Otro pendiente del Estado: garantizar seguridad a menores y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

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Han pasado 448 días sin que Mariana (nombre ficticio para proteger su identidad) sepa dónde está su hijo de 10 años. El 26 de febrero de 2020, su exesposo Priyadarsi “N” fue a su casa, en San Luis Potosí, acompañado de dos policías y se lo llevó a la fuerza. Un vecino intervino pensando que se trataba de un secuestro y lo encañonaron.


Cámaras de vigilancia registraron cómo fue secuestrado el menor de edad, en San Luis Potosí.

Mariana tiene miedo. Priyadarsi es también el agresor de su hijo y de ella. En 2015, cuando el niño tenía seis años, Priyadarsi abusó sexualmente de él, lo cual fue denunciado ese mismo año y quedó asentado en la carpeta de investigación SCO1/7714/2015 de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entidad en donde vivía la familia entonces, misma que fue enviada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (donde vive el presunto agresor y se cometió el delito).

Los dictámenes psicológicos comprobaron la violencia sexual que había sufrido el pequeño.

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A pesar de haber denunciado estos actos contra su hijo –y la violencia que sufrió ella misma desde que estaba embarazada–, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha girado ninguna orden de aprehensión contra el agresor. 

Además, la jueza Sandra Gaeta Miranda del Juzgado Octavo Familiar de la entidad, lejos de emitir medidas cautelares (como acompañamiento a la víctima y sacar al agresor del hogar), permitió que siguiera conviviendo con su agresor.

Cuando mujeres como Mariana denuncian violencia intrafamiliar o de género, tendrían que contar con recomendaciones judiciales y medidas de protección de riesgo para salvaguardar su integridad, como órdenes de restricción, rondines policiales, acompañamiento de la víctima con escoltas.

Sin embargo, los jueces y juezas a cargo de estos casos han omitido todas esas medidas, en parte, por la falta de capacitación en perspectiva de género, nos dice Ana Yeli Pérez integrante de Justicia Pro Persona y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

Las personas juzgadoras están obligadas a detectar y actuar ante posibles situaciones de riesgo, para evitar afectaciones a los derechos, de lo contrario estarán incumpliendo con su deber de protección. Sin embargo, en siete de cada 10 casos no dictan medidas de protección necesarias, de acuerdo con el informe No es Justicia, de la organización Equis Justicia.

Este tipo de omisiones ponen en riesgo a las víctimas y las desalienta a seguir con el proceso legal. Y también desalienta la denuncia de otras mujeres que, como ellas, son víctimas de agresores, agrega Pérez. 

A nivel nacional el 92.4% de los delitos no se denuncian o no se inicia ni una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2020, y es muy triste que cuando finalmente las víctimas de violencia de género se atreven a denunciar tampoco se les da justicia.

Omisiones mortales

Las consecuencias de no dar seguimiento a estas denuncias pueden ser mortales. Como en el caso de Abril Pérez, quien en enero de 2019 denunció a su marido por intento de homicidio, cuando éste aprovechó que ella dormía para pegarle en repetidas ocasiones en la cabeza con un bate de béisbol. 

Un juez clasificó el delito como violencia familiar y lesiones y lo dejó en libertad en septiembre de ese mismo año. 

Dos meses después, el 25 de noviembre, Abril fue asesinada de a balazos por parte de un motociclista, cuando circulaba sobre Circuito Interior, después de dirigirse a una audiencia con su ex esposo. Uno de sus hijos viajaba en la parte trasera del vehículo.

El caso de Abril evidenció la posible corrupción e incapacidad de las y los jueces para actuar de manera oportuna en los casos de violencia de género, así como de garantizar la adecuada atención y protección de las víctimas, y de juzgar con perspectiva de género, como documentó México Evalúa.

Por haber actuado sin perspectiva de género y no darle las protecciones adecuadas a Abril, que le pudieron haber salvado la vida, los dos jueces que estuvieron a cargo de su investigación, Federico González y Luis Díaz, fueron separados de su cargo en marzo de este año por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.

El sistema de justicia les falla a mujeres como Mariana y Abril, porque a pesar de las denuncian que presentan, se enfrentan a un sistema de justicia con serios problemas estructurales y falla sistemáticamente en proteger los derechos humanos.

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Cuando el agresor es el padre

Los procesos de violencia donde se involucran menores son más complicados, porque se tiene que velar por la protección de los derechos de las niñas y los niños y los agresores no pierden los derechos sobre ellos hasta que no se demuestre que representan un riesgo para las hijas e hijos, nos dice la abogada.

Además, las juezas y jueces estigmatizan a las mujeres, porque en muchas ocasiones consideran que están denunciando a los padres de sus hijos por “venganza” de que él las abandonó, o porque quieren obtener dinero, nos dice la abogada.

La batalla legal

La pesadilla de Mariana comenzó desde que estaba embarazada de su hijo, en 2009. Priyadarsi, de origen hindú e investigador del Departamento de Dinámica Terrestre Superficial de la UNAM, la golpeó en repetidas ocasiones y un día intentó aventarla por las escaleras, después la violencia fue escalando a tal punto de amenazarla con matarla. 

