Al recordar su caso o al hablar de la violencia en contra de alguna compañera o incluso a quienes se les privó de la vida, su voz se entrecorta. Natalia Lane es una sobreviviente que mostró en vivo por redes sociales las graves heridas que sufrió a consecuencia de la violencia transfóbica.
La agresión a Lane refleja la inseguridad que viven las trabajadoras sexuales y las mujeres trans en la Ciudad de México y en todo el país.
El pasado 1 de junio, sólo 15 días antes de que se cumplieran seis meses de haber sido agredida, Natalia Lane, activista y trabajadora sexual trans, expuso en una conferencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) que las heridas que le provocaron aún no sanan y son sólo una pequeña muestra de la violencia en contra de esta población.
“He estado en un proceso de recuperación física, emocional, tomando terapia y rehabilitación ante lo que sucedió en enero de este año”, comentó la joven que luego de ser contratada para un servicio sexual el 16 de enero, fue atacada por su cliente con un arma punzocortante en un hotel de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez.
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La noticia de la agresión en contra de Natalia Lane fue muy difundida en redes y medios informativos por los diversos videos que publicó. Este caso es solo una parte de la situación de inseguridad y discriminación que viven las mujeres trans como ella.
De acuerdo con el estudio La otra pandemia: muertes violentas LGBTi+ en México, 2020, elaborado por la organización LetraeSe, las mujeres transgénero, transexuales y travestis representaron el 54.5% del total de víctimas de la comunidad LGBTi+ por homicidios.
El documento revela que en 2020 LetraeSe registró 43 asesinatos de mujeres trans, 22 de gays, 8 de lesbianas, 2 de hombres trans; así como el de una mujer bisexual, una muxe, una persona no binaria, así como el de un hombre heterosexual asesinado junto con su pareja trans.
La situación previa a la pandemia por COVID-19 era alarmante, ya que entre 2016 y 2020 había una tendencia al alza de los homicidios de personas de la comunidad LGBTi+, principalmente de mujeres trans.
Durante ese periodo las mujeres trans asesinadas que registró la organización pasaron de 42 en 2016 a 64 en 2020. Sin embargo, la cifra se redujo a 43 al siguiente año; el lugar donde principalmente aparecieron sus cuerpos fueron en la vía pública, sus hogares y en terrenos baldíos o predios.
Así ocurrió el 13 de octubre de 2016, cuando el cuerpo de la activista y trabajadora sexual trans, Alessa Flores, fue hallado en un hotel de la calle Juan de Dios Peza, en la colonia Obrera, en la entonces delegación Cuauhtémoc.
“Espero no tener que estar en este cartel nunca, bueno, que eso es imposible, porque no soy inmortal, pero espero no terminar aquí y terminar en otro lado, porque como siempre se los he dicho, el trabajo sexual es una opción, pero no me gustaría que fuera lo que debería ser siempre nada más”, expresó un año antes Alessa Flores en un video que publicó en su canal de YouTube, Memorias de una puta.
Alessa dijo aquellas palabras luego de referirse a unas láminas en las que escribió los nombres de algunas trabajadoras sexuales muertas por diversos motivos como transfeminicidio, cirugías estéticas mal realizadas, drogas, entre otros. Sus nombres los colocó como parte de la tradicional ofrenda de Día de Muertos en memoria de estas mujeres.
Así como Alessa, ha habido otras mujeres trans como Paola Buenrostro, Paola Ledezma, Agne Torres, a quienes la transfobia y la discriminación les quitó la vida, y hay otras más que a diario viven ese riesgo sin importar su estatus social.
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Desprotección y discrminación
De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018, la mayoría de la comunidad LGBTi+ consideró que hay poco respeto a sus derechos y a las medidas que los promuevan.
Incluso el Estado, el que debería garantizar los derechos de este sector de la población, no cumple con su labor e incluso vulnera sus derechos, revela el documento.
El estudio realizado por la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestra que 25.3% de las personas encuestadas reconoció que por su orientación sexual o identidad de género se le negó un derecho de manera injustificada.
En este rubro, las mujeres trans representaron el 53.5% de las víctimas, seguidas de los hombres trans, con 40.9% y de las personas con otra identidad de género no normativa.
Entre los derechos negados están la atención médica o el acceso a medicinas, la atención a alguna oficina de gobierno, la posibilidad de estudiar o continuar con su educación, el acceso a un crédito para la vivienda, la oportunidad de trabajar y el acceso a la justicia.
