El 20 de septiembre pasado, tras las afectaciones por el huracán “Kay” en Baja California Sur, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros expuso ante el Senado de la República la negativa de Víctor Castro Cosío, gobernador del estado, de solicitar la declaratoria de emergencia para el municipio de Mulegé.
Ante esto, Omar Castro Cota, jefe de la oficina del gobernador Castro Cosío, publicó ese mismo día en sus redes sociales descalificaciones “que generan odio” en contra de la senadora. Ante ello, Guadalupe Saldaña presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur por violencia política en razón de género en contra del funcionario.
“Derivado de la publicación agresiva que hiciera el jefe de oficina del gobernador donde me llama ‘francotiradora mercenaria, pandillera poseída’ presenté una denuncia para poner un alto a la violencia política”, señaló la senadora en su cuenta de Twitter.
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Al presentar la denuncia contra Omar Castro, el 26 de septiembre, la senadora panista declaró ante los medios que “alguien que es capaz de generar esa agresividad en una publicación no debería tener ningún cargo público”.
“Es un error cobijarse en una oficina del gobierno, en un puesto público, para agredir y violentar. Desde el Senado y el Legislativo estamos haciendo leyes para garantizar los derechos humanos y no podemos normalizar estas acciones”, dijo la senadora.
Denuncia contra Miguel Barbosa
De igual forma, el pasado 7 de septiembre, la diputada Susana Prieto Terrazas presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia en contra de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Pero el INE se declaró incompetente y turnó la denuncia al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), por lo que el proceso contra el gobernador se llevará a cabo a nivel estatal. En caso de que la resolución no resulte favorable se podrían interponer apelaciones, nos dijo en entrevista Susana Prieto.
El objetivo es que Miguel Barbosa esté en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, incluso “que pueda estar inhabilitado políticamente para desempeñar cualquier puesto en el futuro”, dijo la diputada federal morenista.
Erradicar la violencia política del partido del color que sea
El 8 de septiembre de 2022, durante una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, Susana Prieto relató que Miguel Barbosa dijo durante su conferencia matutina de prensa del 2 de septiembre del mismo año, que ella y el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, tenían una relación.
El gobernador hizo este comentario en contra de Susana Prieto al afirmar que “hay malintencionados que quieren influir” en la decisión de los trabajadores de la empresa Volkswagen sobre su aumento salarial, en relación a la participación de Susana Prieto como abogada laboralista y asesora de sindicatos.
La diputada apuntó que la declaración falsa de Miguel Barbosa es violencia política por razones de género, pues además de que sus relaciones personales son “cosa que no le importa al gobernador”, él tiene la obligación de ser garante de los derechos de las mujeres como gobernador del estado de Puebla y “no convertirse en un agresor”.
En la conferencia de prensa del 8 de septiembre en apoyo a Susana Prieto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena, afirmó que “no podemos permitir que nadie, aún siendo un gobernador nuestro, emanado de nuestras filas, se dé el lujo de hacer este tipo de señalamientos en contra de una mujer”.
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¿Qué es y cómo se sanciona la violencia política contra las mujeres?
Hace dos años y medio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a siete leyes federales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como para otorgar medidas de protección y reparación del daño a las víctimas de esta violencia. Las reformas entraron en vigor el 14 de abril de 2020.
A raíz de estas reformas, a quien cometa y se le demuestre haber cometido violencia política contra las mujeres se le puede sancionar en sus candidaturas o a sus partidos con quitar recursos, invalidar un proceso electoral, suspenderles de sus cargos, entre otras medidas.
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia la violencia política contra las mujeres se manifiesta cuando a mujeres precandidatas, candidatas o en cargos públicos se les limita, anula o menoscaba su ejercicio de los derechos políticos y electorales por razones de género.
Esta ley señala al menos 22 conductas que son violencia política como restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, obstaculizar su derecho de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie o descalifique a una mujer, basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.
Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien “publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales”.
El artículo 20 Bis de esta ley también enlista otras 13 conductas dentro del delito de violencia política que pueden ser sancionadas con uno y hasta seis años de prisión y con 50 a 200 días de multa.
De acuerdo con ambas leyes federales, la violencia política contra las mujeres puede ser cometida por personas servidoras públicas, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos de partidos políticos, incluso por medios de comunicación y sus integrantes.
A partir del 14 de abril de 2020, un día después de que entró en vigor la reforma sobre violencia política contra las mujeres, y hasta el 24 de agosto de 2022, “el INE ha recibido 219 quejas, denuncias o vistas en esta materia”, informó Norma De la Cruz Magaña, consejera del INE, durante el “Segundo taller de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género”.
En este taller, la consejera Dania Ravel explicó que “las democracias contemporáneas no pueden concebirse sin mujeres” y que es “al interior de los partidos políticos donde las mujeres están enfrentando mayores obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales”.
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El Registro nacional no inhibe la violencia política
Yndira Sandoval Sánchez, integrante de la organización feminista Las Constituyentes Mx Feministas, nos explicó que el Registro nacional de personas sancionadas por violencia política no tiene claridad en los grados de las sanciones y de las temporalidades, como la inhabilitación o la reparación del daño hacia la víctima. Sin esta claridad, estar en este registro es solo una falta administrativa para los agresores, apuntó.
Por su parte, la consejera del INE, De la Cruz Magaña, también ha señalado la necesidad de “revisar cómo hacer que este Registro sea realmente inhibitorio de este tipo de conductas violentas” y lamentó que el número de casos de violencia política contra las mujeres siga incrementando.
A la fecha, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE -que comenzó a funcionar a partir del proceso electoral 2020-2021- tiene un total de 275 registros por este delito, cometido por 247 personas sancionadas, entre las cuales 205 son hombres y 42 son mujeres.
En menos de dos años, Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz, acumuló 11 registros. Además, 11 personas de otros estados del país tienen más de un registro.
Y Oaxaca encabeza la lista de los estados con el mayor número de casos, con 82. Le siguen Veracruz, con 34, y Tabasco con 23 registros de personas que cometieron violencia política contra mujeres.
