Urge una auténtica reforma en favor de migrantes

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Las denuncias de migrantes en contra de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por acoso, extorsiones, robos e intimidación son el reflejo de las “fallas de origen en la Ley de Migración y en el Reglamento de la Ley de Migración”, nos dijo el activista y abogado defensor de migrantes José Luis Pérez Jiménez.

En la parte jurídica “no existe un programa de cumplimiento de verificación de los derechos humanos tal y como lo establece el Artículo 1 de la Constitución” en que se exige a las autoridades promover, respetar, proteger estas garantías en México tanto para nacionales como extranjeros. Si no lo hay en la norma, “menos en el INM, que debería proteger a los migrantes”, señaló Pérez Jiménez.

El sistema migratorio está roto. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, los “órganos autónomos” como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y “en especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han perdido de vista su papel restaurador del tejido social y se han convertido en meros escudos y parapetos del lopezobraodrismo”, expuso Pérez Jiménez.

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Defienden golpes mediáticos

Entre 2020 y 2022, la CNDH solo emitió 48 recomendaciones tras 4,424 quejas de migrantes en su paso por México. “Es obvio que no está cumpliendo con su rolde proteger los derechos humanos, en especial ante los abusos por parte de funcionarios públicos, explicó el activista.

La CNDH es “usada para detener los golpes mediáticos de los opositores al actual gobierno”, subrayó Pérez Jiménez. “Es necesario que el Congreso de la Unión haga un diagnóstico del problema migratorio y se dé una reforma de gran calado”.

En el Artículo 11 de la Constitución es importante, expuso el activista, que “se adicione un apartado en que se hable de la implementación de un sistema de verificación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que si el INM no resuelve el caso de un migrante en 15 días como lo establece la ley, se le otorgue una visa humanitaria o lo compatible con el extranjero alojado en estaciones migratorias y estancias provisionales”.

Lo señalado en la Carta Magna también debe establecerse en el Artículo 111 de la Ley de Migración, el activista quien acusó actos de corrupción del INM señaló que “con esto se podrá reducir por mucho el gran negocio de los alojados que han hecho inmensamente ricos tanto al comisionado nacional de migración como a los titulares de las oficinas de representación y al subdirectores de las estaciones migratorias”.

Solalinde, solo buenos deseos 

A inicios de abril de este año, el padre Alejandro Solalinde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le sugirió crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMÉXICO), con lo que se desaparecería al INM.

Pérez Jiménez nos explicó que no hay duda en que el padre Solalinde, quien además es director del albergue Hermanos del Camino, “es un hombre honesto de buenas intenciones y defensor de los derechos de los migrantes, pero no tiene el conocimiento jurídico constitucional suficiente y profundo para opinar sobre las reformas de fondo”. 

El defensor de migrantes nos dijo que lo que López Obrador pretende es “una reforma cosmética, es decir de forma y no de fondo”. Nos explicó que “es necesario que el Presidente y el secretario de Gobernación, éste último como conductor de la política migratoria inicien con un Parlamento Abierto a lo largo del país para enriquecer, con nuestros diagnósticos y propuestas, una reforma para que los emigrantes puedan entrar y salir ordenadamente”.

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Mientras tanto, persisten los abusos

Uno de los ejemplos de abuso por parte de los agentes del INM sucedió el pasado 1 de abril de este año en Chiapas a los migrantes originarios de Uzbekistán, Tolib Ugli Sodikov Sardor, Komiljon Ugli Mamatkosimov Javlonbek, Sultonkhonovich Azizov Murtaza y Zaynobidin Ugli Yuldashev Murdijljon. 

“Los de migración los subieron a empujones a una camioneta y desde entonces no sabemos dónde están”, se lee en el amparo que fue presentado el 5 de abril de 2023 por la activista de los derechos humanos y coordinadora municipal de vínculo migratorio en Tapachula, Linda Isabel Cancino Orantes.

El recurso legal promovido ante el juez hace constar que a los migrantes “les negaron sin motivo” iniciar con los trámites de refugio en México. Ante el temor a que sean deportados, se explica en el documento, sabiendo que en su país de origen serían incorporados a uno de los centros laborales donde se les explota, Cancino Orantes exigió la “presentación de los detenidos y su liberación”.

“Es necesario que se acabe el negocio de las visas humanitarias de las residencias permanentes”, mencionó el abogado. “Hay que prever en la Ley de Migración, específicamente en el Artículo 37, Fracción III,  y en el Artículo 43 del Reglamento Interior que las visas humanitarias que se expidan no tendrán costo alguno”, finalizó Cancino Orantes.

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