En 2021, México obtuvo una calificación de 0.48 en el Índice de Gobierno Abierto (IGA) y 0.61 en transparencia de acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto que coordinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la que la calificación más baja es 0 y la más alta es 1.
Pero estos resultados -que no son precisamente positivos- se deben analizar tomando en cuenta el contexto político actual en el que surgió un fenómeno de comunicación facilitado por las redes sociales y otras plataformas como la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dijo Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización de la sociedad civil que promueve políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción.
La Métrica de Gobierno Abierto, que tiene el propósito de monitorear el nivel de apertura de las instituciones obligadas de acuerdo con la Ley General de Transparencia a nivel federal, estatal y municipal, aporta elementos de análisis en materia de apertura, con base en los ejes de transparencia y participación ciudadana, así como la oferta de mecanismos gubernamentales y la demanda de instrumentos por parte de la ciudadanía.
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La Métrica analiza el acceso a la información que tiene la ciudadanía para conocer las acciones de gobierno y en qué medida es posible incidir en su gestión. La calificación de la dimensión de Transparencia (0.61) es el resultado del promedio simple de los subíndices de Transparencia que desde la perspectiva gubernamental se calificó en 0.68 y desde la perspectiva ciudadana en 0.53.
“Creo que estamos en un contexto político muy diferente al que dio lugar a la Métrica de la Transparencia. Cuando se empezó a medir este tema había una efervescencia por el tema del gobierno abierto, del parlamento abierto, de la idea de liderar bases de datos, de hacerlo en cocreación con la ciudadanía y creo que estamos en un contexto muy distinto”, nos dijo.
El especialista nos explicó que este fenómeno en el que los gobernantes y funcionarios públicos parecen tener una mayor apertura es engañoso, ya que a través de los medios digitales comparten la información que quieren, no la que la ciudadanía necesita o exige.
“En realidad, las preguntas que hacen los ciudadanos a través de las plataformas de transparencia están recibiendo negativas. El número de solicitudes de información que se responden favorablemente al ciudadano se está reduciendo y muchas veces la información se declara inexistente”, acusó Bohórquez.
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La Métrica, nos dijo el entrevistado, estaba pensada desde el punto de vista de la construcción de un gobierno abierto que tenía que ver con información, tecnología y participación ciudadana y con estos resultados “lo que estamos viendo es cómo se está comportando la apertura gubernamental bajo los parámetros clásicos”.
“Lo que digo es que es importante ver que hay un nuevo fenómeno de comunicación política donde hay apertura sin derecho a la información”, resaltó.
La transparencia es un control democrático de los excesos del poder
Eduardo Bohórquez resaltó que la transparencia no es una concesión gratuita del gobierno, sino un derecho constitucional y también es un control democrático contra los excesos del poder.
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“Los excesos del poder no tienen siglas o colores. Pueden ser cometidos por cualquier partido político y cualquier grupo. Esto es parte de los controles democráticos que fuimos construyendo en los últimos 20 años bajo el supuesto de que si tú no puedes saber qué está pasando realmente no puedes mejorar el gobierno, no puedes mejorar la calidad de los programas sociales, de las políticas gubernamentales, no puedes evaluarlos”, recalcó el entrevistado.
El especialista detalló que la transparencia tiene una función clave en un sistema democrático como el nuestro porque le otorga a la ciudadanía el poder de comprobar si lo que nos dicen desde el discurso gubernamental es cierto y de actuar en consecuencia.
“La información es nuestra. Nada más se le da al gobierno para que la administre, pero es de la sociedad no es del gobierno. Así es como está concebido nuestro sistema de transparencia, reconociendo que la información es tuya y mía, el gobierno la administra a nuestro nombre como administra los recursos públicos, el dinero es nuestro pero lo administra en nuestro nombre el gobierno”, concluyó Eduardo Bohórquez.
Nuestros sistemas de transparencia responden a la necesidad de garantizar a las y los ciudadanos el acceso a uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a saber. En una democracia no podemos minimizar la importancia de contar con un gobierno transparente que no simule ni disimule lo que está haciendo con nuestro país.
