El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) invierte anualmente 71% del presupuesto que le da la federación para movilidad en infraestructura para vehículos privados y motorizados, y sólo 29% para formas de movilidad sustentable, como la bicicleta o el trolebús que no contamina.
Esto, según datos de Greenpeace, pero el reparto desigual del presupuesto es una práctica que viene de años atrás. El informe Invertir para Movernos, que elaboró el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México, dice que de 2010 a 2015 se gastó en infraestructura para el uso exclusivo de vehículos motorizados, mantenimiento y ampliación de vialidades y pavimentación, 81% del monto total de movilidad.
Esta distribución es así a pesar de que en la Ciudad de México la caminata, el uso de la bicicleta y el transporte público en conjunto son 77% de los viajes y 80% de los traslados en la metrópolis, según el diagnóstico del Plan Estratégico de Movilidad 2019 de esta capital.
“Esta infraestructura, particularmente hostil con peatones y ciclistas, genera serios problemas a la seguridad vial y a la calidad de vida de personas en situaciones específicas de vulnerabilidad, en especial a las mujeres, que representan el 54% de los viajes a pie”, señala el documento.
Ocupación desigual de las ciudades
En 2018, la CDMX tenía cerca de seis millones de registros de vehículos motorizados en circulación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ellos, nueve de cada 10 son vehículos particulares -que en promedio circulan con 1.5 pasajeros-, mientras que menos del 1% son camiones de pasajeros.
En contraste, tan sólo en julio, en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se trasladaron 13.5 millones de personas, 130 millones en Metro, casi dos millones en el Tren Ligero, casi tres millones 500 mil en el Trolebús y más de 30 millones en Metrobús, de acuerdo con el INEGI.
Pero, según el diagnóstico que hizo el gobierno de la capital, 101 trenes del Metro, correspondientes al 27% del total de la flota, están fuera de operación. A esto se suman sus más de 22 millones del fallas operacionales contabilizadas sólo en 2017.
Los 300 trolebuses superan los 20 años de vida útil, mientras su parque vehícular se ha reducido en 12% desde 2017 y, del restante, sólo el 63% se encuentra en operación. Lo mismo pasa con el tren ligero: un tercio de los trenes están fuera de operación por distintos motivos, con base en datos del diagnóstico.
En el sistema de autobuses RTP el panorama no es distinto: si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos años, 27% de su flota de servicio público está fuera de operación. Y el Metrobús tiene problemas de saturación que aumentan los tiempos de espera y reducen la calidad de los viajes.
En su planeación, el gobierno de la CDMX también aseguró que el transporte concesionado, que traslada a 67% de los pasajeros de la ciudad, opera sin planeación formal o una flotilla adecuada, es inseguro, contaminante y ha superado por mucho su vida útil.
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Todos estos problemas encarecen los costos de moverse en la ciudad. Hasta 2015 se estimó que el gasto diario en transporte público es de 17 pesos, por lo que el grupo de personas con menores ingresos gasta 35% de sus ingresos totales en transporte, según el Índice de Movilidad Urbana.
A esto se suma que los tiempos promedio de traslado son mayores en el transporte público. Por ejemplo, viajar en Metro implica 39% más de tiempo en promedio que el viaje en automóvil particular, en transporte colectivo es 54% más, en autobús suburbano 33% y en RTP 22%.
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¿Por qué debería importarnos?
El transporte motorizado es actualmente una de las principales causas de la mala calidad del aire en el país. Tan sólo en la Ciudad de México, éste es responsable de entre el 53% y el 56% las partículas finas de gases que contaminan el ambiente, según datos de la Secretaría Movilidad capitalina.
Por la saturación de estas partículas (provenientes de gases tóxicos como plomo, carbono y azufre) en el ambiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que el aire se ha convertido en el principal riesgo ambiental a la salud a nivel mundial.
No es para menos, la contaminación por partículas finas contribuyen anualmente con más de 3.2 millones de muertes prematuras en el mundo y alrededor de 76 millones de años de vida saludable perdidos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública.
Si bien el uso de la bicicleta o caminar pueden ser una alternativa, la falta de vías adecuadas y de una cultura ciclista dificultan esta forma de movilidad. La organización Ni Una Muerte Más, sostiene que en lo que va de 2019, cerca de mil 500 peatones y casi 300 ciclistas han muerto tras ser atropellados en México.
Con el sistema de bicicletas públicas Ecobici, la Secretaría de Movilidad capitalina, sostiene que hasta 2017 su uso ha permitido que se dejaran de emitir más de 3 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) -equivalentes a la plantación de más de 8 mil árboles-. La tarjeta para usar las bicis tiene un costo de 462 pesos al año.
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Pero el daño no queda ahí… Los gases de efectos invernadero que produce el transporte con motor también constituyen un bastión del calentamiento global: 68% de las emisiones globales vienen de sólo 10 países, entre ellos México.
Además, las principales fuentes de emisiones de los GEI en México son el transporte, la generación de electricidad y la industria, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
¿Qué necesita esta ciudad?
El crecimiento del parque vehícular tiene que ver con un relajamiento del control y regulación de los vehículos concesionados para el transporte público, como taxis y combis, cuya tasa anual de crecimiento es del 70%, de acuerdo con lo que analizó el informe El Transporte de Pasajeros y el Sistema Vial en la Ciudad de México, de la UNAM desde 2009.
Otras razones, según ese análisis, son la corrupción y falta de control para los transportes de pasajeros en las instituciones de la Ciudad de México, la sobrepoblación, el tiempo que se pierde en los traslados; y que los lugares de trabajo se concentran en la capital.
Pero, hasta ahora, las políticas de movilidad en favor del medioambiente no han sido exitosas.
En 1989, cuando más creció el parque vehicular, el gobierno de la capital instauró por primera vez el Programa Hoy no Circula, pero, como documentó El Financiero, no funcionó para reducir las emisiones de contaminantes en el país, sino que uno de sus efectos inmediatos fue que las familias comenzaron a comprar más coches nuevos.
