El periodo de sesiones de 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició con la renovación de su presidencia.
Con la ministra Norma Lucía Piña Hernández como nueva presidenta de la Suprema Corte, uno de los principales temas que tendrá que dirimir el máximo tribunal del país será las acciones de inconstitucionalidad contra el “Plan B” de la reforma electoral que se presenten, como los partidos opositores anticiparon que lo harían.
“Este será un tema de urgente resolución para la Corte, una vez que se presenten las acciones de inconstitucionalidad”, ya que cualquier reforma electoral tiene que darse 90 días antes del inicio del periodo electoral (de 2024) y este es el año en el que inicia, nos dijo en entrevista la ex legisladora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez.
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La también consultora en género y derechos humanos señaló que quien preside la Suprema Corte es responsable de la calendarización de los casos que discuta la SCJN y consideró que la ministra presidenta Norma Piña “va a darle otra dinámica y no va a dilatar resoluciones importantes”.
Lo anterior porque durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, 2019-2022, las controversias constitucionales y amparos en contra de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional han permanecido en la Suprema Corte por más de tres años sin ser resueltas, según han denunciado organizaciones de defensa de derechos humanos.
Controversias contra la militarización
Apenas el 29 de noviembre de 2022, el pleno de la Suprema Corte resolvió una de las controversias contra la militarización de la seguridad pública que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En junio de 2020, Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados, presentó una controversia en contra del Acuerdo presidencial de mayo de 2020 que permitió que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública hasta 2024. La controversia estuvo detenida en la SCJN por dos años y cinco meses. Finalmente, la Suprema Corte determinó que el Acuerdo es constitucional y avaló la permanencia del Ejército en las calles.
Martha Tagle consideró que durante el debate de dicha controversia, la SCJN decidió no discutir de fondo el tema, entonces “ha dejado un vacío para que se siga ahondando en la militarización del país”.
Pero también están pendientes las controversias contra la reforma constitucional impulsada por el PRI en la Cámara de Diputados, aprobada el 12 de octubre de 2022, para extender la permanencia de las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028.
De igual forma, sigue pendiente que la Suprema Corte discuta la acción de inconstitucionalidad 62/2019 contra la Ley de la Guardia Nacional, como apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Una de las tareas de la SCJN en 2023 será “resolver los temas relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, considerando los tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó Amnistía Internacional.
A petición del presidente de la Mesa Directiva y de la Cámara de Diputados, el 9 de diciembre de 2022, el pleno de la SCJN determinó “resolver de manera prioritaria cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión”, relacionados con la regulación de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
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Prisión preventiva oficiosa
Otro tema que la Suprema Corte tiene pendiente por resolver es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Aunque avanzó, pero tampoco profundizó, pues solo se quedó en la parte de los delitos fiscales, nos expuso Martha Tagle.
El 24 de noviembre de 2022, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, sobre la prisión preventiva oficiosa e invalidó el párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que incluía los delitos de contrabando, defraudación fiscal y los delitos relacionados con comprobantes fiscales.
La Suprema Corte también declaró la invalidez de la fracción XIII del artículo 5 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que calificaba dichos delitos como “amenazas a la Seguridad Nacional” y por tanto ameritaban prisión preventiva oficiosa.
Martha Tagle puntualizó que a raíz de otras impugnaciones pendientes que existen sobre la prisión preventiva oficiosa, la SCJN tiene la posibilidad de generar criterios que permitan que muchas personas privadas de su libertad de manera injusta puedan salir, pues son las personas que no tienen recursos para acceder a una defensa legal.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar impuesta por un juez de control que garantiza la presencia de la persona acusada durante un juicio, mientras se desarrolla la investigación del delito, como lo reportamos en esta nota.
Según las leyes, la prisión preventiva oficiosa es aplicable si se encuentra dentro de un catálogo de delitos previstos en el Artículo 19 de la Constitución y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como: delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, trata de personas, violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, en contra de la seguridad de la nación, entre otros.
Sin embargo, como lo documentó la organización Intersecta, en México “jurídicamente, la prisión preventiva procede para todos los delitos, sin excepción”, de ahí que “la abrumante mayoría de las personas que ingresan a las cárceles entran en prisión preventiva. Es la norma, más que la excepción”.
De acuerdo con una investigación de Intersecta, el porcentaje de personas que están en la cárcel sin tener una condena había bajado de 56% en 1991 a 38% en 2019.
De 2019 a septiembre de 2022, “el porcentaje de personas que están en prisión sin condena subió de 38% a 41%. Este es el aumento más marcado de personas en prisión preventiva en treinta años”, puntualiza la organización.
Según datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, entre 2020 y 2021, ingresaron 226,235 personas a los centros penitenciarios estatales del país. De éstas, el 83% entró a la cárcel sin contar con una sentencia, refiere Intersecta.
Igualmente, Amnistía Internacional señaló a través de sus redes sociales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver las controversias por la prisión preventiva oficiosa pendientes retomando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que señalan que esta viola derechos humanos.
El 26 agosto de 2022, la CorteIDH llevó a cabo la audiencia pública del caso “García Rodríguez y otro vs. México”, sobre las violaciones a los derechos humanos a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes fueron torturados y permanecieron por más de 17 años en prisión preventiva -sin sentencia-, acusados del homicidio de una regidora en septiembre de 2001.
En 2023, la Corte Interamericana resolverá este caso en el que se prevé una condena contra el Estado mexicano por el uso de la prisión preventiva.
En septiembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU afirmó que “anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario”.
El presidente López Obrador se ha opuesto a limitar o eliminar esta medida. Incluso el secretario de Gobernación, a través de comunicados dirigidos a la SCJN, ha defendido la prisión preventiva oficiosa.
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Fortalecer independencia de la SCJN
Martha Tagle también señaló que con Norma Piña al frente de la Suprema Corte “pueden verse cambios muy interesantes en la organización del Poder Judicial”, que pueden beneficiar al país.
El país requiere que “la división de Poderes y los contrapesos funcionen”, ya que una de las grandes deudas que existe es el acceso a la justicia; por tanto, es muy importante que se fortalezca el Poder Judicial “nos parece que con la llegada de la ministra Piña eso puede suceder”, sostuvo.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, indicó que entre los pendientes que tiene la SCJN está avanzar en una reforma judicial, para que la Corte funcione como un órgano colegiado, donde lo que se exprese desde la presidencia o desde el área de comunicación social “represente una postura colectiva, no personal o individualista”.
Amnistía Internacional señaló que la Suprema Corte tiene como reto “mantener y fortalecer su autonomía” y “garantizar sentencias y resoluciones apegadas a estándares internacionales de derechos humanos”.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos expresó su confianza en que la ministra desempeñará su cargo con “imparcialidad e independencia”.
Igualmente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) resaltó que los retos principales de la nueva presidenta de la SCJN son preservar la autonomía, la sana división de poderes y el efectivo funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos en México.
