Susana Distancia, la “heroína” en tiempos de Coronavirus creada por el gobierno federal, no podrá llegar a las 297 cárceles del país. Y es que en más del 37% de ellas hay sobrepoblación, de acuerdo con información estadística del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Lo mismo pasa en las 29 estaciones migratorias que hay en México, donde hasta enero de este año había más de 13 mil personas, 59% más que en enero de 2019, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Por eso es que varias organizaciones civiles han alertado sobre las acciones que el gobierno tiene que hacer para prevenir que el COVID-19 llegue a estos lugares, pues esto desataría una cadena de contagios, en poblaciones que tienen limitado el acceso a la salud.
En el caso de las personas migrantes, también se ha pedido que haya un cese a las detenciones, la liberación de mujeres embarazadas y a personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, es decir, la población más vulnerable.
¿En qué estados están tomando medidas?
En los centros penitenciarios estatales de Veracruz y Guanajuato, por ejemplo, han suspendido las visitas conyugales y familiares, para prevenir posibles contagios. El problema es que las personas reclusas necesitan de esas visitas, pues de ellas obtienen sus alimentos, ropa o artículos de limpieza personal, explica María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta, una organización civil en favor de los derechos humanos de las personas en reclusión, en entrevista con Cuestione.
“Hacemos un llamado a que las autoridades de seguridad tengan mejores filtros sanitarios, para la entrada de las visitas, pues cancelarlas no es la mejor opción para estas personas y si esto pasa, tienen que garantizarles llamadas gratuitas para que puedan comunicarse al exterior”, dice Sirvent.
“Adentro es difícil garantizar la sana distancia por el hacinamiento, en otras contingencias como cuando la influenza H1N1 sí hubo registro de motines, por eso es que se debe reforzar al triple las medidas de protección para los internos y que no se desate una crisis”, agrega la experta, también directora ejecutiva de la organización Documenta.
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Sin prevención con migrantes
En el caso de las estaciones migratorias, aunque el INM ha dicho que mejoraría sus medidas de prevención ante el coronavirus, no hay registros de que estén asistiendo a las personas migrantes con consultas médicas o con mejores filtros de protección, dice Melissa Vértiz secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), a Cuestione.
En el caso de las cárceles, por ejemplo, asociaciones como Reinserta, Documenta o Equis Justicia para las Mujeres, han pedido que se liberen a mujeres privadas por delitos no graves, excarcelar a personas mayores, embarazadas, con diabetes, VIH o hipertensión. Esta es la población más vulnerable al contagio del COVID-19.
Aunque ambas propuestas se deben aplicar poco a poco, el gobierno sí tiene la responsabilidad de velar por su salud, igual que con el resto de la población. Esto porque son personas que históricamente han sido abandonadas, coinciden las expertas.
Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya emitió un comunicado, para que se tomen “acciones urgentes para evitar hacinamiento y contagio masivo de coronavirus en personas migrantes”. Y advierte que “la protección de la salud es un derecho humano, indispensable para el ejercicio de otros derechos”.
Las personas privadas de su libertad, ya sea en cárceles o centros migratorios, también son personas y, como tal, sus derechos humanos son inviolables. Además, no hay que olvidar que, eventualmente, estarán en contacto con personas del exterior (custodios, familiares, funcionarios), en México o sus países de origen, que pueden hacer que la epidemia tarde más en controlarse.
