Hace unos días le preguntaron al presidente su opinión sobre la coalición “Vamos por México”, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. La respuesta fue prolija: dijo que los conservadores se habían quitado las máscaras, que ya estaban juntos desde hace tiempo y que él los había denunciado pero que simulaban porque su divisa es la hipocresía, y que ahora se están uniendo abiertamente en esta coalición.
El presidente también hizo una exposición de lo que considera la trayectoria de las relaciones entre el PRI y el PAN a partir del gobierno de Salinas y afirmó que podía demostrar que el interés de dicha coalición es ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para poder decidir sobre el presupuesto, quitar el dinero a los pobres y regresar al anterior sistema de corrupción y privilegios. Finalmente, remató su respuesta afirmando que esta coalición será derrotada porque el pueblo de México está muy, pero muy avispado.
Pocos días después también le preguntaron al presidente su opinión sobre la coalición que agrupa a Morena y al Partido Verde, este último de lamentable trayectoria. En esta ocasión la respuesta fue lacónica. López Obrador sólo dijo “no voy a opinar, no me voy a meter, no me corresponde” y derivó su respuesta otra vez hacia la crítica a quienes él califica como conservadores.
El fuerte contraste entre las dos respuestas da una idea del papel que el mandatario pretende jugar en el proceso electoral de 2021 si no se lo impiden, en aplicación de la Constitución y las leyes, las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.
Por eso llama la atención la reciente determinación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de declarar que no existen violaciones a la Ley que vulneren los principios de imparcialidad y neutralidad por declaraciones del presidente en conferencias matutinas. El último párrafo del boletín que sobre este tema emitió el Tribunal sostiene que “lo expuesto en las conferencias matutinas (…) corresponde a un ejercicio de preguntas y respuestas amparado bajo la libertad de expresión y el derecho a la información”. Este criterio del Tribunal Electoral es motivo de preocupación porque parece ser una carta de autorización del Tribunal al presidente para que éste siga opinando sobre las elecciones y sus contendientes.
Evidentemente, la intromisión del titular del Poder Ejecutivo en el proceso electoral tendrá como efecto lograr que la competencia entre los candidatos postulados por partidos y coaliciones no tenga el atributo de la imparcialidad, pues la retórica presidencial en contra de unos y en favor de otros evitará que las elecciones sean justas, es decir, que la competencia se haga “con piso parejo” como condición básica para aceptar el proceso y sus resultados.
Esta intervención del presidente, sin duda el actor político con más presencia mediática entre los mexicanos, podrá poner en riesgo al proceso electoral y será terreno fértil para que proliferen las impugnaciones antes, durante y después de la jornada electoral, llegando incluso al cuestionamiento de los resultados. Si este escenario se realiza estaremos ante una regresión en la calidad de nuestros procesos electorales y, por lo tanto, de nuestra ya de por sí incipiente democracia.
Y será una regresión porque precisamente de allá venimos, del control electoral que por diversas vías ejercía el presidente en turno. Por ello, un objetivo fundamental de la transición electoral efectuada en décadas recientes mediante sucesivas reformas a la legislación en la materia, fue precisamente erradicar el control que ejercía el poder presidencial sobre las elecciones a través de múltiples mecanismos legales y meta legales, que iban desde que el Secretario de Gobernación presidiera al organismo electoral, hasta la decisión de cometer fraude en los comicios. Por esta razón la reforma de 1996 es considerada por diversos analistas como uno de los momentos culminantes de la transición electoral, ya que determinó que el Poder Ejecutivo dejara de presidir la institución encargada de organizar las elecciones.
No obstante, hoy el presidente López Obrador pretende ser parte protagónica y determinante de la campaña electoral, mediante sus insistentes declaraciones en las conferencias mañaneras, en las que critica y condena a quienes considera sus adversarios y alaba y glorifica a sus partidarios, lo que en el contexto del proceso electoral en curso atenta contra las condiciones de imparcialidad del mismo y, en consecuencia, contra su legalidad y su legitimidad.
Es, por decir lo menos, una actitud irresponsable, impropia de un jefe de Estado.
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