Solo 66 centavos van para la atención de víctimas del delito, por cada 100 pesos que se invierten en el sistema de procuración de justicia de los 32 estados. Esto, de acuerdo con el informe Hallazgos 2019, elaborado por la organización civil México Evalúa, especialista en análisis de datos en la materia.
Mientras tanto, la tasa de criminalidad sigue a la alza y la impunidad supera el 92% (sin contar con la cifra negra de delitos que no se denuncian), las autoridades invitan a las víctimas de delitos a denunciar, pero sin contar con los instrumentos e instituciones que garanticen un trato digno y protección adecuada, obteniendo así una revictimización sistemática de Estado.
Mientras que las comisiones estatales para la atención de víctimas obtuvieron 1,130 millones de pesos en 2019, las defensorías jurídicas (responsables de dar apoyo legal a las presuntas personas que cometieron un delito) recibieron 2,410 millones de pesos, es decir, más del doble, informó México Evalúa, quien obtuvo la información a través de diferentes solicitudes de información a las dependencias gubernamentales de los estados.
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Las comisiones estatales de atención a víctimas están encargadas, entre otras cosas, de proveer asesoría jurídica y psicológica a las víctimas del delito.
Además, existen grandes diferencias en los presupuestos que reciben las distintas comisiones para la atención de víctimas entre los estados. Mientras que en la Ciudad de México la Comisión local recibió 4.3 millones de pesos por cada 100 mil habitantes, en Oaxaca o Puebla apenas rondaron los 50 mil pesos, de acuerdo con el mismo informe.
Las persona asesora jurídica, otro foco rojo en la atención de víctimas
Pero las comisiones de atención a víctimas no son las únicas que apoyan a las personas que sufren delitos. A raíz de la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV), en 2013, se le dio forma a la persona asesora jurídica de las víctimas, que había nacido cinco años antes, en 2008, con la gran reforma de justicia penal.
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¿Quién es la persona asesora jurídica? Cuando a alguien se le acusa de un delito y se le arresta, tiene derecho a un abogado defensor, que muchas veces se le asigna de oficio (por parte del gobierno) sin costo alguno. Ése mismo derecho no estaba contemplado para las víctimas del delito antes de la LGV.
La persona asesora de las víctimas acompaña, explica y orienta a las víctimas en sus procesos de denuncia, con el fin de que ésta se encuentre informada en todo momento de en qué va el proceso y conozca sus derechos.
Sin embargo, la mayoría de las personas asesoras se encuentran con sobrecarga de trabajo. Una sola de ellas lleva 95 casos, en promedio nacional. Aunque hay estados, como Baja California, donde el número de expedientes se eleva hasta a 507, o Sonora, con 425 casos por cada asesor.
Además, “hemos encontrado que a muchos asesores jurídicos les hace falta preparación y sensibilidad para la atención de las víctimas. Veíamos en varias audiencias que se trataban delitos sensibles, que tenían que ver con género o menores de edad, que les hacían falta competencias específicas para poder referirse a esos delitos, del contexto de esos delitos y poder darle un trato adecuado en esos casos”, nos comenta Christel Rosales, investigadora del programa de justicia de México Evalúa.
Las personas asesores jurídicas dependen de diferentes estancias en cada entidad, pero por lo regular veremos que dependen del Poder Judicial de cada estado o del Tribunal Superior de Justicia.
En este video encontrarás más información sobre los derechos de las víctimas:
El abandono de la construcción de un sistema que realmente proteja y defienda a las víctimas es consecuencia del abandono a la gran reforma de justicia penal de 2008, a la que se le dejó de dar seguimiento y “no ha contado con un liderazgo convencido para apostar su capital político para que esto funcione”, expuso Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, durante la presentación de Hallazgos 2019.
“No hay una política criminal de Estado, que te diga cómo nos queremos ver con indicadores objetivos. Y lo que estamos viendo es que se llevan esfuerzos aislados en las instituciones. Tenemos un entramado institucional muy lleno, que no se hablan entre sí”, nos dice Rosales Vargas.
