Ex mandos penitenciarios que pagaron un sobreprecio por 62,840 millones de pesos en contratos para construir penales federales podrían ser vinculados a proceso luego que un juez decidió que sus delitos no prescriben.
Los 17 ex funcionarios que operaron bajo el mando de Genaro García Luna están imputados por ejercicio indebido del servicio público y tres de ellos además son acusados de asociación delictuosa en la construcción de ocho penales federales que costaron casi 270 mil millones de pesos.
Con ese dinero se construyeron los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
La defensa de los ex mandos penitenciarios insistió en que como los delitos fueron cometidos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón ya prescribieron, por lo que los acusados no tendrían que ir a juicio.
Sin embargo, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos consideró que los argumentos eran improcedentes, por lo que la Fiscalía General de la República pidió que se les vincule a proceso.
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Cárceles privadas, un esquema que no cambia
En septiembre de 2019, una investigación de Cuestione reveló que en México hay cárceles construidas y manejadas por algunos de los empresarios más ricos y poderosos. Son prisiones tan caras, que cada reo puede llegar a costarle a nuestro país más que el propio presidente de la República.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006 e inició su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que no tenía dónde meter a las 50 mil personas que pensaba capturar y encarcelar.
Decidió entonces entregar la construcción y operación de nuevas cárceles a algunos empresarios, con la promesa de que serían menos corruptas, más seguras, y tratarían mejor a los presos. Sin embargo, terminó resultando un multimillonario negocio para unos cuantos.
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Algunos de los empresarios beneficiados con los contratos de concesión otorgados por el gobierno de Calderón son: Olegario Vázquez Raña (dueño de los hospitales Ángeles, los hoteles Camino Real y Real Inn, así como de Imagen Televisión), Hipólito Gerard Rivero (ex cuñado de Carlos Salinas de Gortari) y Carlos Slim, el hombre más rico de México, entre otros. Juntos, manejan un negocio de casi 12 mil millones de pesos al año.
Enrique Peña Nieto mantuvo el modelo de Calderón, y hasta ahora parece que Andrés Manuel López Obrador no piensa cambiarlo. De hecho, en lugar de que estos contratos millonarios sean renegociados, el nuevo gobierno les pagó 24% más en 2019 que en 2018: los pagos aumentaron de 14,154 millones a 17,558 millones de pesos de un año al otro, de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia por Cuestione, como lo documentamos aquí.
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Y si bien a principios de 2021, en su conferencia mañanera, el presidente aseguró que se eliminarían estas concesiones, hasta el momento no ha sucedido.
Como te explicamos en esta nota, la manutención de cada uno de los reos que se encuentran en estas cárceles concesionadas cuesta hasta 245,000 pesos al mes, más de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Violan derechos humanos
Las internas e internos de los penales pasan hasta 23 horas al día en sus celdas, en soledad, sin ninguna otra actividad. Esto facilita que empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y otros saquen la mayor rentabilidad por las ocho prisiones que construyeron y operan, ya que necesitan menos personal para rehabilitar a las personas internas.
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Uno de los abusos más comunes es el exceso de “solitarios”. Estos son aislamientos, que según la Ley Nacional de Ejecución Penal, conocidas como las Reglas de Mandela, no pueden durar más de 15 días. De lo contrario, se están violando los derechos humanos de las personas.
Pero en la práctica, la falta de personal y de un programa integral de reinserción social, hace que el aislamiento se prolongue por meses.
