. Su novio la llevó de emergencia a una clínica privada y avisó a la madre de Erika. “Desde que llegué, las enfermeras y la doctora que me recibieron me trataron mal. Me decían que eso me merecía por tratar de abortar”, recuerda Erika, en entrevista con Cuestione. “Mi madre solo se soltó a llorar”.
Pasó dos noches en esa clínica. Dos años más tarde, nuevamente quedó embarazada y nuevamente decidió que no estaba lista. Solo que en ese momento, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) ya estaba permitida, hasta la semana 12 de gestación, en la Ciudad de México.
“No me siento orgullosa de haber abortado dos veces. Pero sé que de haberlo tenido hubiera desgraciado la vida del bebé y la mía”, dice Erika. Aunque entre Ecatepec y la Ciudad de México hay unos 20 kilómetros de distancia, para Erika la diferencia radica en que, en el Estado de México casi pierde la vida, mientras que en el segundo todo ocurrió sin complicaciones.
En México, el acceso a la interrupción legal del embarazo es desigual para las mujeres. Todo depende de en dónde vivan o si pueden pagar su traslado a una entidad, como la Ciudad de México o Oaxaca, en donde el aborto es legal y, por lo tanto, seguro. De las 34 millones de mujeres en edad reproductiva (de los 15 a 49 años) que hay en el país, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (2019), sólo 3.6 millones (habitantes de la CDMX y Oaxaca) podrían acceder a un aborto legal y seguro, es decir, solo una de cada 10 (11%).
Las diferencias en las legislaciones de cada estado hacen que las mujeres tengan que trasladarse a otros lugares, practicarse abortos clandestinos o a finalmente dar a luz a hijos no deseados.
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Bajo qué causas puede abortar una mujer en México
Hay ocho causales reconocidas por las que las mujeres pueden interrumpir su embarazo, sin embargo, varían las que aplican en cada estado, de acuerdo con una revisión de los códigos penales locales y federal que hizo Cuestione.
En las 32 entidades –así como en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-46)– se reconoce la violación como una razón para interrumpir legalmente el embarazo. Sin embargo, sólo 13 estados permiten abortar si la salud de la mujer está en riesgo.
Además, 14 lo permiten en caso de que el feto tenga alteraciones genéticas graves; 14 en caso de que la concepción se haya dado por inseminación artificial no consentida; mientras que solo Michoacán y Yucatán permite el aborto por causas económicas, es decir, cuando la mujer alega no ser capaz de poder alimentar y procurar adecuadamente al bebé.
Y solo dos, Ciudad de México, desde 2007, y Oaxaca, apenas desde septiembre de 2019, permiten interrumpir el embarazo por decisión de la mujer, siempre y cuando se realice en las primeras 12 semanas de gestación.
En resumen: dos estados (Guanajuato y Querétaro) permiten únicamente dos causales; 11 de ellos aceptan tres; ocho reconocen cuatro; 10 admiten entre cinco y seis; y solo en dos (CDMX y Oaxaca) se reconoce el derecho de las mujeres a decidir.
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Los que van para atrás
En marzo de 2019, Nuevo León retrocedió en materia de Derechos Humanos para las mujeres, pues sus legisladores reformaron la constitución estatal: aseguran que la vida se debe considerar así desde el momento de la concepción.
“El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”, dice la reforma a la Constitución Política de Nuevo León.
“Las diferencias en los códigos penales en nuestro país vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniéndolas en constante peligro, en especial a las mujeres más pobres”, aseguró la activista Sandra Carmona, fundadora de la red de apoyo a mujeres Necesito Abortar México en entrevista con Cuestione.
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“En México, la muerte materna afecta de manera desproporcionada a las mujeres más pobres, a quienes no cuentan con acceso a seguridad social y a las mujeres indígenas. Estas últimas enfrentan múltiples formas de discriminación: falta de acceso a los servicios de salud, ausencia de intérpretes que les permitan otorgar un consentimiento informado con respecto a los procedimientos médicos a los que se someten, así como maltratos y abuso”, explica el informe Justicia Reproductiva, de la organización social Grupo de información en reproducción elegida (GIRE).
Los abortos clandestinos configuran una de las principales causas de muerte materna en el país. En lo que va del 2019, el 5% de las defunciones maternas se debe este tipo de procedimientos, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE).
GIRE también asegura: “Al día de hoy, en México no existen condiciones que permitan a las mujeres decidir sobre su vida reproductiva: hay elevados números de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual que el Estado sigue fallando en remediar”.
El Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres, y despenalizar el aborto es sólo un paso. También son necesarias campañas de información, así como personal médico que no revictimice a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo, además de garantizar el acceso a servicios como anticoncepción de emergencia o aborto por violación.
