La reciente iniciativa del Ejecutivo Federal en la que propone reformar la Constitución para reestructurar el sector energético, está basada en una confusión de nociones ideológicas completamente obsoletas que muestran una profunda ignorancia e incomprensión del avance tecnológico en la producción de energía en las últimas décadas, así como de la emergencia climática que demanda el uso de energías limpias.
Abanderar hoy las políticas públicas que tuvieron algún sentido hace más de sesenta años, es un retroceso que atenta contra México.
Desde el punto de vista económico, esta propuesta sería el mayor descalabro que haya sufrido la economía familiar, las capacidades productivas y la competitividad del país.
Y en lo político, su repercusión más grave y perversa, sería un golpe definitivo a la posibilidad de que se fortalezca una fuerza opositora y la certeza de un largo período de predominio en el poder público del actual partido en el Gobierno; estaríamos ya en el umbral de la dictadura. Si hoy todavía se puede ver, imaginaria o real, una luz al final del túnel, con la aprobación de la contrarreforma energética nos quedaremos en la oscuridad total.
El Presidente propone dar marcha atrás a las reformas que se hicieron en 2013 para abrir el mercado eléctrico a la competencia y desmantelar el monopolio, caro e ineficiente, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y no solo se quieren cancelar estos avances, sino ir aún más atrás: convertir a la CFE en un Organismo de Estado con una participación de al menos el 54 % en el mercado de generación de electricidad y un 100 % en transmisión, distribución y suministro básico, y otorgarle las funciones de regulación del mercado. Además de ser juez y parte, esta CFE reflejaría un modelo de Estado centralizado, menos transparente y de cero rendición de cuentas.
Las consecuencias económicas pueden ser de una dimensión catastrófica. Como la CFE podría dar prioridad a la electricidad producida en sus plantas que utilizan combustibles fósiles y a costos más altos, esto repercutiría en un incremento de las tarifas que, a su vez, provocaría el cierre de miles de empresas y un mayor desempleo. Un mayor costo de la energía impacta también en los precios de todos los productos con una espiral inflacionaria que dañaría severamente la economía familiar.
Para que el Presidente cumpla su compromiso de no subir las tarifas residenciales, estas tendrían que recibir un subsidio presupuestal que implicaría reducir los recursos destinados a otros rubros esenciales como la salud, la educación y la seguridad.
El alto costo de la electricidad producida en las plantas obsoletas de la CFE es un factor que afectaría negativamente la competitividad del país, y si a ello se agrega el clima de incertidumbre jurídica y la belicosa postura del Gobierno Federal, es previsible un daño irreversible a nuestra capacidad de atraer inversión extranjera y una ola de litigios internacionales por el incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos, como en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) y en el Acuerdo Transpacífico (CPTPP).
Algunos analistas creen que la cancelación del aeropuerto internacional que se construía en Texcoco y de la planta cervecera en Mexicali es un juego de niños frente a esta contrarreforma. Estiman que su costo total no sería menor a 200 mil millones de dólares.
La contrarreforma va también contra el medio ambiente. Si se aprueba, México no podrá cumplir su compromiso establecido en el Acuerdo de París para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por el consumo de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, a los cuales daría prioridad la CFE en la producción de electricidad.
Tampoco se podría cumplir con el compromiso de que el 35% de la energía generada para 2024 y el 43% para 2030, sean energías limpias. Así, nuestro país se deslinda en la forma más irresponsable de la tarea global de participar en la mitigación del cambio climático, la mayor amenaza real que enfrenta hoy la humanidad.
Para el Presidente puede ser ideológicamente muy importante esta contrarreforma, porque avanza en su proyecto de un Estado que centraliza la economía y afianza el control autoritario de la vida pública, pero si no se aprueba en sus términos, al menos habrá fracturado la unidad de sus opositores. Esa es su verdadera apuesta.
De ahí la importancia de que los legisladores federales, especialmente los priístas, no se dejen chantajear y establezcan una estrategia política de unidad que les permita contener el retroceso. Y a la ciudadanía nos corresponde apoyar ese compromiso. Es una contrarreforma contra México en la que se juega el futuro.
Por Oscar Pimentel