La ENDOSIG 2018 demostró además que entre las prácticas más discriminatorias en contra de personas con identidades de género no normativas están el que les impidan el uso de baños públicos de acuerdo con su identidad de género, que no se les haga válida su credencial oficial, el no entrar a cines, bares o restaurantes y la suspensión de su tratamiento hormonal contra su voluntad.
Precisamente por los problemas derivados de la identificación oficial que valide su identidad de género, las mujeres y hombres trans, por ejemplo, tienen dificultades para acceder a apoyos gubernamentales o bien, a la justicia.
Sin embargo, el acceso a modificar los documentos legales como el acta de nacimiento de acuerdo con la identidad de género de la persona solicitante no puede realizarse en todo el país, ya que más de la mitad de los estados carecen de leyes para la rectificación de género y el nombre en las actas de nacimiento.
Algunos de los estados que sí han avanzado en esta legislación en favor de los derechos de las personas trans son la Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala, entre otros.
Esto incluso ha causado que haya quienes aún no cuentan con sus documentos en regla, de acuerdo con su identidad de género, por lo que la discriminación de las autoridades y la sociedad continúa por el no reconocimiento de las personas trans.
Ataques que no ven clases sociales
Así como una mujer trabajadora trans puede ser agredida no sólo de manera verbal, sino física, los tipos de violencia se extienden contra integrantes de esta comunidad, sin importar los espacios.
Lucía, como dijo llamarse una trabajadora sexual trans de Tlalpan, en la Ciudad de México, nos relató que siempre tiene miedo de ir a un hotel con un cliente, porque desconoce el tipo de persona que sea y porque pudiera dañarla; sin embargo, debe soportar el temor para poder trabajar y tener un sustento en el día a día.
“Nuestra vida está en peligro, no sabemos qué cosas nos vayan a pasar y pues, siempre tengo miedo. Incluso aquí en la calle han pasado sujetos que nos sacan una pistola y nos apuntan”, nos dijo.
Relató cómo en una ocasión un sujeto sacó un cuchillo dentro de la habitación en la que se encontraban, pero gracias a que pudo reaccionar rápido y gritar, el personal del hotel en el que se encontraban la ayudó, aunque el sujeto se dio a la fuga.
Los niveles de violencia llegan a todos los espacios, tal como lo vivió la diputada por Morena Salma Luévano, por parte del legislador del PAN, Gabriel Quadri, quien no sólo en redes sociales sino dentro del recinto legislativo ha hecho uso de un discurso en contra de la comunidad LGBTi+, en especial de las mujeres trans.
“Hago un llamado a la población, a esa congruencia, en pro de los derechos y dignidad de nuestra población LGBTi+: no podemos permitir que este señor se salga con la suya, porque su doble discurso, su discurso de odio y transfobia nos está matando. No podemos permitir más Quadris, porque nos están matando, ¡ya basta!, ¡ya basta señor Quadri de esta hipocresía de este doble discurso de esta hipocresía!, ¡ya basta! ¡Ni una más!”, expresó la legisladora en un video en Twitter.
La grabación la hizo 10 días antes de que este 22 de junio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara que el panista Gabriel Quadri —quien incluso, forzado por las autoridades, se había disculpado por las ofensas—, cometió violencia política en razón de género en contra de la legisladora Salma Luévano y las mujeres trans mediante una serie de mensajes en Twitter.
De acuerdo con la sentencia, ahora será el Instituto Nacional Electoral el que determine el tiempo en el que Gabriel Quadri deberá permanecer en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política de género.
Ayer, tras el fallo, la legisladora morenista lo celebró y calificó como “un logro sin precedente”, ya que es la primera sentencia favorable para combatir la violencia de un diputado federal.
“Señor Quadri: con Salma Luévano se topó con pared, como dijo mi presidente Andrés Manuel López Obrador: ‘¡Tenga para que se entretenga!’. Somos mucha pieza, transodiante, y se lo repito, por cada ofensa, mil reacciones, porque aquí está su diputrans”, expresó en un video.
Así como la legisladora Salma Luévano, Lucía, Natalia Lane, y más mujeres trans han expresado constantemente su llamado a acabar con los discursos de odio y con toda fobia en contra de la comunidad LGBTi+, la cual puede crecer y causar la muerte de personas.
“Las mujeres trans merecemos una reparación histórica de la violencia sistemática y constante que hemos vivido durante muchas décadas”, exigió Natalia Lane el pasado 1 de junio al destacar que su caso, en un país donde las autoridades y la justicia les han fallado, “es el primero de tentativa de transfeminicidio que llegue a un tribunal de enjuiciamiento”.
¿Cuánto tiempo más esperará México para reconocer la transfobia como un problema?
