En la segunda mitad del sexenio, el Ejecutivo va por tres reformas: la electoral, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la reforma eléctrica.
Durante la conferencia de prensa mañanera del pasado 15 de junio, Andrés Manuel López Obrador dijo que “las reformas principales a la Constitución” ya se habían aprobado; sin embargo, estaban pendientes otras tres, una de ellas es la reforma electoral, “para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones”, señaló.
El 19 de agosto planteó que tendrá que “ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar… Como tengo esa facultad, voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia”.
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Reforma eléctrica
El objetivo de esta reforma se centra en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La “necesitamos para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos”, advirtió el mandatario. Y para erradicar la “tierra de conquista” en que se había convertido el país.
¿Qué busca con la reforma? “Poner orden para que el 54% de mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a particulares”. La vía de la reforma se da para superar la “lluvia” de amparos.
“Por eso se hizo una reforma a una ley, para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse, por los jueces, los amparos”, recordó.
Un ejemplo de cómo cuidar las empresas nacionales: Japón y la importancia del litio
Japón es un ejemplo de los países que defienden a sus empresas. En la transición hacía energías renovables como la eólica y la solar, un nuevo “conjunto de industrias emerge”, se explica en el artículo Japón defiende su industria de tierras raras de adquisiciones extranjeras
Se trata de industrias que extraen, procesan y utilizan “el litio, el cobalto y las tierras raras”. Ante la falta de reglas y protección, el gobierno japonés presentó una propuesta de enmienda a la Ley de Cambio y Comercio Exterior (“FEFTA”)
De lo que se trata es que “cualquier empresa extranjera” que pretenda participar del 1% en estas industrias deberá de “someterse a un proceso de aprobación oficial”, se lee en el artículo. Para Japón son consideradas “clave para la seguridad económica en virtud de la legislación enmendada”, según The Japan Times.
Ya en 2019, la nación asiática reguló algunas industrias y la participación de 500 empresas en 12 industrias clave relacionadas con armas, aeronaves, ciberseguridad, energía eléctrica, gas y petróleo. En este listado aparecen Hitachi Metals, Toyota, Shin-Etsu Chemical, entre otras.
Otro país es Bolivia y sus esfuerzos por controlar el litio
Algo diferente es la situación de Bolivia. Esta nación cuenta con las mayores reservas de litio en el mundo, pero sucede que por falta de “tecnología, experiencia y las diferencias políticas” no se ha explotado como debería, declaró Juan Carlos Zuleta, economista y expresidente del conglomerado estatal Yacimientos de Litio Boliviano a la BBC.
Para incentivar este potencial, el presidente Luis Arce lanzó una convocatoria para que empresas interesadas puedan participar de la extracción directa del litio (EDL). Aunque estarán reguladas por el estado, actualmente hay nueve empresas, algunas con capital de China y Alemania interesadas en el proyecto.
El programa EDL se sumará a proyectos ya iniciados por la corporación estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, que incluyen la construcción de plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio, al margen de megaproyectos de industrialización acordados, destacó la agencia Sputnik en una publicación.
¿Y en México?
La Secretaría de Economía y el Senado afinan una reforma al artículo 27 constitucional y a la ley minera. Para ello, el senador de Morena Alejandro Armenta busca exponer la condición en la que se encuentran más de 30 licitaciones otorgadas a empresas chinas, estadounidenses y canadienses.
“Las 31 concesiones mineras reflejan que el litio no es de los mexicanos, lo que es delicado para la soberanía del país, para la soberanía financiera y para la soberanía energética”, declaró Armenta a El Sol de México en el mes de abril de este año.
El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos hasta los 137,790 pesos, trascendió. Esto representó en 2018 apenas el 0.5% de los ingresos de las finanzas públicas, señaló el legislador.
Sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador señaló que “no era necesaria la nacionalización”.
Guardia Nacional a la Sedena
Sobre esta institución, la idea del presidente López Obrador es que no pase como “con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón”.
En lo que va de su gestión, la Guardia Nacional sigue sumando quejas en su contra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Concluyó el 2020 con 350 quejas, solo nueve menos que el Ejército.
“Lo que tenemos es una eficiencia bastante cuestionable por parte de la GN, porque no está conteniendo la violencia que existe en el país, no está ayudando tampoco a nivel local, no hay realmente el cumplimiento de este objetivo por el cual, además, fue creada”, nos precisó Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana en esta nota.
