Después de que en Argentina se aprobara el aborto, el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “en México, nosotros hemos sostenido que es un tema (el aborto legal) que debe consultarse”.
Pero “los derechos humanos no deben ir a consulta pública. El criminalizar el aborto es castigar el derecho a la sexualidad libre de las mujeres”, declaró Yndira Sandoval, defensora de derechos humanos e integrante de la red de mujeres feministas Las constituyentes CDMX, en entrevista con Cuestione.
La falta de entendimiento acerca de los derechos de las mujeres no solo está en las palabras del presidente, también en la manera en la que las autoridades registran “víctimas” de aborto y no de otros delitos como violación, acoso, abuso u hostigamiento sexual, de los que las mujeres son las principales víctimas.
Te va interesar leer: En los dos primeros años de Sheinbaum crecen delitos sexuales en CDMX
Por ejemplo, entre 2015 y noviembre de 2020 se registraron 3,593 “víctimas” de aborto en 3,557 carpetas de investigación. Y por el delito de violación –una de las razones por las que las mujeres abortan– solo se registró el número de denuncias: 87,500 en el mismo periodo de tiempo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
¿Qué es lo que registran como víctima de aborto?
El documento de víctimas de delitos del Secretarido Ejecutivo está desagregado por sexo, rango de edad, modalidad, entre otros rubros. Pero las “víctimas” de aborto no están desagregadas. En todos los casos dice “no identificado”, lo que no permite realizar una interpretación clara.
El delito de aborto está señalado en el Código Penal Federal como: “La muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
“Lo que sí se sabe es que un feto no puede ser reconocido como persona porque sería reconocerle un bien jurídico”, nos dijo Paola Fernández Lozano, licenciada de Derecho de Las Libres, un grupo de abogadas especializadas en defender a mujeres presas por abortar.
Fernández Lozano agregó que “dado que siempre hay una víctima o afectado en un delito. En este caso se puede reconocer una víctima aunque sea ficción jurídica, que funge como representante social. Pero vale la pena cuestionar ¿desde donde está nombrando el estado a las víctimas del delito de aborto? ¿La víctima es el feto, la sociedad, el MP o a quien se le lesiona un bien jurídico?”.
Entonces, ¿por qué no registrar víctimas de delitos de violación, abuso, acoso u hostigamiento sexual?
Si se registraran víctimas de delitos sexuales sabríamos la edad y el sexo de las víctimas, datos útiles para que el Estado atendiera este tipo de violencia con políticas públicas más concretas, señaló Fernández Lozano.
Te va interesar leer: Marihuana, aborto y otras libertades que esperábamos y no llegaron (o perdimos) con la 4T
Un caso entre miles
Ángela, quien es otomí, fue violada por su ex pareja en diversas ocasiones. A sus 29 años, ella trabajaba cargando maíz y llevándolo hacia un molino para intentar sobrevivir a sus condiciones de extrema pobreza.
Un día, en el trabajo, sintió dolores fuertes en el abdomen y sangrado vaginal. Ella acudió a un hospital de su localidad, en el Estado de México, donde es legal abortar solo por algunas causales como violación, alteraciones geneticas oncongéntias o peligro de muerte.
El personal médico del hospital del estado la denunció por sospechar que se había provocado un aborto. La policía la detuvo. Ella permaneció 48 horas en la agencia del ministerio público por supuestamente haber ingerido pastillas de Misoprostol (medicamento usado para provocar un aborto).
Ángela recuperó su libertad gracias a que el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE) le proporcionó asesoría jurídica y la acompañó hasta verificar que no había pruebas para que el ministerio público procediera en su contra.
Te puede interesar leer: Radiografía del aborto en México: así se castiga este delito estado por estado
Cifra negra en delitos sexuales
En el reporte de GIRE no se especifica si Ángela denunció o no a su agresor. Sin embargo, sabemos que nueve de cada 10 víctimas de alguna agresión física y/o sexual no denuncian en México.
Así que las más de 210,000 denuncias por delitos sexuales, registradas entre 2015 y noviembre de 2020 en el país, son apenas el 10% de la realidad de este tipo de agresiones, señaló Yndira Sandoval.
Castigan a las mujeres
Una mujer puede ir a la cárcel, desde 15 días hasta seis años, por abortar. Dependiendo del estado en el que radique. A Ángela, por ejemplo, le podrían haber dado entre uno y tres años de prisión, que es la pena contemplada en el Código Penal del Estado de México.
La historia de Ángela es solo una de entre diversas razones por las que las mujeres son criminalizadas por abortar en México. Algunas son denunciadas sin pruebas, otras porque en sus entidades no se permite abortar por decisión propia o porque se pasaron del número de semanas permitidas en el código penal de su entidad.
Entidades con más denuncias por aborto
El Estado de México, donde vive Ángela, es la séptima entidad del país con la tasa más alta de denuncias por aborto (1.5 por cada 100 mil mujeres) de los primeros once meses de 2020. Por debajo se encuentran Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California, Querétaro, Baja California Sur y Nuevo León.
Y hablando de números absolutos, el Estado de México tiene el número más alto de denuncias (136), seguido de Nuevo León y Ciudad de México.
Que en algunas entidades, como la Ciudad de México o Oaxaca, sea legal que una mujer interrumpa su embarazo, por decisión propia, no significa que realmente se les garantice ese derecho, mencionó Yndira Sandoval.
Sandoval insite en que “la discusión ya no debería ser entre aborto legal o no, sino entre aborto gratuito, seguro y legal o aborto clandestino. Pues una ley que criminaliza castiga a todas, pero una ley que despenaliza no obliga a ninguna a abortar; nadie estará obligada”.
