Un tercio de las desapariciones de personas han ocurrido en este sexenio

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El pasado 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas había superado las 100,000 personas. Según datos del mismo registro, hasta la publicación de esta nota hay al menos 100,251 personas en esta condición.

La crisis de desaparecidos es enorme y ha ido en aumento desde que comenzó la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, casi una de cada tres personas no localizadas ha desaparecido en la actual administración, al registrarse 31,533 desaparecidos.

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Estados más peligrosos

Según los datos del Registro Nacional, los estados con más desaparecidos desde el 2000 son Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México con más de 10,000 personas no localizadas cada uno. Enseguida están Nuevo León, Veracruz y Sinaloa con más de 5,000.

Cuando se trata de la seguridad de las mujeres, los más peligrosos son el Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, con los porcentajes más altos de mujeres no localizadas respecto al total de desaparecidos.

El rango de edad con más desapariciones de mujeres es de los 15 a los 19 años. Sin embargo, hay cifras significativas de desaparecidas desde los 10 años hasta los 24. Desde el 2000 la cifra asciende a 24,850 mujeres no localizadas, de las cuales 10,618 son menores de edad. 

Transformación del fenómeno 

Sin embargo, como se puede observar con las herramientas de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda el fenómeno ha cambiado con el paso de los años. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los estados del norte y Michoacán, donde ocurrió gran parte de la “guerra contra el narco”, concentraban las cifras de desaparecidos. Con Enrique Peña Nieto, la mayoría de las desapariciones ocurrieron en Guerrero y Veracruz. Ahora, la alarma se prende en regiones que presuntamente eran tranquilas como Guanajuato y Aguascalientes. 

Según una investigación realizada por El País, la diferencia del fenómeno de desaparecidos en México con lo que ocurre en otros países de América Latina es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, mientras que el país no vive en dictadura alguna o guerras civiles. 

Sexenios más peligrosos

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, casi una de cada tres personas han desaparecido en la actual administración, al registrarse 31,533 desaparecidos.

De acuerdo con información del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), la crisis se agudizó entre 2016 y 2021, y hasta el momento, la tendencia sigue a la alza.

El año que más desaparecidos registró fue 2019. Pese a que organizaciones de la sociedad civil han señalado al crimen organizado y a las autoridades como principales responsables del incremento, el presidente López Obrador atribuye dicha alza a los trabajos de búsqueda implementados por la Secretaría de Gobernación que “no se hacía en sexenios anteriores”.

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Sin cambios a la estructura actual 

Aún con las cifras como están, el ejecutivo se niega a cambiar las estructuras militarizadas actuales. Antes de que México superara los 100,000 desaparecidos, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada emitió una recomendación al Gobierno de México para cesar la militarización en el país.

El argumentó de dicho comité fue que las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas están ligadas con delitos de lesa humanidad, tales como torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Detalló que solo en 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional se ubicaron entre las diez autoridades más señaladas en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Cuestionado nuevamente por esta estadística, López Obrador volvió a mostrarse renuente y aseveró que los elementos de la Sedena, Semar y Guardia Nacional actúan “con respeto a los derechos humanos y sin intención de reprimir al pueblo”.

La crisis de desaparecidos lleva más de una década agudizándose. Sin embargo, el gobierno no ha implementado de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas y todos los aspectos de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

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