México vive una crisis de violencia. Cada año crecen los homicidios, hay más células criminales esparcidas por el país y los eventos de violencia extrema se incrementan. Por más de una década, parece que el panorama solo ha empeorado.
¿Por qué la situación general no mejora? ¿Qué está haciendo el Estado para solucionar este problema? Organizaciones de la sociedad civil e investigadores suelen hacer recomendaciones y plantear remedios al respecto. Sin embargo, el gobierno mexicano no parece tomarlas en cuenta.
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Por ejemplo, Insight Crime, una organización enfocada a la investigación sobre violencia, publicó un análisis en 2018 en el que recomendaba al siguiente presidente de México ciertas soluciones para combatir la inseguridad. ¿Qué tanto se ha hecho al respecto?
Lo que todavía no ha funcionado por más que lo intenten
La publicación de Insight Crime, en primer lugar, señala que es necesario evitar grandes soluciones. En el caso de México, la estrategia militarizada para combatir el crimen organizado representa esta “gran respuesta” a la que los últimos tres presidentes le han apostado.
Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles y Enrique Peña Nieto intentó hacer menos énfasis en ella, pero continuó con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Ambos dejaron un país más violento del que heredaron.
La actual administración tampoco se ha dado cuenta de que, al menos en este país, las soluciones militares a gran escala no son la mejor vía para enfrentar el problema de inseguridad. Andrés Manuel López Obrador le otorga cada año más dinero a su Guardia Nacional, cuya mayoría de elementos son parte del Ejército.
En segundo lugar, destaca Insight Crime, las autoridades se han olvidado de atender la situación a un nivel local que, de hecho, es donde empieza y se desenvuelve la violencia.
El comunicado de la organización establece que es necesario dotar de herramientas y recursos a los elementos locales de seguridad para garantizar que protejan a la población.
Sin embargo, en 2020, el gobierno dio menos dinero a las policías municipales al eliminar el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg). Dicho presupuesto estaba enfocado a cubrir aspectos como capacitación y equipamiento policial para prevenir delitos de mejor manera.
En tercer lugar, también resulta indispensable enfocarse en los problemas sociales, es decir, en los aspectos que obligan a las personas a recurrir a células criminales o bien, ser más vulnerables a sus ataques.
Peña Nieto intentó encontrar una estrategia con el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred). El objetivo era reducir índices de crímenes apostando por apoyos para la educación, evitar el consumo de drogas, mejorar condiciones y oportunidades laborales, entre otras.
En 2019, el programa fue eliminado. ¿Han mejorado las condiciones sociales? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que no.
En su último informe sobre el tema, el Consejo señala que la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios de salud y el rezago educativo son problemas que crecieron en los últimos dos años.
Algunas estrategias que podrían (al fin) funcionar
Por un lado, pareciera ser que el gobierno está dando pasos para mejorar la labor policial, que es una de las recomendaciones de Insight Crime.
Al respecto, el pasado 26 de julio el gobierno lanzó un comunicado que anunciaba el aumento del sueldo de las fuerzas policiales.
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Por otro lado, también es importante que haya voluntad para mejorar el consumo interno de drogas. La más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2017) arroja que la cifra de personas entre 12 y 17 años que han probado drogas aumentó un 125% por ciento.
El 8 de octubre de este año, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras que se enfoca en reducir los homicidios y el consumo de drogas en México y Estados Unidos.
Insight Crime también enfatiza la necesidad de una reforma judicial. La más reciente, de hecho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo. Según este libro al respecto de José Antonio Caballero, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, la reforma busca “un gran cambio para la justicia” mediante la agilización de procedimientos para mejorar el acceso a ella.
De acuerdo con Caballero, la reforma judicial es la mejor apuesta para modernizar y profesionalizar el sistema de justicia penal.
Las soluciones del gobierno que se apegan a las recomendaciones de Insight Crime son recientes, ¿funcionarán? ¿Será que alguna vez hagan caso a las demás?