Desde entonces Mariana ha enfrentado una larga batalla legal para defender y proteger a su hijo, pues a pesar de las distintas denuncias que ha presentado contra Priyadarsi, ninguna ha terminado en una orden de aprehensión contra su agresor, por falta de investigación, irregularidades y negligencia, nos cuenta.

Cuando levantó la primera denuncia por violencia familiar contra Priyadarsi, quería que le dieran medidas cautelares por toda la violencia que sufrió desde entonces y porque su vida corría peligro, lo cual también quedó documentado en la carpeta de investigación SCO1/7957/2011. 

Un año después, en 2012, Mariana logró divorciarse de Priyadarsi. Ella se quedó con la custodia total de su hijo, aunque el menor tenía convivencias quincenales con el padre. 

Inicialmente, estas convivencias eran en Morelos, pero cuando el niño cumplió cinco años se empezaron a hacer en la CDMX, donde vive Priyadarsi. Desde entonces, Mariana comenzó a notar cambios en su hijo. Lo veía pálido y un día comenzó a llorar y reír al mismo tiempo de una manera incontrolable.

Por recomendación de la pediatra, Mariana llevó a su hijo al Hospital del Niño Morelense, donde lo valoraron y determinaron que tenía un shock post traumático. En las semanas siguientes, el pequeño empeoró, dejó de comer, tenía insomnio y un día cuando ella lo estaba cambiando de ropa para ir a la escuela, no quería que le quitara la playera. “No quiero que me hagas lo que me hace mi papá”, le dijo. Una frase que le cayó como balde de agua fría.

Mariana fue a denunciar al padre de su hijo ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, en donde se abrió la carpeta de investigación SCO1/7714/2015 y se envió a la Fiscalía Central de investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Ciudad de México (donde vive el papá del menor) y los resultados de los peritajes concluyeron la sintomatología de abuso sexual y señala como victimario Priyadarsi.

Mariana llevó estas pruebas al Juzgado Octavo de lo Familiar, donde estaba llevando el caso de la custodia de su hijo y le solicitó a la jueza Sandra Gaeta Miranda que retirara las convivencias ocasionales del padre con el menor, mientras seguía la investigación contra Priyadarsi. 

Incluso el DIF de Morelos envió un escrito a la jueza para que el menor no estuviera cerca de su papá. Cuando Mariana se lo presentó a la jueza, ella le increpó: “¿Quién es usted para decirme qué hacer?”, entre burlas.

En esa época el hijo de Mariana no quería ver más a su papá. Lloraba y temblaba. Así que Mariana no dejaba que se lo llevara. Priyadarsi la denunció ante la jueza Sandra Gaeta, quien le otorgó la custodia provisional a él en 2016, diciendo que no existía ningún riesgo.

Mariana volvió a llevar a juicio su caso y todavía no se determina quién debe quedarse con la custodia de su hijo, pues la investigación por el presunto abuso sexual al niño ante la Fiscalía sigue en curso, mientras que las y los jueces han omitido seguir las recomendaciones del DIF.

Mariana intentó hacer, a pesar de las consecuencias, lo que las autoridades no pudieron: proteger a su hijo. Violó la custodia provisional concedida a Priyadarsi y lo resguardó en casa de sus padres, en San Luis Potosí, en 2018, de donde su ex esposo y la policía se llevaron al menor sin una orden judicial y a la fuerza.

“Mi dolor es inmenso pero no puedo imaginar lo que está padeciendo mi hijo al lado de este hombre, lo que más deseo en este momento es poder rescatar a mi hijo de su agresor”.

“Hice todo por proteger a mi hijo. El Estado le falló. El daño provocado en mi hijo es irreversible”, lamenta Mariana.

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¿Qué puedes hacer si eres víctima de violencia intrafamiliar y cuáles son tus derechos?

-Resguarda tus documentos, así como los de tus hijos en casa de alguien de confianza.

-Identifica a uno o más vecinos(as) a quienes puedas hablarles y pedirles ayuda.

-Desarrolla un plan de seguridad con tus hijos e hijas para cuando no estés con ellos (as), que sepan qué hacer para protegerse

-Informa a la escuela, la guardería, etcétera, sobre quién tiene autorización para recoger a tus hijos e hijas.

Denuncia ante un Ministerio Público o llamar al 911 para pedir asesoría legal. 

-En caso de necesitar solicitar la guardia y custodia de algún hijo o hija tienes derecho a una Defensoría Pública.

-Tienes derecho de pedir copias de tu denuncia y de la respuesta que el MP haya dado a la misma.

-Tienes derecho a recibir medidas de protección inmediatas para protegerte a ti y a tus hijos e hijas,

-El MP deberá citar al presunto agresor para que rinda su declaración. En caso de que el agresor sea la misma persona que tiene la guarda y custodia del/la niño/a, el MP le requerirá que lo presente para que el niño/a rinda su declaración.

-Tienes derecho a contar con asesoría y representación jurídica gratuita.

-Tienen derecho tú y tus hijas e hijos a recibir atención y acompañamiento médico y psicológico

-En caso de que lo necesites, tú y tus hijas e hijos pueden ser canalizadas a alguna Casa de Emergencia o Centro de Refugio.



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