La democracia a la mexicana se ha construido a partir de cinco procesos: las redes clientelares, la negación de los problemas sociales, la simulación tanto en las soluciones de esos problemas, como en el nombramiento de incondicionales al frente de órganos autónomos para borrar de facto la autonomía, la corrupción y la impunidad.
El grueso de estos mecanismos proviene del régimen priista.
Pese a las alternancias electorales del siglo XXI, la lógica de la democracia a la mexicana se mantiene, incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En lo que hace a la democracia a la mexicana, hoy hay más continuidad que ruptura.
¿Por dónde romper las inercias de la democracia a la mexicana? El punto de partida puede ser una sólida política anti-impunidad. La construcción de un poquito de Estado de derecho.
Sin embargo, el gobierno actual decidió que eso no será parte de su agenda política, por el contrario, desde el primer día de gobierno, en el mismo discurso de toma de protesta, dejó claro que la administración de la impunidad y el uso político de la justicia seguirían marcando la forma de gobernar: olvido no, pero perdón sí.
Desde el colectivo #FiscalíaQueSirva se construyó la posibilidad de romper con las dinámicas de corrupción e impunidad que invaden a las procuradurías. Las causas de la impunidad en esos órganos se tejen desde arriba, cuando los fiscales son capturados por el presidente o los gobernadores o, peor aún, directamente por el narcotráfico.
Las causas de la impunidad también se tejen desde abajo, por la cultura organizacional con la que trabajan las y los servidores públicos que integran las fiscalías, y que obedecen a dinámicas de corrupción, de burocratización, de normalización de violaciones a derechos humanos como la tortura y de falta de capacidades institucionales.
Más importante aún, el cambio de presidente no modifica la cultura organizacional ni las prácticas de esos servidores públicos. Se requiere de una política dirigida a cambiar estos patrones.
La propuesta fue romper ambas lógicas de la impunidad. Desde arriba, dotando de autonomía política a los fiscales y fortaleciendo las capacidades de acción de las fiscalías. Desde abajo, diagnosticando qué personal de las procuradurías debía ser recontratado en el paso de las procuradurías a las fiscalías, dejando fuera a todos aquellos que siguieran las dinámicas de corrupción o burocratización.
Al final, ni el presidente ni los gobernadores aplicaron ninguno de los dos. La transformación de las procuradurías en fiscalías quedó en un mero cambio de nombre y, si acaso, de papelería.
Si el gobierno tenía la oportunidad de realizar un cambio profundo en el sistema de justicia y en el combate a la impunidad, si ganó una elección con más del 50% de los votos, cuenta con mayoría en ambas cámaras y tenía una alta legitimidad política, ¿por qué no construir un Estado de derecho y crear instituciones extraordinarias como una Comisión Nacional de la Verdad y un Mecanismo Internacional contra la Impunidad para dotar de verdad y justicia al país? Porque la administración de la impunidad es una herramienta de la clase política, y ese es el problema.
En México la impunidad se administra y se hace un uso político de la justicia porque nuestra clase política cree que así se genera estabilidad política, que así se controla a los demás grupos políticos.
Por eso, demandas que podrían ser relativamente sencillas, como que los fiscales sean autónomos, se tornan intransitables en México. El presidente y los gobernadores exigen el control de las fiscalías para administrar la impunidad.
Peor aún, para el presidente -y para el grupo político que lo acompaña-, lejos de ayudar, la creación de un Estado de derecho entorpecería la aplicación de su programa político. Esto quedó claro con lo que dijo Jaime Cárdenas en su reciente salida del gobierno:
“El presidente piensa que la política es de resultados, y que lo que vale es conseguirlos. Yo estoy de acuerdo con ello, pero también en procedimientos administrativos, en cumplimiento de normas, y a veces eso se veía como un obstáculo”.
La combinación es desastrosa y los resultados desalentadores. El gobierno de Morena recibió un Estado totalmente capturado y corrompido como parte de la democracia a la mexicana, no hay duda de eso. Pero lejos de proponerse modificarlo, no les interesa construir un Estado de derecho, por el contrario, consideran que las leyes y los procedimientos son obstáculos.
Una vez más, Moren tenía un buen diagnóstico sobre la descomposición estatal, pero no tiene un proyecto político adecuado para modificarlo. Lo que el gobierno actual ha hecho en materia de verdad y de justicia en estos casi dos años de gobierno es simple continuidad de lo que ya existía. La política social, por más que se profundice, no cambiará ni las pautas de la violencia, ni las de la impunidad.Alguien que le avise al grupo en el poder: el problema más grave de México es la impunidad…
Otro título del autor: AMLO, ¿autoritario?
