Podemos acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser terco, y la terquedad puede ser una buena característica para arribar a la presidencia, pero una pésima cualidad para gobernar. También lo podemos acusar de tomar malas decisiones de política pública, y aplicarlas con nula atención a la técnica. Incluso lo podemos acusar de considerar al derecho como un mero trámite burocrático o, en el peor de los casos, como un obstáculo. Pero no lo podemos acusar de autoritario.
El 4 de octubre, el diario británico Financial Times catalogó a AMLO como la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica. Para ese periódico, el presidente tiene una cada vez mayor concentración de poder en sus manos, lo que lo lleva a tomar grandes decisiones sin contrapesos. Y esto es cierto, pero es la particularidad del régimen presidencial mexicano cuando se cuenta con la mayoría en el Congreso, lo que dota de autonomía a la coalición gobernante para tomar decisiones de política pública, presupuestarias y legislativas, como de hecho sucede en cualquier régimen parlamentario.
Probablemente mi desacuerdo con la editorial de Financial Times radica en qué estamos entendiendo por autoritarismo. No interesa tener un debate conceptual, sino hacer las preguntas adecuadas. En este caso, la pregunta es: ¿el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo al régimen democrático en México? La respuesta es NO. Por el contrario, el presidente ha sido un líder moderado que en más de una ocasión ha detenido a los sectores más radicales de su partido… ¡y que bueno!
En el marco de las controvertidas elecciones del 2006, lejos de generar un proceso de confrontación que pudiera costar vidas, mantuvo la protesta en un marco cívico como lo fue el establecimiento de un plantón en Reforma. A la par que mantuvo sus pretensiones de arribar a la presidencia por la vía electoral, intentando en 2012 y en 2018. Incluso, sabiendo que los niveles de corrupción podrían llevar a la cárcel a buena parte de la clase política, hasta la fecha sigue haciendo un uso político de la justicia para generar estabilidad bajo el criterio: olvido no, perdón sí.
La moderación de AMLO se observaba desde ese lejano 2006 y en los años siguientes. Cuando nos preguntaban ¿a cuál de los presidentes latinoamericanos de la vuelta a la izquierda se parece más Andrés Manuel López Obrador? La respuesta nunca era ni Hugo Chávez, ni Rafael Correa, ni Evo Morales. El más cercano era Lula da Silva. Esa moderación es evidente hoy en su programa político, en donde algunos de los principales empresarios de México son parte de su Consejo Asesor Empresarial, a la par que se ha negado a emprender una reforma fiscal progresiva en el país. De hecho, si hay un espacio donde me gustaría mirar más radicalidad, es justo éste.
Dentro de la coalición que podemos llamar 4ª Transformación, hay diversos sectores. Algunos de ellos incluso se adhieren de forma abierta y explícita al viejo Stalinismo, que pensaríamos ya desaparecido. Otros, sin llegar a ese extremo, exigen que la coalición ocupe todos los espacios políticos que se pueda. De acuerdo con ellos y ellas, no hay ningún deber de cedérselos a la oposición, a la que consideran “moralmente derrotada”. Incluso, utilizan expresiones como: ¿por qué les vamos a ceder la plaza? Ante estos impulsos de copar todo el espacio político, por el contrario, AMLO suele detener esas intentonas y respetar los espacios previamente acordados con la oposición, como sucedió recientemente con la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que en este momento está en manos del PRI.
Incluso, en una coyuntura proclive para implementar una tendencia autoritaria, como lo fue la contingencia por la COVID-19, el gobierno de México no llevó a cabo ninguna medida que pusiera en riesgo a la democracia: no se gobernó a través de decretos especiales, ni se dotó de poderes especiales al presidente, no se suspendió a la legislatura, ni a la corte, ni se instituyeron criterios considerados discriminatorios. Vaya, hasta las medidas de aislamiento social fueron voluntarias.
Más aún, el propio presidente está decidido a someterse a referéndum revocatorio en 2022; a la par que en múltiples ocasiones ha reiterado que dejará Palacio Nacional en 2024. De hecho, los dos principales liderazgos que en este momento se vislumbran para el relevo presidencial, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaun, distan de tener perfiles que pongan en riesgo nuestra democracia.
En fin, el presidente NO pone en riesgo a la democracia en México. Pese a ello, lo cierto es que todo parece indicar que esta coalición gobernante barrerá en las elecciones del 2021. Si vemos una concentración del poder en manos del presidente y de su partido, se debe a la incapacidad de la oposición de funcionar como tal, incapacidad proveniente de los malos gobiernos que tuvieron en el pasado, y de la impotencia de articular -de forma creíble- el enojo social que ya comienza a despertar el presidente en algunos sectores, con demandas sociales válidas.
En breve, el actual gobierno ha demostrado mucha ineptitud y mucha tozudez en desarrollar esa ineptitud. Incluso, el presidente ha dejado de articular las demandas sociales de sectores que lo apoyaron en la elección del 2018. Pero todo eso dista de considerarlo un liderazgo autoritario.
Otro texto del autor: Identidad política ¿sin transformación social?
