El abuso policial, ¿se basa en las pocas facultades de las corporaciones?

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No malinterpreten el título de esta columna. Mientras investigaba casos de abuso policial para este texto, revisé también algunas propuestas de reforma policial, especialmente las que impulsan organismos como Insyde y World Justice Project. 

¿Por qué estaba buscando información sobre el abuso policial? Porque hay gente muerta a causa de esto. Sólo entre 2020 y lo que va de 2021, la policía asesinó al menos a seis personas en México en detenciones por faltas administrativas.

En el mismo periodo, dos personas murieron dentro de los separos en Ecatepec, Edomex y Progreso de Obregón, Hidalgo. Además de cinco casos de detenciones arbitrarias de acuerdo con notas y denuncias en Twitter.

En Estados Unidos, el asesinato de George Floyd por parte de policías el 20 de mayo de 2020 desató protestas mundiales y generó el movimiento Black Lives Matter. El expolicía Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por matar a Floyd. En México, apenas han sido destituidos algunos policías involucrados en abuso policial.

¿Por qué planteo que la causa de estos abusos y asesinatos es no tener nada que hacer? Porque la policía involucrada en estos asesinatos tiene una sola tarea: prevenir el delito, lo que sea que eso signifique. No tiene ninguna otra atribución. 

Ni siquiera puede detener gente, a menos que cuente con una orden judicial o ante delitos en flagrancia pero ya veremos que la policía considera que estar ebrio en la vía pública es un delito (en realidad es una falta administrativa). Además, de acuerdo con el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier persona puede detener a otra en flagrancia, es decir, mientras comete el delito.

De acuerdo con un estudio de World Justice Project sobre impunidad, contrario a países como Estados Unidos o Inglaterra, la policía en México no tiene capacidad investigadora. 

En México, la policía se divide en preventiva y de investigación, según explica Insyde, y sus labores están vinculadas a la protección de derechos de integridad física, de libertad personal y participa en la protección del debido proceso.

Detener gente ebria y que esta acabe muerta va totalmente en contra de esa descripción. Veamos los casos:

El 18 de enero de 2020, un hombre murió en las galeras de la Oficialía conciliadora de Las Américas, en Ecatepec, Estado de México. El hombre de 38 años fue detenido por “escandalizar en estado de ebriedad en la vía pública”. 

El 27 de marzo, Yair López fue asesinado por desnucamiento, luego de ser detenido por policías municipales de Tijuana. Uno de ellos colocó su bota sobre el cuello de Yair hasta que lo mató. El joven de 28 años fue detenido “bajo la influencia de alguna sustancia y arrojaba piedras”.

Estos casos sólo se conocieron después del de Giovanni López, quien el 4 de mayo murió tras ser detenido por no usar cubrebocas por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Guadalajara, Jalisco. 

El asesinato de Giovanni se conoció un mes despues de ser cometido. Y su hermano denunció que el presidente municipal ofreció 200 mil pesos a la familia para que no lo dieran a conocer e incluso los amenazó con matarlos si lo hacían.

Ese mismo año, una joven de 16 años llamada Melanie fue pateada por policías durante una protesta en Ciudad de México contra el abuso policial en los casos de Giovanni y George Floyd.

El 27 de marzo de 2021, Victoria Esperanza Salazar fue asesinada en Tulum, Quintana Roo, durante una detención efectuada por cuatro policías. En videos de la detención se observa que uno de ellos colocó su rodilla sobre el cuello de Victoria, quien vivía en México como refugiada, tras haber huido de El Salvador. Nuevamente, indicaron que la detención ocurrió porque ella alteraba el orden público.

El 10 de junio, la doctora Beatriz N fue detenida por policías de Progreso de Obregón, Hidalgo, tras un accidente vehicular. Ella nunca negó su responsabilidad en el accidente y aunque intentó ayudar a los heridos, la policía se lo impidió.

Fue llevada a los separos, donde horas después fue encontrada muerta “suspendida del cuello por un objeto”; el gobierno de Progreso de Obregón informó que se había suicidado.

El 21 de julio, José Eduardo Ravelo fue detenido en Mérida sólo por lucir “sospechoso”, lo que de hecho es un acto de discriminación. José Eduardo narró a su madre, Dora María Ravelo Echevarría, que tras la detención fue golpeado y abusado sexualmente por la policía estatal de Yucatán. 

Falleció el 3 de agosto, a causa del politraumatismo, ruptura de tejidos musculares y choque séptico pulmonar causado por los golpes.

Sin embargo, la FGR determinó el 28 de octubre que el joven, de 23 años, murió de neumonía. 

La madre de José Eduardo había declarado que, de acuerdo con su hijo, en el hospital O’Horán le preguntaron cuál era su orientación sexual, por lo que la comunidad LGBT de Yucatán acusó que fue discriminado por orientación sexual en ese caso. Incluso, de acuerdo con el activista Alex Orúe, la agresión en su contra por parte de policías se debió a que fue percibido como homosexual.

Sólo una semana después, el 6 de noviembre, la misma policía detuvo de nuevo a un joven gay, identificado en Twitter como @gatogotito. En un hilo publicado el 8 de noviembre, denunció que la policía le pidió su identificación mientras caminaba rumbo a su casa en Mérida.

Tras negarse a entregar su identificación, siguió caminando pero “regresó la patrulla, ahora acompañada por otras dos unidades (todas de la policía Estatal, tipo Pick-Up como las que se llevaron a José Eduardo) y me rodearon”.

“Durante el forcejeo los oficiales me preguntaban por qué me resistía a un arresto sin razón, y entre otras cosas les respondí que sabía lo que ellos hacían y que conocía el caso de José Eduardo”. Le contestaron que “sí ya sabía lo que me iba a pasar, por qué me resistía”.

De acuerdo con su narración, lo salvaron el hecho de que llamó a su familia para informar lo que ocurría y que varios vecinos salieron en su defensa y anotaron los datos de los policías. Sin embargo, pasó la noche detenido sin motivo alguno.

El más reciente deceso en el que hubo policías involucrados fue el del actor Octavio Ocaña. La familia del actor y sus acompañantes aseguran que el joven, de 22 años, fue asesinado por policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de que chocara tras ser perseguido por los mismos policías.

La Fiscalía del Estado de México informó, en cambio, que Ocaña se disparó accidentalmente durante el choque.

Como decía al principio, Insyde y World Justice Project impulsan una reforma policial que si bien se basa en acabar con la impunidad, está inserta en un proyecto de pacificación. 

De acuerdo con su planteamiento, legalmente la policía tiene el deber de detener a las personas que cometen delitos (en flagrancia) y presentarlas ante un juez. Si las vinculan a proceso, la fiscalía será la encargada de investigar. Las policías también detienen si ya tienen una orden, la cual es obtenida por el trabajo de la fiscalía.

El punto de Insyde y WJP es que las cosas se atoran en las fiscalías y desatorarlas será posible si las policías investigan: “Regresarle la tranquilidad a las mujeres que viven con miedo, recuperar la paz en las comunidades, restaurar la gobernabilidad pasa por algo mucho más grande y profundo que crear fiscalías especializadas –desvinculadas por completo de los fenómenos delictivos– (…) para recuperar la paz necesitamos a la policía”.

Si bien burocráticamente tiene sentido, sinceramente pregunto cómo podremos confiarle labores de investigación a una policía que detiene gente por faltas administrativas y luego les asesina.

@almarazkari


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