Desde que la Constitución federalista de 1824 creó el Distrito Federal como capital de la República y sede de los poderes federales, hasta la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, es decir, durante 197 años, los habitantes de esta entidad federativa tuvieron, en alguna medida, cercenados sus derechos políticos.
La justificación era que el Distrito Federal, como sede de los poderes federales, debía ser gobernado por estos y no por autoridades locales electas. Se suponía que si en el Distrito Federal, además de los poderes federales existiera un gobernador y un congreso local, como en los estados, podría tener lugar una dualidad de poderes que terminaría en conflicto.
El régimen de gobierno del Distrito Federal era diferente al de los estados, reconocidos como libres y soberanos. Si bien a lo largo de la historia se registraron cambios en este régimen, básicamente el presidente gobernaba al Distrito Federal y para ello nombraba a un gobernante local, al que podía poner y quitar, y el Congreso de la Unión legislaba en materia de la entidad.
Los ciudadanos del Distrito Federal no tenían derecho a elegir a su propio gobernador ni a su legislatura local. Es cierto que se habían conservado los gobiernos de los municipios en que se dividía el Distrito Federal, como único reducto de gobierno representativo, pero el régimen municipal fue cancelado en 1928 para ser sustituido por las llamadas Delegaciones, como un paso más hacia la concentración del poder que se registraba en el ámbito nacional.
Asimismo, el Distrito Federal adquirió el estatus de un departamento administrativo y por ello el presidente tuvo la facultad de nombrar al jefe del Departamento del Distrito Federal. Éste, en acuerdo con el presidente, nombraba a los llamados Delegados para administrar las Delegaciones.
Las críticas sostenían que en materia de derechos políticos en México había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y estos últimos eran los del Distrito Federal, la entidad más poblada del país, pues no tenían derecho a elegir a sus autoridades locales.
Por supuesto, esta situación siempre fue impugnada por quienes se propusieron ampliar la vida democrática. La demanda que enarbolaron fue que el Distrito Federal se transformara en el estado 32, y que continuara siendo sede de los poderes federales pero que la entidad fuera gobernada por sus propios poderes locales.
A esta demanda se opusieron férreamente, durante décadas, los gobiernos priístas, y fue solo hasta 1987 que se inició una secuencia de reformas al régimen de gobierno del Distrito Federal, al surgir la Asamblea de Representantes, institución con pocas facultades pero que tuvo el significado de ser el inicio de un proceso de democratización, si bien fluyó a cuentagotas.
En una trayectoria histórica larga y sinuosa en la que se enfrentaron diversos obstáculos, se lograron reformas que otorgaron facultades legislativas a la Asamblea de Representantes y pasó a ser Asamblea Legislativa, y se obtuvo la elección directa de jefe de Gobierno y de jefes delegacionales.
Sin duda fueron avances importantes, pero el gobierno del Distrito Federal seguía siendo un régimen de gobierno compartido entre los poderes federales y los órganos locales, además de que continuaban varias medidas restrictivas como la posibilidad de destitución del jefe de Gobierno.
Fue solo recientemente, en 2017, que una nueva reforma cambió el nombre de la entidad al de Ciudad de México; se entregó su gobierno a los poderes locales, y se creó el Congreso local, que ya es parte del Constituyente Permanente. El dato básico de esta reforma fue reconocer la autonomía de la Ciudad de México en materia de su régimen interior, sin que ello sea obstáculo para seguir siendo sede de los poderes federales.
Así, finalmente el régimen de gobierno de la Ciudad de México es equiparable al de los estados de la República, si tomamos en cuenta su singularidad como sede de los poderes federales. Llegar a este resultado fue posible gracias a una lucha casi bicentenaria, que involucró a varias generaciones de impulsores de la democracia y la igualdad de derechos políticos.
Tocó al actual gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ser el primero en la historia en gobernar a la Ciudad como entidad autónoma. Pudiera decirse que Sheinbaum es depositaria de la autonomía conquistada después de casi dos siglos y, no sobra decirlo, se trata de autonomía con respecto a los poderes federales y, en particular, con respecto al presidente de la República, sea del partido que sea.
No se pretende, por supuesto, que los poderes locales se confronten con los federales, sino de que en el marco de las relaciones republicanas y de colaboración que deben prevalecer en el federalismo, el gobierno de la Ciudad de México no se subordine políticamente al gobierno federal, a su agenda política y a sus decisiones políticas, frecuentemente cuestionables y caprichosas.
Actuar así sería traicionar la lucha bicentenaria arriba referida, sería negar a la Ciudad su anhelada y por fin conquistada autonomía y sería rebajar la investidura de jefa de Gobierno y llevarla al nivel de jefa del Departamento del Distrito Federal.
Claudia Sheinbaum no debe olvidarlo: se trata de gobernar a la Ciudad de México, no al Departamento del Distrito Federal.
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