¿Funcionará su plan?
Korina, Denise y Charly son tres sobrevivientes de tortura sexual. Fueron agredidas con un guante rasposo que se introdujo en sus genitales. Contaron que la agresión sucedió a bordo de una camioneta en 2011. Los perpetradores eran marinos en activo.
Esta historia la publicó el periódico El Universal el 6 de junio. Hasta ahora, ninguna autoridad federal ni estatal se ha pronunciado sobre el caso en Tabasco. El hecho se suma a las más de 3 mil denuncias, que desde 2015 recibe cada año la Unidad Especializada de Investigación para casos de tortura en México, según el informe Mujeres con la Frente en Alto que elaboró el Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez.
La tortura es una violación a los Derechos Humanos, que son derechos mínimos, básicos e inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra condición. Su propósito es garantizar la libertad, la justicia, la dignidad y la paz en el mundo.
Están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, desde la reforma constitucional de 2011, en México están protegidos en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Su cumplimiento es una prioridad de Estado.
A pesar de ello, en nuestro país se presentan varias violaciones a los Derechos Humanos. En 2018, cientos de organizaciones de la sociedad civil evidenciaron en un informe conjunto que nuestro país vive una triple crisis de violencia, corrupción e impunidad que afecta particularmente a sectores sociales en desigualdad económica, por identidad o por pertenencia a grupos sociales históricamente discriminados.
Según este reporte, las violaciones a DH más cruciales en México son:
Desaparición y desaparición forzada
De 2007 a 2017 se denunció penalmente la desaparición de 34 mil personas (la mayoría durante o después de 2013). Esta cifra incluye a casi nueve mil mujeres, cerca de ocho mil niños y niñas menores de 20 años y a 364 personas extranjeras, según ese informe que se elaboró para el tercer Examen Periódico Universal (EPU), que es una evaluación a la que Naciones Unidas somete a los Estados para revisar la situación de los Derechos Humanos.
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Tortura
La Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad arrojó que, durante el arresto, 75.6% de las personas sufrió violencia psicológica y 63.8% violencia física; además, 49.4% de las personas presentadas al ministerio público fue incomunicada y 39.4% recibió patadas o puñetazos, de acuerdo con el Informe Alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la tortura de la ONU 2012-2019.
Según ese reporte, la tortura no sólo ocurre en contextos carcelarios sino que las organizaciones también encontraron casos en centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria, al hacer uso de la fuerza pública en protestas sociales y otros.
Migración
Como se reportó a la EPU, de 2014 a 2016 se documentaron más de cinco mil delitos cometidos contra personas migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal. Además, en las estaciones migratorias (espacios de detención de personas migrantes) se encontraron varios casos de mujeres víctimas de violencia sexual, pero cuya denuncia fue desestimada por la autoridad ministerial porque dieron más importancia a su condición migratoria que a su condición de víctima, dice el informe.
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Impunidad
En el informe de la EPU, las organizaciones dijeron que en México el aspecto que atraviesa éstas y otras violaciones a los DH es la impunidad. Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada, de 2006 a agosto de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) judicializó sólo 3.18% de sus investigaciones por desaparición y de junio de 2001 a enero de 2018 hubo sólo 10 condenas federales, ninguna contra militares.
En los primeros seis meses del nuevo gobierno…
Apenas han pasado seis meses de gobierno y varios de estos temas ya estallaron en la cara de la Secretaría de Gobernación (Segob), liderada por Olga Sánchez Cordero, y de la subsecretaría de DH, que encabeza Alejandro Encinas; por ejemplo, en materia migratoria, el presidente de EU puso a México un ultimátum para frenar el flujo migratorio hacia país del norte.
En respuesta, el presidente de México ordenó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dirigir las negociaciones con el gobierno de EU y, tras lograr la suspensión del ultimátum, también le pidió al canciller elaborar una estrategia para evitar el flujo migratorio. Ésta es una atribución que, por ley, le toca a la Segob pero ni siquiera fue invitada a participar en la estrategia.
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Además, la desaparición forzada, los homicidios, los casos de feminicidio y los secuestros van a la alza en nuestro país, así como el asesinato de 10 periodistas y 11 personas defensoras de DH durante lo que va de este sexenio.
Nuevo plan
Pese a no participar de las estrategias urgentes para atender a la población migrante, la Segob inició el 12 de junio el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019- 2024. Este plan es nada más y nada menos la política pública para atender la desigualdad social y las violaciones a los DH.
Al presentar el Programa, Sánchez Cordero declaró: “si se quiere encontrar una solución permanente, no se puede, ni se debe maquillar la realidad, por dura que ésta sea (…) solo asumiendo de frente las problemáticas originadas por la desigualdad, violencia, misoginia, impunidad y corrupción, vamos a poder trazar un plan que nos conduzca a una sociedad más justa. Tenemos que reconocer la dolorosa crisis de derechos humanos que nos fue heredada”.
Pero… el actual gobierno federal ya tuvo su primera oportunidad de demostrar lo anterior en las audiencias de abril pasado frente al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. Sin embargo, decepcionó a las organizaciones de la sociedad civil y al propio Comité por no tener datos desagregados, enumerar las acciones de las administraciones pasadas y no admitir que la tortura en México es generalizada.
