Lo que sucedió en Chile y por qué debe importarnos

Compartir:

En México solemos mirar a Latinoamérica con mucha superficialidad. Tenemos a los malos y a los buenos, y al resto ni nos interesa entenderlos. Así, simplificamos sus procesos políticos más de acuerdo con lo que opinamos de nuestro propio gobierno o nuestra brújula política que por sus historias.

Por eso es importante hoy hablar un poco de Chile y explicar qué diablos pasó y por qué es significativo, para entender mejor lo que es nuestra región, con sus diferencias y similitudes.

Veo en nuestro país dos tipos de reacciones dominantes en redes sociales: quienes creen que en aquel país van directo al Chavismo al haber aprobado una Asamblea Constituyente, y quienes piensan que es una confirmación de la validez de la consulta popular solicitada por el presidente – y avalada dócilmente por la Suprema Corte.

En realidad, ambas percepciones son igual de erróneas.

Haciendo un poco de historia, en breve y simple: tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, Augusto Pinochet y las fuerzas armadas toman con violencia el poder. Someten a las oposiciones con todo tipo de actos de brutalidad. Instalan un régimen del terror.

Escriben, entre cuatro paredes, con la asesoría de economistas norteamericanos, una nueva Constitución. Llaman a un plebiscito, sin padrón, cuyo resultado es controlado por el ejército. Ganan cómodamente en un proceso sin ninguna garantía democrática.

Esta Carta Magna da enorme poder a las fuerzas armadas, destruye el sindicalismo y las formas de manifestación social, privatiza todo y entrega los recursos del país a empresas. Solo salvaguarda un derecho como sagrado: el derecho a la propiedad, el cual, por supuesto, beneficia a la pequeña porción de ciudadanos que tienen propiedades. 

Desprotege a la educación, la salud, y pone los ahorros de los pensionados al servicio de las grandes empresas. Un detalle no menor es que esta reforma, tan alabada e imitada, deja a un sector con el “viejo sistema insostenible”: justamente, a las fuerzas armadas. Quienes sean militares, se seguirán beneficiando de ese tan vilipendiado sistema, mientras que el resto de la sociedad tendrá el nuevo. ¿El resultado? Los militares se pensionan con sueldos millonarios, mientras una profesora deberá vivir con migajas.

En Cuestione estuvimos presentes para el estallido social. Desde ahí documentamos la marcha más grande de la historia, con millón y medio de personas, que demandaba un cambio radical al sistema económico.

Pero, se preguntan en México, si Chile es el ejemplo a seguir, si están tan bien, ¿por qué cambiar su sistema? Han sido una democracia estable desde 1990, con crecimiento económico y reducción de la pobreza. ¿Por qué está tan enojada la gente?

El estallido social comenzó cuando el gobierno del derechista Sebastián Piñera decidió subir el precio del transporte público. Era un aumento de 30 pesos – en ese momento, unos dos pesos mexicanos – que al gobierno no le pareció que daba para gran drama.

Pero en su profunda desconexión con la realidad de los chilenos y las chilenas, no se daban cuenta que esto era una gota más de abuso a 30 años de excesos. Toda la riqueza nacional está en manos de privados, incluyendo el agua. Es el país más desigual de América Latina, aunque tenga bajos índices de pobreza extrema. El endeudamiento social es insostenible, y el dinero de las pensiones ha estado al servicio de las grandes empresas, que pagan miserables retornos por enormes ganancias, incluso en tiempos de crisis.

La estructura de la Constitución Chilena siempre dio sobrerrepresentación a la derecha, y obligaba a enormes consensos para hacer cambios mínimos. Era, contrario a lo que la gente piensa, profundamente conservadora – el divorcio apenas fue legal en ¡2004! -, muy lejos de la fantasía “liberal”. 

La libertad en Chile era solo para quién se la pudiera pagar. Para quién se pueda financiar la educación, la casa, la salud, la empresa. El resto era rehén de un sistema que socializa todos los costos y privatiza todas las ganancias. 

Por eso la gente se sumó a los estudiantes que protestaban contra el pasaje. El cúmulo de abusos era simplemente demasiado grande. Y la reacción del gobierno catalizó todas las frustraciones: primero, desdén a las movilizaciones, y después una represión sin precedentes desde la dictadura. Las violaciones a los derechos humanos están ampliamente documentadas.

Lo único que logró desactivar las protestas fue atenderlas, en particular el llamado a un plebiscito que le preguntara a todo el país si quería una nueva Constitución.

El abrumador resultado del domingo (79% por el Apruebo y 21% por el Rechazo) es una clara señal de que la sociedad está mayoritariamente a favor de un cambio. No es polarización, contrario a lo que se dice. Es una demanda transversal, que solo escapa a una minoría de derecha.

Para responder a las preguntas iniciales: ¿convertirá esto a Chile en Venezuela? Sin duda no. La Asamblea Constituyente representará a muchos sectores de la sociedad chilena, que definitivamente no es “chavista” en su mayoría. Generará un consenso social sobre las obligaciones y derechos de la ciudadanía. Y no será perfecta ni resolverá todos los problemas del país, pero quizá sea el primer paso a una convivencia con menos abusos

¿Es esto comparable con la consulta que pidió el presidente López Obrador sobre los ex presidentes? Definitivamente no. 

No sale del gobierno, sino que surge de una poderosa demanda popular de transformación profunda, que impactará a toda la ciudadanía. Además, las preguntas eran tan claras como definitivas: 1. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Posibles respuestas: Apruebo – Rechazo; 2. ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Posibles respuestas: Convención Mixta Constitucional (50% diputados actuales, 50% electos exprofeso) o Convención Constitucional (100% constituyentes electos).

En nuestro caso, la consulta fue solicitada por el presidente y, tras un extraño debate, avalada por la SCJN. ¿Qué dice la pregunta delirante que nos regaló la Suprema Corte (por cierto, excediendo sus funciones)? 

“Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

La pregunta es vaga y sin efecto inmediato sobre nada ni nadie en particular. Nos pregunta si queremos que el gobierno haga su trabajo cuando encuentra un delito. En esencia, responder sí o no a lo que la SCJN nos consulta es irrelevante.

En breve: lo de Chile es histórico, y es positivo. Es un cambio de paradigma y es un avance en justicia social. Decir que serán Venezuela es absurdo y no tiene asidero. Compararlo con la consulta mexicana es autocomplacencia gobiernista.  

Así que antes de condenar procesos de otras naciones, o celebrarlos como justificaciones de lo que pasa en el nuestro, vale la pena tratar de entenderlos.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.