La Fiscalía General de la República informó que tiene tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Los delitos por los que la FGR acusa a García Luna fueron cometidos en México y no tienen ninguna relación con el juicio que se desarrolla en EU en contra del exfuncionario.
Una de esas acusaciones está relacionada con el daño patrimonial ocasionado por García Luna en la construcción y privatización de penales federales, caso que fue puesto al descubierto por Cuestione en 2019.
Otra de las órdenes de captura está relacionada con la participación del ex titular de Seguridad Pública en el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual se introdujeron miles de armas ilegales en México, muchas de las cuales terminaron en manos del crimen organizado.
La tercera es por enriquecimiento ilícito.
Además, la FGR tiene otras dos investigaciones en curso.
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El anuncio se da en medio del juicio en EU en contra del exfuncionario, acusado de cinco cargos por liderar un grupo criminal, conspirar para la distribución, importación y venta de droga en EU y por falsear la información que dio al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU al solicitar la ciudadanía en 2018.
Cárceles privadas: negocio y desfalco
En septiembre de 2019, una investigación de Cuestione reveló que en México hay cárceles construidas y manejadas por algunos de los empresarios más ricos y poderosos del país.
Son prisiones tan caras, que cada reo puede llegar a costarnos, al día, más que el propio presidente de la República.Cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 50,000 personas que pensaba capturar y encarcelar. Decidió entonces entregar la construcción y operación de nuevas cárceles a algunos empresarios de la construcción, con la promesa de que serían menos corruptas, más seguras, y tratarían mejor a los presos. Sin embargo, terminó resultando un multimillonario negocio para unos cuantos.
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Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Grupo Imagen), Hipólito Gerard Rivero (ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos, manejan un negocio de miles de millones de pesos al año.
Enrique Peña Nieto mantuvo el modelo de Calderón, y hasta ahora parece que Andrés Manuel López Obrador no piensa cambiarlo. De hecho, en lugar de que estos contratos millonarios sean renegociados, el nuevo gobierno les pagó 24% más en 2019 que en 2018: los pagos aumentaron de $14,154 millones a $17,558 millones de pesos de un año al otro, de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia por Cuestione, como lo documentamos aquí.
Y si bien a principios de 2021, en su conferencia mañanera, el presidente aseguró que se eliminarían estas concesiones, hasta el momento no ha sucedido.
Como te explicamos en esta nota, la manutención de cada uno de los reos que se encuentran en estas cárceles concesionadas cuesta hasta $245,000 pesos al mes, más de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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En agosto de 2022 un tribunal federal canceló la causa penal en contra de 16 mandos y ex funcionarios penitenciarios que adjudicaron $62,840 millones de pesos en contratos a sobreprecio para construir ocho penales federales de alta seguridad adjudicados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con la magistrada Graciela Santés Magaña, del Cuarto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, los delitos que se les imputan a los 16 mandos ya prescribieron, pues la Fiscalía General de la República comenzó a investigarlos apenas en 2020.
En su fallo, la magistrada ordenó suspender el trámite de la causa penal, lo que impedirá a la FGR reelaborar la carpeta de investigación, aun cuando en la investigación encuentre delitos que no hayan prescrito.
A los ex funcionarios se les acusaba de ejercicio indebido del servicio público y tres de ellos además son señalados por asociación delictuosa en la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos, que costaron casi $270,000 millones de pesos, como te lo explicamos en esta nota.
