A principios de año, en esta nota dimos a conocer que 16 de los 32 superdelegados –encargados de la coordinación e implementación de planes, programas y acciones del gobierno federal en cada estado– estuvieron involucrados en desvío de recursos, corrupción, violencia de género, desfalco y proselitismo. ¿Qué ha pasado con ellos desde entonces?
Durante la mañanera del 23 de enero, la titular de la Secretaría Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que habían 102 denuncias relacionadas con las delegaciones del Bienestar en los estados, entre los que están incluidos 30 delegados y seis exdelegados.
Las investigaciones, mencionó la titular de la SFP, son contra los mal llamados superdelegados de esta administración. “Tenemos 102 denuncias… 24 de éstas ya fueron concluidas sin falta de elementos, pero ocho ya están en proceso para determinar responsabilidades”.
Sobre el caso del exdelegado Carlos Lomelí en Jalisco, quien fue exhibido por tener una red de nueve empresas farmacéuticas con contratos por más de 164 millones de pesos con el actual gobierno, la funcionaria expuso en la mañanera que hay elementos para atribuir una falta administrativa grave en el caso de las farmacéuticas.
Sandoval detalló que se finalizó con dos investigaciones, una por contrataciones públicas y otra con empresas vinculadas a Lomelin; y que se determinó inhabilitar a dos empresas: Lomedic S.A de C.V y a Laboratorios Solfran.
“Sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa, en este caso sería una falta administrativa grave, y por lo tanto tendría que substanciar y resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades”, adelantó Sandoval.
SFP investiga al jefe de superdelegados de AMLO
Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República y jefe de los llamados superdelegados estatales es investigado por la SFP.
García Hernández, una pieza fundamental en un puesto estratégico de un gobierno donde la prioridad es la repartición de apoyos, fue quien manejó los movimientos financieros de Morena durante las elecciones en 2018.
En entrevista para el diario La Crónica, Irma Eréndira Sandoval confirmó indagatorias de la SFP en contra de García Hernández, sin embargo dijo “no le podría decir con certeza en cuántas, pero está la investigación en curso”, pues una de las principales inquietudes del presidente, “es que los programas de bienestar sean los más transparentes”.
Además, Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena acusó a García Hernández de usar la base de datos de Morena para promover el voto a favor de Bertha Luján, exsecretaria general del partido y candidata a la presidencia del partido. Polevnsky afirmó que el plan era “incidir en las asambleas, secuestrar al partido y meter o poner gente vinculada a un equipo, además de manipular las elecciones internas” del partido.
Te puede interesar: Filtración de nombres: así se complica el gobierno sus investigaciones
Diputados de todos los partidos buscan poner candados a superdelegados
Tras la polémica desatada por los superdelegados, diputados de partidos como el PRI, Morena y PRD buscan imponer candados para quitarles poder y no puedan hacer mal uso de los programas de bienestar.
La diputada priista Dulce María Sauri, por ejemplo, presentó una iniciativa donde uno de esos candados es evitar que los superdelegados puedan utilizar su cargo en la administración pública federal como trampolín para buscar alguna candidatura en la entidad donde se desempeñan.
Por su parte, la diputada morenista Claudia Yáñez, presentó una iniciativa donde establece que en el caso de que los superdelegados quieran buscar algún cargo de elección popular, sólo puedan serlo si se separan del cargo tres años antes del día de la elección, en el caso de que quieran contender a gobernador, y un año antes en caso de aspirar a una senaduría o diputación.
En abril de 2020, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña junto con la diputada perredista Azucena Rodríguez presentaron una iniciativa sobre el mismo tema, pero a diferencia de la iniciativa de Morena, ellas proponen que sea solo seis meses antes.
¿Qué pasará con los superdelegados, habrá sanción por parte de la SFP y los diputados podrán frenarlos?
