La falta de transparencia en acciones de gobierno, como la contratación de bienes y servicios, compras públicas y el ejercicio presupuestal, abre la puerta para que se cometan actos de corrupción y se violenten los derechos de la ciudadanía, nos explicaron especialistas en el tema.
“Si bien la falta de transparencia no es sinónimo de corrupción, y al mismo tiempo la total y completa transparencia tampoco significa prácticas libres de corrupción, es un hecho que la transparencia es una herramienta fundamental para evitar y mitigar este tipo de riesgos en la asignación de recursos públicos y en las contrataciones que realiza el gobierno”, nos dijo Fernanda Avendaño, coordinadora Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, nos aclaró que la opacidad afecta todos los aspectos relacionados con el buen gobierno: “cuando se sabe que las cosas se pueden esconder, no solo se decide mal o beneficiando a unos cuantos, sino que hay una afectación a la calidad de vida de las personas. No hay costo más alto para un ciudadano que el mal gobierno”.
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Retrocesos con la 4T
En un artículo de opinión publicado en enero de 2021, el diario estadounidense The New York Times advirtió que desde su primer año de gobierno (2019), el presidente Andrés Manuel López Obrador había mostrado su “desprecio” al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al grado de que ya tenía lista una iniciativa de ley para desaparecer al mecanismo.
“Disolver el INAI significaría volver a los tiempos del poder sin contrapesos, de los secretos bajo llave y del discurso oficial como verdad predominante. La transparencia es esencial para todos los gobiernos, pero especialmente para uno que llegó al poder con la bandera de erradicar los excesos del pasado”, se lee en el artículo.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, nos señaló que el actual gobierno “ha buscado reinstalar el México presidencialista, donde el poder no se comparte sino que se ejerce. Y en muchos casos ve a los controles democráticos como controles políticos. No lo son. En democracia, la concentración absoluta de poder nunca ha dado buenos resultados”.
En tanto, Fernanda Avendaño, quien también es politóloga por el ITAM, nos advirtió que en la actual administración hay una “limitante muy grande” respecto a la transparencia de las compras que hace el gobierno federal.
“Tan solo en 2021, los procesos de compra estaban incompletos, es decir, no se contaba con toda la documentación obligatoria que permite que cada persona, proveedor o empresa pueda monitorear cómo se gastó y por qué se seleccionó a ese proveedor. En el caso de las adjudicaciones directas, 21% estaban incompletas, pues no contaban con el contrato, y en el caso de las licitaciones públicas, el 34% tenía algún documento faltante”, nos precisó la experta.
Avendaño nos puso como ejemplo que en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la información de las compras públicas es prácticamente inaccesible en la mitad de los procedimientos realizados en 2021, lo cual tuvo un impacto en las compras de medicinas y vacunas durante la etapa más severa de la pandemia por COVID-19.
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La integrante del Imco nos dijo que otro indicador de la falta de transparencia en la actual administración es que de 2018 a 2020, aumentó 46% el número de quejas de la ciudadanía ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a sus solicitudes de información.
¿La opacidad afecta a la ciudadanía?
“Aunque más personas saben hoy lo que el gobierno quiere comunicar, menos personas obtienen respuesta a lo que realmente quieren saber. El cambio más importante es entender que la transparencia no es una herramienta de la oposición, sino del buen gobierno. La transparencia sirve para mejorar el desempeño gubernamental y es un control democrático indispensable de cualquier gobierno sin importar siglas o colores”, nos explicó por su lado Eduardo Bohórquez.
Mientras, Fernanda Avendaño abundó que cuando la falta de transparencia se traduce en un acto de corrupción, las consecuencias se reflejan en servicios ineficientes, bienes que no se entregan, contrataciones que no terminan o que al final cuestan más de lo que se había pactado, o que terminan en tiempos mucho más largos de los que estipulaba el contrato, pues no hubo un seguimiento oportuno de la información y de los recursos públicos.
En su investigación Índice de riesgos de corrupción 2022, el Imco advierte que persisten los riesgos de corruptelas en las compras públicas del gobierno federal. Brinda algunos datos al respecto, por ejemplo que cuatro de cada $10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos sin competencia. En tanto, como te contamos en esta nota, en lo que iba del sexenio hasta finales de 2021, el porcentaje de adjudicaciones directas era de 80%.
Igualmente, según el Imco, las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de $9,000 millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación.
“Evitar la competencia en la asignación de recursos también provoca costos sociales respecto a los bienes y servicios que las personas reciben, es decir, si son de calidad o no, ya que si no hay transparencia en la forma en que se asignan, también puede haber decisiones que vayan en contra de la calidad y el precio para implementar bienes y servicios”, concluyó Avendaño.
