Vulcan Materials – Calica: ¿en qué va el conflicto con el Estado mexicano?

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María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente entregó a la Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una denuncia contra la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) por “daño ambiental que ha provocado en Quintana Roo”, el pasado 4 de julio. 

Sin embargo, Vulcan Materials contestó que esta acción del gobierno mexicano es ilegal y que han cumplido con su responsabilidad ambiental. Y es que actualmente la minera estadounidense, además de una concesión de extracción y exportación de piedra caliza, tiene otra concesión de uso portuario y muelles en Quintana Roo. 

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El caso Calica

La minera Calizas Industriales del Carmen (mejor conocida como Calica), extraía toneladas de piedra caliza en Playa del Carmen y opera la terminal marítima de Punta Venado en Playa del Carmen, Quintana Roo. 

Vulcan Materials es una empresa minera con base en Birmingham, Alabama en Estados Unidos, presidida por J. Thomas Hill, que opera en México desde hace 30 años como Calica. Cuenta con dos concesiones importantes en nuestro país: una de extracción de minerales pétreos y otra terminal portuaria de altura de uso particular para la carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos.

Durante varias conferencias matutinas entre abril y mayo de este año, el presidente López Obrador aseguró que el daño ambiental causado en Playa del Carmen por la minera no tenía precedentes, al tiempo que la corresponsabilizó de boicotear el proyecto del Tren Maya en su tramo 5 a través del financiamiento a “pseudoambientalistas”.

El conflicto se agudizó el 5 de mayo, cuando la Secretaría del Medio Ambiente clausuró las actividades de la empresa Calica porque presuntamente incumplió con la normatividad federal en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental.

Según la versión del presidente, el gobierno y la compañía acordaron finalizar con las actividades de extracción, situación que la empresa no dejó de hacer. 

El 5 de mayo, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció que definitivamente Calica había dejado de explotar el lugar con miras a convertir el predio en un parque natural, a cambio de sacar el material que ya habían extraído.

El punto de quiebre se dio cuando el 22 de junio, el presidente informó que su gobierno presentaría una denuncia contra la empresa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Y así, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concretó la denuncia ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelete, en Nueva York.

Respuesta de Vulcan

Días después de la clausura, José María Xapur, gerente de Recursos Humanos, y Karla González, gerente de Sustentabilidad de la minera, ofrecieron a Forbes México un recorrido por las instalaciones de la mina para exponer sus acciones para mitigar el impacto al medio ambiente que sus operaciones extractivas representan.

Sobre el reconocimiento de que la extracción de piedra caliza genera un impacto en el terreno, los directivos afirmaron que tienen un plan de contención de daño ambiental para que cuando dejen de explotar la cantera se recupere parte de la vegetación y la fauna del lugar.

De acuerdo con su informe de Sustentabilidad 2020, Calica planta alrededor de 2,885 árboles por hectárea al año, una meta por encima de lo recomendado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de los cuales un 88% presentan altas tasas de supervivencia.

¿Empresa contaminante o intento de expropiación de facto?

A pesar de que la concesión portuaria en litorales de Quintana Roo, cerca de Playa del Carmen, está vigente hasta 2035. Según el blog Mundo Marítimo después de las acusaciones del presidente a la empresa, la concesión portuaria también está en juego y podrían quitársela para que fuera operada por otras empresas. 

Una fuente de Semar, dijo a Mundo Marítimo que la nueva idea del gobierno federal es “licitar públicamente a terceros para su operación, pues debe recordarse que esa misma dársena opera la terminal de ferrys procedentes de Cozumel”.

El conflicto entre Calica con el gobierno, despertó el interés de otras empresas por el muelle. Para competir en una eventual licitación están Grupo Xcaret, que tiene terrenos en la región de las minas; José Chapur, un empresario que se ha caracterizado por ser opositor a los muelles de cruceros en la Riviera Maya pues considera merma la capacidad hotelera de la zona; e incluso Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta, quien también se ha pronunciado por estar interesado en un muelle de cruceros en esa área.

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Problemas incluso con el TLCAN

Desde Birmingham, Estados Unidos, la empresa acusó al gobierno de México de utilizar “órdenes de cierre arbitrarias para cesar de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su subsidiaria en Quintana Roo, México”

Y remarcó que “esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La Compañía tiene los permisos necesarios para operar”, por tanto, subrayó su intención de “buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”. 

Así como el gobierno mexicano hizo con la ONU, la empresa ya escaló el conflicto a instancias internacionales. Calica, reclamó al Estado mexicano $1,529 millones de dólares por el incumplimiento de la concesión frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington. 

Además, advirtió que desde finales de 2018 participó en un arbitraje del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) con México porque le negaron desbloquear una parte de las reservas minerales de Calica y por el cierre arbitrario de una parte de las operaciones de extracción de la Compañía.

Este procedimiento arbitral del TLCAN, que sigue vigente en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), significa que los inversionistas de un país pueden demandar a un Estado extranjero, por violaciones en materia de inversión que le causen daños

El presidente del tribunal del Ciadi, el holandés Albert Jan van der Berg, determinará entonces si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el TLCAN; en caso de decidir que sí, el Ciadi establecerá el monto de la reparación que tendrá que pagar México.

AMLO ha señalado constantemente a varios empresarios en la zona de Quintana Roo como Calica y Grupo Xcaret por presuntamente “estar detrás de los amparos contra el tramo 5 sur del Tren Maya” y “generar daños considerables a la hacienda pública”. 

En el caso de Grupo Xcaret los empresarios enviaron una carta para aclarar que ellos no participan en esos procesos y el caso de Calica, estos ya tomaron cartas en el asunto con un mediador imparcial. ¿El gobierno federal considera la empresa de piedra caliza contaminante o es un intento de expropiación de facto

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